276 personas pertenecientes a movimientos sociales han muerto atacados por el crimen organizado en Guerrero

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México ha documentado que los movimientos sociales atacados por el crimen organizado o que surgieron para defenderse del mismo, han dejado 276  personas fallecidas entre enero de 2013 y junio de 2017.

Según información recabada por El Sur, se han registrado 149 civiles muertos, incluyendo los hallados en fosas en Iguala y los campesinos ejecutados en un campo melonero en Ajuchitlán.

De igual manera se contabilizan 14 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocho de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), cinco del Frente Unido para la Seguridad (FUSDEG), tres de la Policía Comunitaria Tecampa-nera de Teloloapan, dos por disputas de tierras y dos derivados del enfrentamiento entre policías y maestros.

Se incluyen a las 19  víctimas de las acciones realizadas por la UPOEG: 10 presuntos integrantes del crimen organizado, siete civiles y dos policías. 21 fallecidos por acciones realizadas por el FUSDEG, cinco del crimen organizado y 16 ex integrantes de la organización; y 26 muertos derivados de enfrentamientos entre UPOEG y FUSDEG.

Por último, se mencionan 11 muertos en acciones realizadas por la CRAC: uno del crimen organizado, uno entre la misma organización y nueve policías y seis personas que murieron el 26 de septiembre en Iguala cuando desaparecieron 43 norma listas de Ayotzinapa.

Ante esto, el comisionado Jaime Martínez Veloz, señaló que en el país, quienes mueren son los más pobres y aceptó que institucionalmente “se le carga la mano” a los movimientos y a los luchadores sociales, en vez de resolver los problemas fundamentales de derechos humanos.

Respecto a esta estadística, Martínez Veloz recordó los acuerdos de San Andrés Larráizar de 1994 entre el Estado y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el cierre de las mesas de diálogo pues estos, dijo, tuvieron consecuencias políticas, económicas y una fractura del tejido social, en detrimento de los pueblos originarios.

Mencionó que mientras se implementaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los indígenas fueron excluidos de las partes sustantivas de las reformas estructurales que se hicieron en el país; no se fortaleció la vida comunitaria, ni sus atribuciones para poder establecer condiciones más equilibradas en cualquier proceso de negociación.

Agregó que jamás se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y en contraste al impulso que recibieron las transnacionales, a los indígenas se les mantuvo en desventaja. “No existía un conjunto de factores que agravan sus condiciones, como la contaminación producida por la minería”.

En este contexto, señaló que los pueblos indígenas hacen lo que pueden para protegerse.

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