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35 casos con un total de 121 víctimas demuestran que en Chihuahua el Ejército cometió de forma sistemática torturas, desapariciones forzadas, asesinato y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad

(12 de julio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 11 de diciembre de 2006, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha una estrategia de seguridad, a la cual se le conoce como la “guerra contra las drogas” que entre otras, tuvo aparejada la decisión de militarizar la seguridad pública. Esa estrategia ha provocado una escalada de violencia en el país, en donde grupos del crimen organizado, autoridades civiles de todos los niveles de gobierno y militares, han cometido crímenes graves como asesinatos, desapariciones y torturas, que han sido denunciados por defensores de Derechos Humanos y organizaciones nacionales e internacionales.

“La actual situación de violencia refleja una crisis preocupante en materia de seguridad, corrupción e impunidad estructurales, en donde se vinculan crímenes cometidos por agentes del Estado e integrantes de grupos criminales, quienes en ocasiones actúan en colusión”, han denunciado.

Este lunes, un grupo de organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) entre los años 2008 y 2010.

De acuerdo con la investigación de las organizaciones denunciantes, “las atrocidades cometidas en aquel estado fronterizo calificarían como crímenes de lesa humanidad por lo que la CPI podría investigarlos”.

De acuerdo al documento entregado a la CPI, (revisado por Revolución TRESPUNTOCERO) integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (la llamada guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas. 

Se asegura que, los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil. Asimismo, se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura.

Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares. La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de “una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha”.

Las organizaciones también señalan que, “la continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales – que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior – han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad, ni capacidad para llevar a juicio a los responsable”, como se denuncia en el Informe. 

La finalidad de la denuncia es exponer ante la Corte Penal Internacional la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos, se señala.

Esta constituye la tercera comunicación que la FIDH, la CMDPDH y otros organismos transmiten a la CPI, luego de las presentadas respecto a la situación en Coahuila y Baja California.

Para la elaboración de, informe las organizaciones realizaron el análisis de diversas fuentes abiertas. Destaca el estudio de 35 casos documentados, los cuales cuentan con informes finales (conocidos como “recomendaciones”). 

Todas las recomendaciones analizadas en esta comunicación fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron dirigidas, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); salvo la Recomendación No. 21/2010 relacionada con la tortura infringida a V1 preso en el Centro de Rehabilitación Social del Estado en Aquiles Serdán, Chihuahua, que fue dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, así como a la SEDENA, y ésta institución no la aceptó.

En el Operativo Conjunto Chihuahua que se implementó en ese estado a inicios de 2008, muchas de las personas fueron víctimas de múltiples conductas criminales. Las organizaciones aseguran que, Chihuahua, al ser fronterizo con los Estados Unidos, es utilizado por el narcotráfico como una de las vías de salida de narcóticos hacia el país del norte. 

Particularmente, Ciudad Juárez (con una población promedio de 1.2 millones de habitantes en el periodo de estudio) se encuentra en una ruta, junto con otras ciudades de la región de “la Laguna”, en donde según informes oficiales en el año 2006 circulaba el 75% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos, lo que convirtió a esta ciudad un punto estratégico entre las organizaciones del narcotráfico.

Pero se destaca que la cantidad de homicidios dolosos en el estado no era especialmente alta en los años previos al OCCH con un total de 550 homicidios dolosos en el año de 2005, cifra que se disparó a 2,030 en 2008, cuando inició el Operativo Conjunto Chihuahua como resultado de la implementación de la “estrategia nacional de combate a la inseguridad”. 

En 2008, fecha del inicio del OCCH, la tasa de homicidios incrementó de 26 a 132 por cada 100 mil habitantes y en 2009 nuevamente incrementó a 191, lo que le valió a Ciudad Juárez, la calificación por dos años consecutivos como la ciudad más violenta de México, y del mundo, incluso antes de Irak. 

Uno de los casos que documentan dichos crímenes de lesa humanidad, sucedió el 3 de diciembre de 2009. Cuando dos personas se encontraban buscando ganado en un terreno en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ahí fueron detenidos por elementos del ejército, quienes los acusaron de ser dueños de las tierras donde habían encontrado un “secadero de marihuana”. 

Luego de su detención, los militares los amarraron, los golpearon y amenazaron con ahogarlos en el río.

Poco tiempo después, el Ejército abandonó a una de las personas detenidas al no poder caminar en consecuencia de las heridas infringidas mediante actos de tortura y se llevó a la otra persona. El cuerpo de esta última fue localizado al día siguiente sin vida en el camino a la Mesa, en el municipio de Tepehuanes, Durango, versa la información.

Ante la Corte se busca demostrar la existencia de una política nacional por medio de la cual la población civil fue atacada de forma sistemática, basada principalmente en el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, desde diciembre de 2006 por decisión de Felipe Calderón Hinojosa. 

Se añade que, los ataques sistemáticos contra la población civil se justificaron con un llamado directo del “combate frontal al narcotráfico”. Estos ataques se tradujeron en la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad. 

“Hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que la promovieron, alentaron y cooperaron en su implementación, no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano. Por el contrario, funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas mexicanas, misma que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración”.

El documento asevera que Felipe Calderón en su calidad de jefe máximo de las Fuerzas Armadas, generó una espiral de violencia generalizada que rebasa cualquier cifra registrada en la historia contemporánea de México. Sin embargo, la forma y la magnitud con la que esta violencia se manifestó en el territorio del país, desde el inicio de dicha estrategia, no ha sido de forma homogénea; por el contrario, ésta se ha focalizado y manifestado en aquellos estados o zonas donde se implementaron los llamados “operativos conjuntos”, que implicaron la participación de las FAM -el ejército y la marina-, en tareas propias de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o municipales.

Sin embargo, también se informa que en lo que va de este sexenio también se han denunciando casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, tal es el caso de la comunicación enviada en septiembre de 2014 sobre la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en Baja California entre 2006 y 12 de Septiembre de 2012.

De la misma forma se presentó en 2017 un informe sobre los asesinatos, torturas y desaparecidos cometidos por fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada en Coahuila entre 2009 y 2016, también documentado por Revolución TRESPUNTOCERO.

En esta ocasión el informe se refiere al operativo militar, emprendido en el estado de Chihuahua que inició a comienzos del año 2008 y que se prolongó hasta el año 2010, con el propósito de recuperar el control de territorios dominados por los grupos del crimen organizado. 

En este periodo, la responsabilidad de mando estuvo bajo las órdenes de las autoridades militares, quienes con el apoyo de policías federales, estatales y municipales, dirigieron tanto las tareas de seguridad cotidianas, como operativos específicos para “el combate” a los grupos criminales en el estado Chihuahua. 

“Durante estos casi dos años, los militares cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular, torturas, privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte, por su carácter sistemático y por realizarse a través de patrones regulares de actuación lo que constata su carácter organizado. Todo ello da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha”, se ha afirmado.

Las Organizaciones firmantes son:
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Renacer Lagunero
Idheas, Litigio Estratégico
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)