A La Concepción llegaron decenas de policías y militares con armas en mano y listas para disparar, con mucha violencia se abrían paso: Sobreviviente

(13 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, Guerrero, en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía poco claras. Posteriormente, durante un operativo policíaco-militar, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas.

A partir de la documentación realizada, la ONU-DH se dio a conocer que, “cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes.

Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.

De acuerdo a testimonios aportados por pobladores, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local.

Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias.

En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

“Llegaron decenas de policías y militares con armas en mano y listas para disparar, con mucha violencia gritaban, pateaban puertas y se abrían paso. Entraron y destruyeron todo lo que había adentro, pero no fue todo, maltrataron a los pobladores. Todo inició cuando un policía disparó, fue el avisó para que todos los demás lo hicieran.

Su objetivo era matar y detener a los policías comunitarios, por eso aprovecharon el primer ataque en nuestra contra para tener un pretexto para entrar y comenzar sus actos violentos. La población inocente tiene miedo no solamente es atacada por grupos delincuenciales ahora se suma quienes nos tendrían que proteger, asesinaron a sangre fría, como su fueran bestias”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO un testigo que sobrevivió a los hechos y que prefirió omitir su nombre.

Durante el desarrollo de los hechos también se sumó un helicóptero que sobrevoló el lugar de los hechos, “Si ya de por si frente a cualquiera violentaban a las personas cuando detuvieron a los demás les han de ver dado golpizas y hecho varias cosas más porque son sicarios los policías torturan, la imagen impactante de los muertos en plena calle son cosas que la comunidad no olvidará.

Somos parte de otra gran masacre de este gobierno y de las que se llevará Astudillo. Porque propiciaron ejecuciones extrajudiciales de policías comunitarios y tristemente esto podría quedar en la impunidad”, señaló la fuente.

Los grupos de policías se aglomeraron con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Cabe señalar que, Marco es defensor comunitario quien ha padecido criminalización y ataques anteriormente. “Ahora le fabricaron delitos, todo es una venganza en contra de los comunitarios porque defender la seguridad que nuestro pueblo se volvió un delito, para nosotros sí tienen armas, para las delincuentes puro miedo, el gobierno nos está matando”, añade.

Por estos hechos Tlachinollan, expresó gran preocupación “porque las autoridades ministeriales violaron de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso”.

Añadió que, “se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos”.

Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), envió una carta al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores para pedir se investigue la muerte de las 11 personas en el operativo e indague y aclare posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades en contra de miembros de la Policía Comunitaria y ciudadanos.

A través de este documento, Maureen C. Mayer directora para México y Derechos de Migrantes se dirige también al Fiscal General, Javier Ignacio Olea Peláez, y les señala a nombre de WOLA su preocupación por la actuación de las autoridades del estado de Guerrero en este ataque, “sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”, señala.

“Además, resulta de extrema preocupación las agresiones en contra de periodistas que se encontraban en el lugar, que incluyeron agresiones físicas, amenazas verbales y la amenaza con armas por parte de los agentes”, por lo que WOLA hizo un llamado a las autoridades del Estado de Guerrero “a investigar y sancionar en forma seria y transparente todas las violaciones que tuvieron lugar durante el operativo”.

Cabe señalar que ante lo denunciando por la ONU, el gobernador Astudillo refutó que se hubiera perpetrado ejecuciones extrajudiciales y minimizó las acciones de policías y militares.

“Siempre hemos sido asediados, siempre hemos sabido que los militares y las policías podrían ejecutarnos, tienen campo abierto y ahora con una respuesta tan cínica por parte de Astudillo solamente se reconfirma que quiere acabarnos, como lo hicieron con los compañeros de Michoacán. O nos mete a la cárcel o nos asesinan, a la población en general y a los policías comunitarios. Hay que sacar conclusiones de por qué nos ataca si nos defendemos de la delincuencia ¿entonces de qué lado está?

A nuestra comunidad entró el Estado a ejecutarnos, así como en Tlatlaya, así como en Tanhuato, Nochixtlán, eso le pasa a los pueblos que se levantan, que se defienden, aquí el caso es que pareciera están protegiendo grupos delictivos”, comenta.

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