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A Minerva de 19 años la encerraron, la torturaron y violaron 50 paramilitares protegidos por el Ejército; su madre falleció con la tristeza de no saber el paradero de su hija

(21 de junio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Minerva Guadalupe Pérez Torres es una historia de impunidad en un contexto de militarización, paramilitarización y guerra en Chiapas, sentencia el Centro de Derechos Humanos Frayba. “Los responsables de su desaparición forzada y tortura sexual se cobijan en la complicidad de las instituciones en México. Sin embargo el caminar de su familia no cesa”, y mantienen las exigencias de verdad, memoria y justicia.

Las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Minerva, su familia y su comunidad forman parte de las acciones del Estado mexicano para aniquilar la organización autónoma de los pueblos originarios, han señalado los activistas. En esta estrategia contrainsurgente la violencia hacia las mujeres se intensifica al ser consideradas objetivos principales, botín de una guerra no declarada pero cotidiana.

“La madre de Minerva falleció con la tristeza de no saber el paradero de su hija. Ambas vivían en un territorio controlado por paramilitares que asediaban a la población con la protección del Ejército mexicano. Los agresores provocaron desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad pero la justicia no ha llegado.

Minerva quería ver a su padre enfermo y viajó a Masojá Suchjá, municipio de Tila, en la Zona Norte de Chiapas. Integrantes de la Organización Desarrollo “Paz y Justicia” mantenían un cerco paramilitar en el poblado Miguel Alemán y en un retén la detuvieron ilegalmente. 

El testimonio de uno de ellos contó los hechos: La encerraron e incomunicaron, la torturaron, la violaron más de 50 paramilitares. Ella tenía 19 años. Los pocos procesados quedaron absueltos por la ineficacia del sistema de justicia mexicano y “porque el cuerpo de las mujeres es también territorio a controlar en la política de terror de la contrainsurgencia”.

El Frayba asegura que, el Estado mexicano ha intentado borrar la memoria de Minerva negando la existencia de la implementación del Plan de Campaña Chiapas. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al determinar la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, reconoció la existencia de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas, avance necesario para garantizar el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición.  

De acuerdo al informe revisado por Revolución TRESPUNTOCERO, se dio la alarma en el ejido La Grandeza de que una unidad con cerca de 500 soldados estaba por llegar. Señalaron que varias familias, entre ellas la del señor Jiménez Hernández, decidieron refugiarse en un cerro ubicado a cerca de 2 km al sureste del ejido. 

Informaron que, al día siguiente, entre las 13:00 y las 15:00 horas, una patrulla de reconocimiento del 17o Batallón de Infantería de Agrupamiento “Yabur” compuesta por 54 soldados interceptó a setenta personas que habían huido de La Grandeza, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, todos indígenas tzeltales.

Gilberto Jiménez Hernández, su esposa, Elena Gómez Entzin y sus diez hijos se encontraban en el grupo de vecinos que huyó del poblado La Grandeza por miedo a ser alcanzados por el Ejército mexicano. Se indica que fueron alcanzados por miembros del Ejército. “Los soldados iniciaron un tiroteo y el grupo de vecinos se dispersó por los alrededores, intentando ocultarse en la maleza”. Afirmaron que Gilberto Jiménez Hernández intentó esconderse pero no lo logró. Un soldado le disparó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reiteró la responsabilidad del Estado mexicano en la búsqueda de Minerva Guadalupe Pérez Torres. “Ella tiene una familia que persiste en el derecho de conocer su paradero y el pueblo chol la cobija en actos comunitarios de memoria”, señalaron a dos décadas de los hechos.

Minerva es uno de los más de 37 mil rostros de desaparecidas, desaparecidos en México que reclaman en voz de sus familias cese a la ineptitud de las instancias de gobierno que no aplican adecuadamente los protocolos de búsqueda, advierte el Frayba. 

“La apuesta de la Ley Interior es el signo que marca la continuidad de un gobierno represor y autoritario carente de respeto a los derechos humanos, su pretendida legalidad acentúa la impunidad”, advierten.