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Ante ONU, sociedad civil evidenciará incumplimientos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, durante sexenios de Calderón y EPN

Foto: EFE

(12 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Han pasado 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos, cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad.

En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor desde 1981, las organizaciones y redes de sociedad civil suscribieron un Informe Alternativo sobre DESCA, basado en la investigación, el seguimiento y la experiencia de muchos años en la promoción y defensa de los mismos, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento en el país, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para su plena realización.

El Informe Alternativo se estructura en 20 capítulos las limitaciones, los obstáculos, los retrocesos y los desafíos en México en materia de los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, al trabajo, a condiciones laborales dignas, a la libertad sindical, a la protección y asistencia a la familia, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y a la protección del patrimonio biocultural.

Enfatiza también las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población para el ejercicio de sus DESCA, en especial los pueblos y comunidades indígenas y equiparables; las mujeres, las niñas, niños y adolescentes; las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; las personas desplazadas internas; las personas adultas mayores; las personas víctimas de trata; las y los trabajadores temporales, los jornaleros agrícolas, y diversos sectores de población afectados por actividades empresariales que impactan negativamente los derechos humanos.

También denuncian la situación particular de riesgo, vulnerabilidad y agresiones que enfrentan las y los defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente quienes protegen la tierra, el agua y el medio ambiente muchas veces en el marco de actividades empresariales y megaproyectos, con apoyo tácito o explícito de las autoridades.

El Comité DESC cuestionará al Estado mexicano sobre estos y otros temas para determinar si las medidas legislativas, presupuestales, judiciales y de política pública adoptadas desde el anterior sexenio han sido las más apropiadas para impulsar el avance de los DESCA en el país. Asimismo, le cuestionará sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que le dirigió anteriormente.

“Los Informes Alternativos de la sociedad civil son pieza clave en este proceso ya que revelan al Comité DESC los numerosos temas que conforman la agenda pendiente del Estado mexicano en la materia y llenan los vacíos de información del informe gubernamental.

A las organizaciones les preocupa la falta de reconocimiento de diversos problemas y desafíos en los Informes Periódicos V y VI que el Estado mexicano remitió al Comité DESC para efectos de este Examen, y por ende que muchas de las medidas que reporta el gobierno federal para atender sus obligaciones en DESCA sean inapropiadas y poco eficaces”, se explicó.