Bandas del crimen organizado pagarían hasta 10 mil pesos por la cabeza de reporteros del Triángulo Rojo

La Casa de los Derechos de Periodistas y el Colectivo de Alerta en el Estado de Puebla, al enterarse de esta situación, exigieron al Gobierno de Puebla garantizar el bienestar de los periodistas.

Reporteros que trabajan en la región conocida como el “triángulo rojo” han sido amenazados por bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible, ya que estos medios han difundido la venta impune de gasolina robada en lugares de gran afluencia de vehicular como la Central de Abasto de Huixcolotla o en la plaza de animales de San Miguel Zozutla.

Los “huachicoleros”, según la alerta emitida por La Casa de los Derechos de Periodistas y el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, han llegado incluso a poner precio a la vida de los reporteros.

Estos delincuentes pagarían hasta diez mil pesos por la vida de algún periodista que siga buscando e informando acerca de los operativos que han lanzado la federación para detener a los llamados “huachicoleros”.

Esta amenaza también advierte que se pagaran “15 mil pesos por cabeza de reportero que siguiera informando sobre la Central de Abastos de Huixcolotla y Zozutla, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible”.

Agrupaciones encargadas de la defensa confirman que las amenazas se presentaron desde el inicio de esta semana, luego de grupos del crimen organizado dedicados a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, fueron sometidos por la autoridad federal.

La Casa de los Derechos de Periodistas y el Colectivo de Alerta en el Estado de Puebla, al enterarse de esta situación, exigieron al Gobierno de Puebla garantizar el bienestar de los trabajadores que se encargan de cubrir la nota policiaca en el triángulo rojo

“No podemos permitir que la región se convierta en una zona de silencio. Por lo anterior, exigimos que el Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en concordancia con el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Mecanismos Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especialidad en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, brinde las garantías necesarias y proteja a los comunicadores, para llevar a cabo su labor de libre ejercicio periodístico, exige el parte informativo”

También pidieron al Congreso la clara tipificación, en el marco jurídico del Estado, de los delitos en contra de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El objetivo que deseen lograr es la protección de la libertad de expresión en Puebla, haciendo uso de un contexto legal de transparencia, certeza y certidumbre.

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