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Casi al final de este sexenio, es hora que no sabemos en qué consistió el cambio de estrategia de seguridad y mucho menos hemos visto resultados, solo vimos destrucción: Torres

Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la senadora del Partido Acción Nacional, Marcela Torres Peimbert, criticó que casi al final de este sexenio, “es hora de que no sabemos en qué consistió el cambio de estrategia (de seguridad) y mucho menos hemos visto resultados; solo vimos la destrucción de una delgada estrategia de prevención de las adiciones en México; hoy tenemos o menos del 1% de la capacidad instalada en el país para rehabilitar a los adictos que generamos como sociedad; mientras, agregó, se destinan 1.8 billones de pesos para movilizar a 133 mil 394 efectivos militares en 23 estados de la República”.

Al abrir el seminario sobre la Ley de Seguridad Interior, el Doctor Pedro Salazar, director del IIJ de la UNAM destacó que en las últimas décadas se han construido leyes que apuestan por un estado democrático de derechos, pero en paralelo, han avanzado reformas “esquizofrénicas” que abonan a un estado autoritario, contradiciendo a la vocación mexicana contenida en nuestra Constitución desde 1917.

En la Mesa “Análisis político y jurídico de la LSI”, el senador Alejandro Encinas consideró que la “suplantación” de autoridades civiles por militares, ha derivado en que hoy, el 75% del territorio nacional está bajo el mando de las fuerzas armadas; la Ley de Seguridad Interior, dijo, no regula la función del ejército en las calles, todo el texto de está Ley no se refiere a la seguridad pública en ningún momento. Queda a la interpretación discrecional de los titulares del Ejecutivo Federal, Marina o Defensa Nacional, la decisión de cuándo, cómo y dónde actuar, subordinando a las autoridades civiles al mando militar, explicó Encinas.

“Es la militarización de México”, señaló por su parte el senador Dr. Manuel Bartlett Díaz (del PT-Morena), al profundizar sobre el impacto de la estrategia de Seguridad Interior de los Estados Unidos, en el continente y en México en especial, bajó el precepto de que, con el terrorismo y la delincuencia, “el enemigo es interno y no externo”. Ahora “los comuneros que defienden sus tierras son enemigos”, ironizó.

En los últimos 10 años con los militares en las calles, no solo no han resuelto el problema de delincuencia organizada, sino que lo ha profundizado y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, y desaparición forzada y la tortura, insistió el senador Encinas al considerar que “estas acciones, han operado no solo contra delincuentes, sino también contra luchadores sociales”.

“Está Ley de Seguridad Interior señala que será obligación de las autoridades federales y de los órganos autónomos, entregar a las fuerzas armadas toda la información respecto a personas que estén investigando, con lo que no solo se rompe el principio de privacidad y datos personales, sino que además, permitirá que las fuerzas armadas investigue a la población civil, allanen un domicilio, intervengan llamadas telefónicas y detengan a la población civil cuando, a su juicio, representen un riesgo”, apuntó.

José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos advirtió que desde los años 1960, se ha utilizado al ejército en México en “tareas impropias y contrarias a lo que establece la Constitución”, de acuerdo con Reforma.

“Tenemos experiencias terribles en este país. Utilizar a los militares en funciones de Seguridad han generado secuelas incalculables en materia de derechos humanos incluidos crímenes de lesa humanidad y la Ley no evita estos agravios, por el contrario, lo que se va a generar es que haya más impunidad por abuso militar, alertó.

“Las dictaduras militares en el cono sur y Centroamérica restringieron derechos como libertad de expresión o circulación; la Ley de Seguridad Interior le da carta abierta al Ejército para cometer cualquier cantidad de afectaciones a los derechos de las personas sin que exista un procedimiento de suspensión de derechos y sin que el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación se involucren, lo cual agrega un riesgo adicional a los mexicanos. Ya regresamos al pasado porque los militares están deteniendo, desapareciendo, torturando ciudadanos sin ningún tipo de consecuencias ni rendición de cuentas, al contrario, gozan de una protección casi absoluta por parte del sistema de justicia”, finalizó Guevara