Con Ley de Seguridad la bota seguirá encima de todos; Soberón y Cienfuegos, representantes de la ejecución e impunidad de las peores atrocidades contra el pueblo: experta

(06 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde el 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de la ONU, retomó la exigencia de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y del movimiento popular e indígena de frenar la militarización del país y en consecuencia recomendó al Estado mexicano retirar, en un corto plazo, a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

Dichas recomendaciones, entre otras, donde se menciona a las fuerzas armadas, han sido retomadas a lo largo de estos seis años por todas las instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el Estado mexicano no sólo ha hecho caso omiso de las recomendaciones, sino que ha decido, por lo menos, a lo largo de los últimos diez años, dar mayores facultades a las Fuerzas Armadas con el consecuente deterioro de los derechos humanos de la población y el incremento de la represión política y criminalización de cualquiera que se oponga a la implementación de las Reformas neoliberales aprobadas a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, señala la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.

Se añade que, este sexenio se ha caracterizado, por un lado, por simular en el discurso preocupación por el tema de derechos humanos como lo demostró Enrique Peña Nieto en la reunión privada que sostuvo el pasado 16 de noviembre con algunos familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y algunas organizaciones de derechos humanos cuando promulgó la Ley General contra la Desaparición Forzada y por otro lado, en los hechos, este sexenio también se ha caracterizado por violar de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de su población.

“Ejemplo de lo anterior es que mientras Peña Nieto firmaba una Ley General contra la desaparición forzada (la cual, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, no avalamos por no corresponder a la gravedad de las desapariciones forzadas y por garantizar impunidad a las fuerzas armadas), el Estado mexicano estaba siendo juzgado por la violación y tortura sexual cometidas contra mujeres activistas en Atenco cuando él fue gobernador del Estado de México en el 2006.

No sólo el gobierno federal quiso utilizar a algunas víctimas para legitimar su ley General en materia de desaparición forzada si no que pretendió ocultar su responsabilidad directa en el caso de Atenco y ganar un poco de credibilidad ante lo que vendría pocos días después: la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de seguridad Interior, la cual viola la Constitución mexicana e incumple diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

Las organizaciones señalan que, la Ley de Seguridad Interior que será votada en la Cámara de Senadores legalizará y dotará de un marco jurídico el proceso de militarización que de facto ha venido padeciendo el pueblo de México, es decir, legalizará lo ilegal e institucionalizará la supeditación de mando civil al militar.

Por todo lo anterior, las organizaciones de familiares, derechos humanos, populares e indígenas que conforman la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, “condenamos la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior, la cual perpetuará la práctica de la desaparición forzada, así como la criminalización, persecución, ejecución extrajudicial, tortura y encarcelamiento de cualquier persona u organización que el Estado mexicano consideré enemigo interno, permitiendo la instauración legal del Terrorismo de Estado en nuestro país”.

Sobre el tema, la especialista en temas de seguridad nacional, Grecia Ramírez, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que, “no podemos esperar que los senadores –la parte mayoritaria- permitan que el pueblo deje de ser acechado, ultrajado, violado, la bota seguirá encima de todos, principalmente de civiles de bajos recursos, aquellos que no pueden defenderse.

Porque al final, lo menos que podría querer el PRI es un pueblo libre, quieren seguir manteniendo una guerra a la que llaman ‘combate del narco’, seguir con los chivos expiatorios con base en torturas”.

Además, indica que para el PRI las más de 25 mil firmas entregadas por los mexicanos no es un problema para continuar con la aprobación. “Saben que no son votos perdidos porque todos aquellos que están en contra de la ley son ciudadanos que no votarían nunca por ese partido.

Ni siquiera les interesa guardar las apariencias frente a organismos nacionales e internacionales, así como gobiernos más consientes que cuestionan el actuar de un gobierno mexicano que en cada foro de derechos humanos, es el primero en dizque apoyar la defensa, cuando en su territorio los está matando mientras viola sus garantías y derechos”, añade.

Señalando que de cara a las presidenciales del 2018, “lo que menos se quiere es guardar al ejército, por el contrario será un elemento clave para la ejecución de una serie de ataques violentos para impedir que la población salga a votar por una opción de cambio, por una opción que no dejará a la milicia en las calles.

Porque al final, las violaciones a derechos humanos no las cometen los delincuentes, esos se llaman delitos, para que haya ultrajes a las garantías y derechos humanos debe haber un Estado ejecutor y ese es el que hemos padecido tanto por el PRI como por el PAN. La Ley de seguridad es otra violación más a derechos humanos en un modo legal, que es lo más aterrador del PRI, de Peña Nieto, así como de Soberón y Cienfuegos, representantes de la ejecución e impunidad de las peores atrocidades contra el pueblo mexicano”.   

 

 

 

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