Desapariciones forzadas aumentaron 40% durante sexenio de EPN; “nueva ley no quiere tocar a mandos del Ejército y Marina”

(05 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de haber pasado casi seis meses en pausa, los Diputados avalaron la minuta de la ley general en materia de desaparición forzada de personas fue avalada por las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos.

Ahora el siguiente paso será la asignación de presupuesto para echarla a andar, coincidieron los diputados federales. La minuta establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas

También “esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada; establecer los tipos penales en la materia y privilegiar la búsqueda de personas con vida”.

Sin ningún cambio, la minuta será enviada al pleno de la Cámara de Diputados para su aval, posteriormente, se contemplará en la Ley de Egresos del año entrante una partida especial para su puesta en marcha.

Sobre el tema, el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, señaló que “el Estado mexicano es principal responsable del delito de desaparición forzada de personas, ya sea por omisión o complicidad; ejemplo de ello es que este crimen aumentó 40 por ciento desde que Enrique Peña Nieto asumió el poder. Ante esta problemática no es suficiente emitir una ley en la materia que sólo sea declarativa”.

En tanto, la defensora de Derechos Humanos y Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Nadin Reyes Maldonado, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que, “los diputados sí veían viabilidad de aprobar la ley tal y como la enviaron desde el Senado, sin embargo nosotros como organizaciones estuvimos señalando que había puntos importante que se tenían que revisar.

Nos preocupa que fue avalada con muchas deficiencias, por ejemplo no se quiere responsabilizar a superiores jerárquicos, las penas y sanciones para casos específicos de desaparición forzada no son suficientes. Además está el punto de los términos como si se equiparan, es decir, personas no localizadas, personas desaparecidas y víctimas desaparición forzada. Creemos que esto va tener inconvenientes para poder reformarse después. Y por eso era nuestra exigencia y preocupación que se abriera la ley, se discutieran y se mejorará pero no se pudo hacer. Dichos elementos van a seguir complicando obtener una justicia real”.

Reyes Maldonado encuentra difícil que luego de ser avalada se pueda reformar. Señalando que aun cuando en el Senado se invitó a los activistas, se ha puntualizado que “fue una simulación porque realmente lo que se exigía incluso por escrito, lo cual se entregó en una iniciativa era muy claro y de fondo no fue retomado. Se simuló que de nombre estaban los señalamientos, dieron que sí iban a aparecer en el contenido, pero en del dictamen no apareció. Fue simplemente hacernos creer que como organizaciones participamos en el proceso pero lo que siempre se exigió no está. El fondo y lo sustancial de las propuestas nunca se retomaron”.

Es por esto que, Nadin Reyes, señala que existe una preocupación porque podría haber mayores complicaciones para poder mejorarla. Como, comenta, pasó con lo de la ley General de Víctimas, “la cual salió con muchas deficiencias por lo que ahorita seguimos padeciendo esta situación y no queríamos que pasará nuevamente con esta ley”.

Por lo que la activista indica que, no existe la voluntad política suficiente para reconocer la existencia del problema y solamente se está tratando de palear la situación. El Estado nunca ha querido reconocer que existe la práctica de la desaparición forzada, “y por eso en la propia ley a veces se trata de confundir o de dar sinónimos como lo de ‘no localizado’, ‘extraviado’ ‘ausente’, y es porque en el fondo no quiere aceptar la responsabilidad que tiene en la comisión de estas prácticas”.

Argumentado que la Ley salió, debido a la presión de las organizaciones nacionales e internacionales, pero no significa, indica, que existe voluntad para poder erradicar la situación. “Porque hasta el día de hoy sigue habiendo casos de personas desaparecidas y cuando se habla de la responsabilidad específica de agentes del Estado en la comisión de la práctica desaparición forzada, se convierte en una parte que no quieren que tenga mayores penas”.

En cuanto al tema de las sanciones para superiores jerárquicos, principalmente mandos del ejército y de la Marina que cometan esta práctica, señala, que se trata de no tocarlos, de mantenerlos impunes y eso es lo que nos preocupa, ahí se refleja cabalmente que la ley no está abocada a generar justicia y a terminar con la impunidad”.

Por el contrario, señala, disimula pero no impone las sanciones que debería, principalmente a las cadenas de mando sin importar la jerarquía que se tenga. Sabemos, comenta, que la ley no cambiar el problema, “pero para nosotros era importante que fuera una herramienta de denuncia para seguir exigiendo justicia y si no está bien elaborada entonces está complicado poder hacer esa exigencia”, declara Reyes Maldonado.

Con esto coincide el diputado Cuitláhuac García, quien aseguró que el fondo de este delito es la permanente complicidad de las autoridades con las organizaciones delincuenciales. “El que exista una ley es un reconocimiento al problema, pero no lo va a resolver. Por eso tenemos que ser muy agudos, muy claros, al emitir una ley que pretende atender este problema de gravedad que es la desaparición forzada en México”.

Señaló que dicha ley puede ser perfectible y de ahí la necesidad de tomar en cuenta las aportaciones de los familiares de las víctimas de desaparición forzosa, de organizaciones civiles y de la sociedad en general. Derivado de ello, planteó cuatro observaciones para mejorar dicho ordenamiento.

El legislador federal por Veracruz cuestionó la idea de sustituir el término “víctima de desaparición forzada” por el de “persona desaparecida”, lo que es medular para crear una ley eficiente. “No se trata de una intención declarativa si tiene que ver con la correcta tipificación del delito”, sentenció.

García Jiménez también pidió modificar el Artículo 29 de dicha ley, con el fin que se especifique claramente cuál será la sanción para elementos del Ejército y de la Policía Federal que tengan responsabilidad en desapariciones forzadas de personas.

“Además a los servidores públicos que –por omisión, encubrimiento o negligencia– su personal a cargo haya incurrido en el delito de desaparición forzada de personas, también se le deberán imponer sanciones penales”, subrayó.

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