Desapariciones forzadas, flagelo en todo el país

A dos años de terminar la actual administración federal, la gestión de Enrique Peña Nieto le queda a deber mucho a los mexicanos en respeto y prevalencia del Estado de Derecho, reducción de la violencia y seguridad pública, así como en materia de crecimiento económico, el cual está muy lejos de las tasas requeridas por el país, de al menos 5 por ciento anual del PIB,  y prometidas por el mexiquense durante la campaña por la Presidencia en 2012. La percepción de mayor corrupción se incrementa tanto como la preocupación por la ampliación de la pobreza en este sexenio.

Al mantener la misma estrategia de seguridad seguida en el sexenio anterior, el gobierno de Peña Nieto mantiene a México entre los 30 países con el mayor impacto económico generado por la violencia, de acuerdo al Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El impacto económico para contener y manejar las consecuencias de los niveles de violencia en territorio nacional le costó al país, el año pasado, el equivalente a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, es decir, 17,000 pesos por persona. Y si bien las pérdidas humanas por la inseguridad y la incapacidad de combatir a los diferentes cárteles son de primer orden, no ocupa un segundo término lo económico al generar, en su fracaso, un gran número de ciudadanos, jóvenes, maduros y viejos, para engrosar sus ejércitos.

El Índice de Paz México contempla impactos directos e indirectos para medir el impacto financiero de la violencia. Patricia de Obeso, representante del IEP, explicó: el Índice de Paz Global 2016 utiliza 23 indicadores de conflicto interno y externo, seguridad ciudadana y militarización para medir los niveles de paz en 163 países. Este año, México ocupó el lugar 140, en donde el uno es el mejor calificado, y el 163 el peor. En la actual gestión, el país se encuentra por debajo de la media mundial debido a la militarización, las muertes relacionadas con el crimen organizado y el delito común. En el último año se tiene un registro de 33 mil muertes, lo cual coloca a México a nivel de Irak y Afganistán. El miedo derivado de esta situación tiene un impacto económico de alrededor del 13 por ciento del PIB.

México y Brasil son los países donde se asesina a más periodistas, de acuerdo a la medición presentada el martes en las oficinas de la ONU en la Ciudad de México. Estas acciones han movido realmente a las organizaciones mundiales en pro no sólo de una prensa libre, sino segura en el ejercicio de la profesión. Las referencias sobre los hechos presentados una semana sí y otra no dando cuenta de violencia y muerte sobre los informadores han causado grandes alarmas. El ejercicio profesional es, en nuestro territorio, mucho más peligroso a lo registrado en países en guerra o con conflictos civiles armados. Sobre este tema nada ha dicho Enrique Peña Nieto al ofrecer respuestas integrales a las legítimas demandas de la población sobre justicia y seguridad, las cuales tampoco estuvieron claramente expuestas ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad, en el evento llevado a cabo en el Estado de México, en su tierra natal, en donde las rechiflas están debidamente controladas y acalladas.

DESAPARICIONES FORZADAS

Ayer, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al presidente Enrique Peña Nieto a reconocer la importancia de este flagelo en el país; asumir el reto para el Estado mexicano de investigación y procuración de justicia en la materia; y la urgencia de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, con el propósito de recibir y examinar peticiones individuales por este delito.

En febrero de 2007 México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU; la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de abril de 2010. Pero aún tiene pendiente de aceptar la competencia de dicho comité en los términos de los artículos 31 y 32 de la Convención, con el fin de lograr puedan las víctimas presentar quejas ante el Comité, y éste pueda recibir quejas de otros Estados Parte en relación a México. En este último caso podrían presentarse casos de desaparición forzada de migrantes provenientes de países centroamericanos.

La Ley General de Desaparición Forzada debe ser un tema prioritario en el periodo ordinario de sesiones, el cual inicia este 1 de septiembre, demandó la CNDH al Congreso de la Unión. Debe darse prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años. En torno a las acciones a emprender por parte de los legisladores se tienen muchas dudas, el tema es espinoso en grado muy alto para el actual gobierno y una vez conocida la participación del Verde Ecologista en la presidencia del Senado, poco o nada puede esperarse si se trata de enderezar errores por principio ni siquiera reconocidos.

En este tipo de acciones en el país impera la impunidad. Quien “pierde” a un familiar resiente la inacción de las autoridades, sobre todo en los casos clasificados como “desaparición forzada”, es decir, cometidas por policías, militares o algún  otro servidor público. La mayoría de los casos no llegan a ser conocidos como tales por las fiscalías y las instancias de investigación y procuración de justicia. La desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es un caso excepcional.

No existe una cifra oficial de desaparecidos en el país. El eje común es la falta de información al respecto y la resistencia de los jefes a aceptar las implicaciones de su personal. Este delito muestra el fracaso de la depuración de las corporaciones policiales –e incluso en las fuerzas armadas-, en especial las de municipios y entidades constantemente amenazados o infiltrados por el crimen organizado, advierten organismos de defensa de derechos humanos.

A lo anterior se suma el temor de toda una familia cuando es víctima de desapariciones para denunciar al saberse, tener suficientes ejemplos, de la complicidad ejercida entre mafia y autoridades, sean estas portadoras de distintos uniformes. Los llamados a presentarse a las barandillas e iniciar el trámite necesario para dar pie a las investigaciones caen en el vacío: “se requiere ser gente de renombre, salir en los medios, captar la atención para evitar sea la totalidad de la familia la perseguida, privada de la libertad, agredida”. No son pocas las familias pertenecientes a varios estratos sociales las obligadas a emigrar inclusive a otros países.

CRECIMIENTO MEDIOCRE

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el crecimiento económico en este sexenio es inercial, de sólo 2.1 por ciento anual promedio, igual al sexenio anterior, pero inferior al promedio de los últimos 20 años, de 2.5 por ciento al año. Este desempeño económico sigue estando muy lejos de las tasas requeridas en el país de al menos 5 por ciento anual. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, advierte subsiste el reto de tener un sistema tributario acorde a las necesidades del país, así como una reingeniería completa y de fondo al gasto público. Las reformas estructurales abrieron una cancha muy importante de desarrollo, pero deben consolidarse, lo cual es complicado en el mediano plazo, consideró.

Aunque se han creado 2 millones de empleos, la mayoría de bajos ingresos, la economía no ha sido capaz de impulsar un abatimiento de la pobreza, la cual crece anualmente en un millón de personas adicionales. Se ha conservado la estabilidad macroeconómica, pero existen variables preocupantes como el aumento del déficit y de la deuda pública. La deuda del sector público creció el equivalente a 10.5 por ciento del PIB, lo cual es el principal problema a corregir al cierre de la administración. Junto con las dificultades del sector petrolero, son las luces amarillas de la segunda economía más grande de América Latina.

El desarrollo de la economía de Estados Unidos también es un factor de riesgo, pues México exporta más de 30 por ciento de su PIB a su vecino del norte. Incluso, “la incertidumbre del proceso electoral en EU, podría afectar las inversiones que buscarían beneficiarse del TLCAN”, destacó Guillermo Aboumrad, vocero de la casa de bolsa Finamex. Las dificultades económicas de México son inocultables. La semana pasada, el Banco de México alertó de un posible estancamiento de la economía nacional y el gobierno recortó las previsiones de crecimiento para este año a un rango de entre 2 y 2.6 por ciento. Al mismo tiempo, dos calificadoras de riesgo, S&P y Moody´s rebajaron a negativa las perspectivas de la deuda soberana y del sistema bancario respectivamente.

En materia económica, Peña Nieto ha quedado mucho a deber. México está hoy lejos de las expectativas de crecimiento propagadas cuando se aprobó la reforma energética, la cual rompió el monopolio de Pemex y permitió la participación de capitales privados, con lo cual la riqueza energética del país se traslada a manos privadas. A Pemex se le recortaron recursos, se le abandonó en un mar de pérdidas y al fisco se le dejo sin su principal fuente de recursos.

Se puede asegurar, garantizar, ninguna de las dudas atravesando la mente de millones de mexicanos tendrá respuesta en el próximo informe presidencial. Las realizadas por los jóvenes, adolescentes, asistentes, se verán colmadas de esperanzas las cuales, de llegar algún día a ser realidad, esto no será visto durante la administración del mexiquense.

ESTADOS ENDEUDADOS

Algunas entidades de la República tienen un alto nivel de endeudamiento, ligado a casos de corrupción y desconfianza. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria reveló está auditando a cinco gobernadores por irregularidades fiscales. Los estados con mayor deuda por habitante son Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua. El promedio de la deuda de estas tres entidades es superior a los 10 mil pesos, de acuerdo al estudio Deuda Pública de las Entidades Federativas 2010-2016 de ARegional, presentado este martes. La medición se antoja incorrecta y lo es más aún este pretendido reparto ciudadano de los empréstitos. Si este prorrateo se hace con base en los reportes del INEGI se garantiza totalmente su inexactitud. Los número que este Instituto nos refiere están llenos de inconsistencias y si acaso revelan una aproximación con margen de error de hasta el 20 por ciento en entidades como Quintana Roo.

Si en este momento se liquidara la deuda de Coahuila, cada habitante debería desembolsar 12 mil 257 pesos; en Chihuahua, debería cubrir 11 mil 71 pesos. La Ciudad de México también se ubica en este grupo con mayor deuda per capita, con 7 mil 746 pesos. La capital del país también entra en abiertas y francas dudas con respecto a esta numerología al advertirse tiene suficientes millones de habitantes para alcanzar la posición de “la ciudad más poblada del mundo”, y son fijos con otro tanto o más de flotantes, de quienes habitan en la entidad vecina pero llevan todas sus acciones dentro de área bajo el dominio de Miguel Ángel Mancera.

Es la Ciudad de México quien encabeza el monto total de deuda más alta con 68 mil 587 millones de pesos. De 2010 a junio de 2016 su tasa promedio de crecimiento fue de 1.1 por ciento. Sobre Coahuila no hay mucho para objetar el adjetivo de “endeudamiento por corrupción”. Los Moreira, otrora amos y dueños de gran parte de la entidad, se han visto obligados a enviar fuera del país a sus familias ante el constante, permanente rechazo de hijos y cónyuges a sus actuaciones generadores de insultos personales recibidos en las calles y establecimientos.

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