Familias denuncian que Comisión Nacional de Búsqueda propuesta por Ejecutivo “no realizará investigación en campo”

(17 de febrero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada dio a conocer sus preocupaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo de crear una Comisión Nacional de Búsqueda “que no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos ni con las exigencias de las familiares víctimas de desaparición forzada”, declararon.

“A pesar de que como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregamos en 2015 en el Senado y 2016 en la Cámara de Diputados una Iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Desaparición Forzada de personas y Desaparición de personas cometida por particulares que contempla mecanismos efectivos de búsqueda e investigación en materia de desaparición forzada, el Ejecutivo no sólo no ha tomado en cuenta ésta propuesta y otras que se han elaborado desde la sociedad sino que incumple con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos”.

Por lo que aseveran que resultado de lo anterior fue: el incremento de las desapariciones forzadas en el país y la falta de voluntad política para erradicar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.

Como Campaña consideraron que la discusión de la Ley General contra la Desaparición Forzada debe darse de cara a la sociedad, con transparencia y rendición de cuentas. Por lo que dieron a conocer sus preocupaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo.

Aseveraron que es una Comisión Nacional de Búsqueda que “no busca”. El Ejecutivo propone conformar una Comisión que no realizará acciones operativas de búsqueda en campo, ni tendrá facultades para poder incidir directamente en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
La cual es una propuesta completamente distinta a la realizada por los familiares y organizaciones que durante meses hemos estado trabajando en la propuesta de Ley.

Por el contrario propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda que no contempla la participación real de familiares ni organizaciones de la sociedad en las acciones de coordinación ni desarrollo de ésta, que no contempla presupuesto propio, ni independencia para su actuación.

“Una Comisión Nacional de Búsqueda que no contempla la creación de una fuerza especializada para la búsqueda e investigación de casos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares y que carece de una propuesta real por parte del Estado de cómo o quién se encargará de buscar e investigar las desapariciones forzadas de los años 60´s, 70´s y 80´s”.

Además, las familias aseveraron que la Comisión Nacional de Búsqueda encubre la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas. “El Estado mexicano sigue insistiendo que no cuenta con recursos materiales ni humanos para implementar ninguna instancia especializada para la búsqueda, investigación o identificación, por lo que de antemano tira a la basura la exigencia de las familias y organizaciones de derechos humanos de crear una instancia autónoma que se encargue de resguardar el banco de ADN, y realice la investigación forense.

Es decir, no hay voluntad política para crear el Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense. El Estado mexicano reiteradamente ha hecho caso omiso de las exigencias de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos con el pretexto de poner en funcionamiento de manera inmediata, después de promulgada la Ley, los ‘mecanismos’ propuestos por el Estado, los cuales a todas luces son insuficientes para atender la gravedad de las desapariciones forzadas en el país”, aseveraron.

Señalaron que el Ejecutivo argumenta que sólo existe un problema de coordinación entre autoridades y que no se necesitan crear instancias nuevas para investigar y sancionar las desapariciones forzadas, con lo cual no sólo evade su responsabilidad en las miles de desapariciones forzadas en el país sino que no se propone crear políticas e instituciones eficaces que permitan la búsqueda, investigación y sanción de los responsables.

“Por todo lo anterior, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, exigimos como lo hemos hecho al Estado mexicano desde hace 7 años, la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con las exigencias de las familias, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas.

Los derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral y a las medidas de no repetición no son negociables. Son exigencias que el Estado está obligado a cumplir y son la garantía de que no se vuelva a cometer está grave violación a los derechos humanos”, puntualizaron.

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