Gobierno de Tamaulipas incumplió más de la mitad de las observaciones de CNDH, sobre tortura en centros de detención

La CNDH ha dado a conocer que el gobierno de Tamaulipas incumplió más de la mitad de las observaciones que el órgano ha emitido sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato existentes en los centros de detención e internamiento que dependen de diversas autoridades estatales.

En seguimiento al informe inicial, personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH constató que “de los 232 casos observados en el reporte de hace un año, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, mientras otros 22 mantienen avances encaminados a su atención. Sin embargo, en 119 irregularidades detectadas, es decir, 51%, todavía persisten”.

Para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad, el organismo nacional visitó 39 lugares de detención bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como ocho lugares de detención ubicados en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria.

La supervisión se extendió también a la Coordinación Estatal Antisecuestros y a la Unidad de Separos de la Policía Ministerial, ambos pertenecientes a la PGJE, donde se detectaron otras 14 situaciones de riesgo, según los informes de seguimiento de la CNDH.

Se informó que en todas las visitas se verificaron las condiciones de estancia de los internos, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

“Entre las deficiencias observadas en los lugares a cargo de la procuraduría estatal están la inadecuada certificación de integridad física de los detenidos, insuficiente personal médico, inexistencia de partida presupuestal para la alimentación de las personas detenidas, carencia de reglamentos y manual de procedimientos, falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas y la ausencia de un área exclusiva para mujeres”.

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