Guerra al narco: crimen de alto impacto

La guerra al narco es ajena a México y tiene sus raíces en territorio estadounidense. En suelo mexicano, el combate al crimen no sólo debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, sino con programas sociales y políticas públicas.

Desde hace casi una década, México entró en una escala de violencia al declarar el presidente Felipe Calderón la “guerra al narcotráfico”, a fin de controlar el trasiego de drogas al mercado de estupefacientes más grande del mundo:  Estados Unidos. La gestión de Enrique Peña Nieto mintió y mantuvo la misma estrategia, con las Fuerzas Armadas en lucha frontal contra las organizaciones criminales y con los mismos reprobables resultados: alrededor de 250 mil muertos y contando; decenas de miles de desplazados y desaparecidos y un número similar de víctimas “colaterales”; los cárteles descabezados simplemente se fraccionaron, se multiplicaron, ampliaron sus áreas de influencia y control territorial y operación ilícita abarcando otros delitos como el robo de combustible, el secuestro y “la seguridad” con el cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios.
 
Mientras EU no reduzca su demanda y consumo de drogas, desde México habrá quien los provea y el problema persistirá y se agudizará si no existen controles en territorio estadounidense a la extraordinaria venta de armas a cárteles mexicanos.  La guerra al narco es ajena a México y tiene sus raíces en territorio estadounidense. En suelo mexicano, el combate al crimen no sólo debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, sino con programas sociales y políticas públicas, como lo admitió Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en la presentación de un estudio relacionado con la prevención del delito realizado por la Organización México Evalúa en coordinación con la Unión Europea en el país
 
Medio centenar de municipios y ciudades del país concentran las bajas de esta guerra: Tijuana Colima, Acapulco y Ecatepec se encuentran en los primeros lugares. En el estado de Colima se dispararon los índices de violencia,  los cuales superan la media nacional, debido a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa por controlar el Puerto de Manzanillo y otras áreas de la costa del Pacífico, admitió el subordinado de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y responsable de la seguridad interior del país. Begné acepta: “necesitamos continuar (trabajando) en los estados que han sufrido una descomposición social por años, es el caso de Guerrero y Tamaulipas; se recrudeció nuevamente Chihuahua, tenemos otra vez problemas en Baja California, que se había avanzado, y al mismo tiempo mejoras significativas en otro lugares, por ejemplo Coahuila”.
 
El funcionario de Segob consideró que la política de prevención de la violencia y el delito “no ha fracasado” porque las sociedad civil se ha apropiado de ella, al igual que las universidades, iglesias y organismos empresariales, además de las autoridades locales que han hecho su trabajo.  Pero la realidad nos muestra otra cara: por ejemplo, en Guerrero, al menos 942 personas fueron asesinadas en los primeros cinco meses del año, un promedio de más de 6 víctimas al día, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tan sólo entre martes y miércoles de esta semana se registraron 21 víctimas de asesinato, a las cuales se sumaron 3 policías  ejecutados el jueves. Ese día, en la región de la Montaña, hombres armados emboscaron a un grupo de policías del Municipio de Cualác, con un saldo de tres uniformados muertos y tres heridos. Los hechos ocurrieron en un crucero que conduce a la localidad de Coatlaco.
 
En tanto, con un problema de inseguridad cada vez más agudo, casi mil policías estatales se declararon desde el lunes pasado en paro en demanda de mejores condiciones laborales. Durante los últimos dos días se intentó llegar  a un acuerdo con los uniformados pero las negociaciones fracasaron, por lo cual 176 agentes fueron notificados de su cese definitivo de la corporación. Los policías exigieron ser reinstalados durante una marcha sobre la Autopista del Sol hasta la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, donde interpusieron una queja. En ella, demandan además se regrese al esquema de tres días de trabajo (acuartelados) y tres de descanso, un bono de riesgo de 2 mil pesos al mes, el cual les prometió el gobernador Héctor Astudillo, y equipo y armamento nuevos, entre otras demandas.
 
En la región de Tierra Caliente, Guerrero se libra una cruenta batalla entre los grupos criminales de Los Tequileros y La Familia Michoacana, la cual ha dejado decenas de muertos y secuestrados. En la región centro de la entidad, los enfrentamientos entre grupos criminales dejaron cinco víctimas en el municipio de Leonardo Bravo. Autoridades de Acapulco reportaron la ejecución de cinco personas, dos de ellas desmembradas. Y en Chilpancingo, dos menores de 14 y 15 años, quienes se dedicaban a cargar bolsas de mandado, fueron asesinados por tres jóvenes armados a plena luz del día en los pasillos del área de carnes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. La tarde del miércoles, también fue ultimado a tiros el ex comisario municipal de la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón, quien militaba en el PRD.
 
EMPLAZAN AL PROCURADOR RAÚL CERVANTES
 
Raúl Cervantes, procurador general de la República, fue emplazado por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, a entregar a más tardar en la segunda semana de agosto resultados concretos de la investigación en torno a la presunta participación de elementos de la Policía Federal y del Ejército en el llamado caso Iguala, así como en el trasiego de droga de ese municipio a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y el análisis a los números telefónicos de los estudiantes y detenidos.
 
Las autoridades federales entregaron a los padres y representantes un cronograma que fija fechas para dar avances, pero algunas se postergan hasta octubre, luego de más de tres horas de una ríspida reunión, en la cual estuvieron presentes funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores; la subprocuradora Sara Irene Herrerías, y el fiscal del caso, Alfredo Higuera, así como integrantes del “equipo técnico” del mecanismo de seguimiento designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Dentro de las líneas de investigación a seguir y concluir por la PGR está la intervención de la Policía Federal, la policía municipal de Huitzuco y la identificación de los personajes citados como El Patrón y El Caminante, pues todos ellos habrían intervenido en la desaparición de los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en manos del cartel Guerreros Unidos.
 
La línea a seguir más compleja “es la del Ejército”, como lo admitió Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, quienes aceptaron que la demanda de investigación en contra de Tomás Zerón por haber realizado una diligencia irregular en el río San Juan, “ha quedado rezagada”. Este tema y el ocultamiento de la libreta asegurada a Sidronio Casarrubias, en la cual aparecen los nombres de jefes policíacos que laboraban en Iguala, no figuran en el calendario de entrega.
 
El procurador Raúl Cervantes sostuvo continúan abiertas todas las líneas de investigación con relación a la desaparición de los estudiantes. También asumió el compromiso de dar continuidad a las reuniones establecidas en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, con los padres y sus representantes. Aunque el cronograma de la PGR se pretende concluir en octubre, el emplazamiento es entregar la información en agosto.
 
MATANZA DE SAN FERNANDO; INDAGATORIA DEBE SER PÚBLICA
 
La reciente decisión –el miércoles pasado- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está facultada para calificar la existencia de violaciones graves a las garantías fundamentales en materia de transparencia es trascendente, destacaron especialistas. Esto obliga a la CNDH a elevar el perfil jurídico y político de asuntos como la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
 
Está en posibilidades de definir la CNDH si procede la reserva de información relacionada con delitos de lesa humanidad y, por tanto, si dicha indagatoria debe ser pública. Cabe recordar que la CNDH –entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva- confirmó la clasificación de información reservada para el caso de la matanza de migrantes en San Fernando,  establecida por la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora los ministros le ordenan a la CNDH que determine si dicha matanza fue o no un delito de lesa humanidad.
 
El abogado integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, agrupación que representa a familiares de las víctimas de San Fernando, Sergio Méndez, consideró que la CNDH, al tener la facultad de establecer cuando una investigación está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, puede abrir la puerta para que la indagatoria sea pública.
 
La Ley de Transparencia fija la posibilidad de que las averiguaciones previas sobre delitos de lesa humanidad sean conocidas por la sociedad. Pero la CNDH se ha negado a clasificar las matanzas como violaciones graves, ignorando parámetros jurídicos de la Suprema Corte y de organizaciones internacionales, los cuales señalan como delitos graves los actos de tortura, violencia sexual contra mujeres,  masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
 
CUÉ ORDENÓ LA MATANZA DE NOCHIXTLÁN: APC
 
Arturo Peimbert Calvo, ombudsman estatal de Oaxaca, acusa: “El gobernador Gabino Cué dio la orden de esta matanza”, al referir lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, cuando policías federales y estatales ejecutaron un operativo de desalojo contra pobladores y profesores que protestaban contra la reforma educativa, el cual dejo un saldo de siete personas muertas y más de 150 lesionados.
 
Cué Monteagudo se negó sistemáticamente a buscar solución al conflicto por medio del diálogo y a reunirse con las víctimas, sostuvo el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, en una reunión entre integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio con el gobernador actual, Alejandro Murat Hinojosa.
 
Peimbert Calvo subrayó que Cué Monteagudo aceptó haber solicitado a la Federación el desalojo de los manifestantes de Nochixtlán y del Istmo de Tehuantepec y, por tanto, reconoció su responsabilidad en este suceso. Pero, el entonces mandatario se negó a hacerse responsable por los heridos y fallecidos del operativo Oaxaca.
 
Durante una reunión privada el miércoles con integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán (Covic), en Palacio de Gobierno de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a aclarar esos hechos de violencia. En un posicionamiento conjunto destacó el compromiso de que no se repetirán “los funestos acontecimientos ocurridos el 19 de junio de 2016 en esa comunidad”. En el escrito se destacó la disposición de las partes para que se haga justicia por esos hechos.

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