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Hacia una cultura de los derechos humanos (Segunda Parte)

Por: Angie López Michelena

@anjunkie3_0

Ante el actual contexto social y político que vive México, los expertos en derechos humanos entrevistados por REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, han coincidido en que una de las armas más poderosas con las que cuentan los ciudadanos para protegerse de las arbitrariedades y el abuso del poder, es la información. Conocer las leyes, derechos y algunos procedimientos básicos, así como tener un contexto de lo que ocurre en el país, son herramientas imprescindibles: una especie de kit de supervivencia.

Aquí se reseñan brevemente dos documentos que pueden ser útiles para enfrentar a las autoridades cuando éstas incumplan su papel de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Culpables conocidos, víctimas ignoradas.

Tortura y maltrato en México. Amnistía Internacional.

Los informes que Amnistía Internacional ha recibido sobre tortura y otros malos tratos en México se han incrementado considerablemente desde el gobierno de Calderón. Esto pone en tela de juicio la genuina voluntad política del gobierno para suprimir este tipo de prácticas.

El gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, habrá de hacer frente al reto de poner fin a la cultura de abusos, violación a los derechos humanos e impunidad.

Amnistía Internacional manifiesta en este documento su preocupación por el gran número de denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por personal militar o por la policía municipal, estatal o federal. Todas las entidades federativas del país han denunciado ante Amnistía Internacional casos de tortura.

De acuerdo con Amnistía Internacional, el haber enviado al ejército y a la marina a desempeñar labores propias de la policía, ha sido un factor determinante en la detonación del incremento de informes de violaciones a los derechos humanos de parte de militares. La situación se agrava, destaca el informe, al no dictarse ningún tipo de sentencia condenatoria ante delitos como la tortura.

México se ha suscrito a una amplia gama de convenciones y protocolos, pero no ha cumplido sus compromisos en la práctica, según Amnistía Internacional.

Otro foco rojo destacado por Amnistía Internacional es el deficiente sistema de denuncia e investigación, lo cual, no contribuye a que los responsables respondan por sus acciones. Las víctimas y los testigos quedan en una situación muy vulnerable, mientras que los victimarios gozan de toda impunidad, indica el reporte.

México cuenta con deficiencias legislativas que permiten que la tortura se clasifique como delito leve. A pesar de que la carencia de registros sistemáticos dificulta la medición exacta de los eventos, resulta evidente que pocas investigaciones se abren y muchas menos llegan a convertirse en una acusación formal. De las acusaciones, un porcentaje mínimo es el que llega a una sentencia condenatoria. Para hacer esta aseveración, Amnistía Internacional se basa en datos de la PGR y del INEGI.

Otro asunto, es que el creciente número de denuncias presentadas ante la CNDH no se ha visto reflejado en un aumento de las actas de acusación ni de las sentencias condenatorias. Pese a que se han suscitado acciones penales, los responsables de tortura no han sido llevados ante la justicia, ni las víctimas compensadas.

En 2010, un grupo de trabajo de la ONU recibió información sobre 3 mil personas víctimas de la desaparición forzada, donde alguna autoridad pública estaba involucrada y que no habían sido atendidos. Generalmente se ignora a los familiares, se trata de desalentarlos o incluso se llega a amenazarlos.

En julio de 2012, Felipe Calderón frenó la entrada en vigor de una ley de víctimas que acababa de ser aprobada por unanimidad en el Congreso. Con esta acción, se impidió que las víctimas tuvieran un mecanismo para alcanzar el esclarecimiento, la justicia, y la reparación del daño sufrido.

La ley sigue siendo ambigua en especial cuando se trata de evaluar a un funcionario público y varía de acuerdo con el estado.

Otra figura conflictiva es la del arraigo, pues se trata de una detención administrativa sin cargos que se realiza por delitos graves o delincuencia organizada. Aunque se tiene un procedimiento para que este mecanismo opere, en la práctica se usa como excusa para detener arbitrariamente sin el consentimiento de un juez o un ministerio público.

Amnistía Internacional recalca que “los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de los agentes de policía, el personal militar, los peritos técnicos, los forenses o los jueces, así como los abogados defensores y los representantes de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales, siguen siendo inadecuados, y las reformas judiciales no han abordado apenas la impunidad resultante de esta falta de rendición de cuentas”.

Mucho queda por hacer para poder garantizar el cumplimiento verdadero de los procedimientos que permitan el pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. Sin embargo, un gran avance radica en gestionar una cultura de participación, supervisión, difusión y denuncia.

Ir a infografía de Alejandra Alanis

Ver informe de Amnistia Internacional

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