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Jethro, joven profesionista y maestro de la Universidad Politécnica de Morelos fue detenido por policías y entregado a militares; lo torturaron intensamente, rociaron ácido y enterraron aún con vida

(14 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Jethro Ramssés Sánchez Santana tenía 27 años de edad, en 2011. De profesión ingeniero electromecánico con grado de estudios de maestría, derivado de su profesionalismo y sus conocimientos comenzaba ya a operar una empresa de ingeniería electrónica automotriz. Además impartía clases en la Universidad Politécnica de Morelos y era reconocido por su trabajo entre sus colegas.

El día 1 de mayo de 2011, después de jugar un partido de futbol, Jethro se dirigió con unos amigos a una feria organizada por el Ayuntamiento de Cuernavaca en el recinto ferial de Acapatzingo. Dentro del recinto comenzó una pelea entre varias personas, incluyendo a algunos amigos de Jethro. Policías municipales que intervinieron en la trifulca se llevaron a Jethro detenido al encontrarse cerca del hecho y junto con él a otro de sus amigos.

A Jethro y a su amigo los sacaron de la feria, pero los policías no se dirigieron al Ministerio Público, por el contrario entregaron a los dos jóvenes a elementos de la Policía Federal. No pasaron muchos minutos antes que este mismo grupo de elementos federales, en ese mismo sitio, volviera a entregar a los dos jóvenes pero ahora a un convoy de aproximadamente 20 militares, asegurando que ambos habían confesado que eran miembros de un cártel del narcotráfico.

Luego de encontrarse en manos de los militares, Jethro y su amigo fueron trasladados al cuartel de la 24ª Zona Militar en donde, según testimonios, fueron torturados. Derivado de la violencia física ejercida sobre el joven Jethro, perdió el conocimiento y fue declarado muerto minutos después por un médico del cuartel.

Al enterarse de los hechos, un coronel ordenó a los militares que llevaran el cuerpo de Jethro a Puebla. En un sitio desolado el joven fue semienterrado en forma clandestina, mientras que a su amigo lo soltaron en medio de la carretera. De acuerdo a estudios forenses elaborados con posterioridad, se ha mencionado que los militares pudieron haber enterrado a Jethro aún con vida, en aquél terreno.

Pese a la intensa búsqueda que desplegó la familia y los amigos del joven, así como las constantes manifestaciones para exigir a las autoridades de seguridad pública que se les entregara a Jethro o se informara de su paradero, los elementos ¡ siempre negaron haber participado en los hechos. Así transcurrieron más de dos meses, hasta que diversos testigos comenzaron a hablar y revelar la verdad de los hechos.

De acuerdo con información recabada por este medio, se conoce que fueron las mismas autoridades militares que ante la presión de la familia, comenzaron a buscar el cuerpo de Jethro, sin embargo al ubicarlo costó mucho para reconocerlo, puesto que derivado de la intensa tortura estaba irreconocible. También se mencionó que fue rociado con ácido.

Han pasado casi siete años y pese a distintas diligencias, incluida una recomendación de la CNDH, el caso se mantiene en la impunidad.

“El caso de Jethro nos demuestra nuevamente que generación tras generación de priistas y panistas en el poder, la impunidad ha sido alimentada. Y cuando se piensa que ya los números no pueden seguir creciendo, los casos de desaparición forzada, tortura, tortura sexual y ejecuciones extrajudiciales nos demuestran lo contrario.

Enrique Peña Nieto, el PRI y todos aquellos que mantienen su firme apoyo a tener las fuerzas armadas afuera y las policías en el abandono, dando su respaldo para dañar en despoblado, son los culpables que miles y miles de civiles mexicanos sean víctimas de la violencia que sin duda alguna va tener continuidad de llegar al poder nuevamente la derecha”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO durante una entrevista la sociología Marisol Huerta, especialista en violencia política y conflictos sociales en América Latina.

En el país, once organizaciones han creado el movimiento #NoMásImpunidad, donde en principio denuncian que a junio de 2017 habían 30 mil 942 personas desaparecidas en México. A esto se suma que entre 2006 y 2016 se han denunciado se denunciaron 948 ejecuciones extrajudiciales pero hasta la fecha no se conoce ninguna sentencia.

“En 11 años de guerra contra las drogas, los resultados han sido miles de víctimas de crímenes graves, el aumento de la violencia y que las atrocidades que se cometen en el país, no tienen ningún tipo de castigo. Ello empeora cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

En las procuradurías del país, se han abierto 15 mil 848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura desde diciembre de 2006, sin embargo solamente se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991 por ese delito”.

Cabe señalar que la tasa de homicidios violentos en el país ha ido en aumento. Desde diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 200,000 personas de manera violenta. De ellas, al menos 270 personas han sido privadas arbitrariamente de la vida por las fuerzas de seguridad. Solamente se tiene conocimiento de 38 sentencias condenatorias en contra de servidores públicos por homicidio doloso.

Huerta asegura que, la violación de derechos humanos se ha convertido en el principal instrumento de control del gobierno en los últimos dos sexenios. “Antes sucedía, pero ahora mismo estamos viviendo un ataque descontrolado y extendido por parte del gobierno. Asesina, desaparece y si hay denuncias comienza el desprestigio de la víctima y encima las amenazas, además del estancamiento de las investigaciones.

En México se vive la política de la pistola en la sien. Todos la tenemos, todo el tiempo. Ya sea que jale el gatillo el Estado o los delincuentes. La guerra es contra la sociedad civil, las cifras lo indican, cuántos grupos delincuenciales han sido erradicados, a cuántas cabezas de cárteles se han llevado a prisión. Cuantos rescates de secuestro se han concretado o en cuánto ha disminuido el robo de combustible. De eso no se ocupa el gobierno. Lo que impera es la impunidad porque es el respaldo a seguir manteniendo amenazado al pueblo”.

México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Actualmente México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). Además encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

Tomando en cuenta a las 32 entidades, el promedio nacional del Índice de Impunidad (IGI-MEX 2018) aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42.

Estados con impunidad a la alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).

Estados con los índices de impunidad más altos. Éstos son los diez estados con mayor índice de impunidad: 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).

Cabe señalar que, el Estado de México es la entidad con el índice de impunidad más alto. Con 80.06 puntos de impunidad, donde se han registrado 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, y únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia, esto implica que sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos, de acuerdo al reporte.

Los estados en los que el homicidio tiene un mayor grado de impunidad son los siguientes: 1) Tamaulipas (0.15), 2) Tabasco (2.24), 3) Michoacán (4.64), 4) Puebla (5.21), 5) Guerrero (5.39), 6) Tlaxcala (5.56), 7) Quintana Roo (7.81), 8) Sinaloa (8.28), 9) Oaxaca (8.94), 10) Morelos (9.90), 11) Guanajuato (10.53), 12) Estado de México (11.77), 13) Hidalgo (12.97), 14) Nuevo León (12.18), 15) Colima (14.59), 16) Chiapas (14.79), 17) Aguascalientes (15.79), 18) Coahuila (16.17), 19) Zacatecas (17.27) y 20) Ciudad de México (17.44).

En 27 de 32 estados disminuyó el índice de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas: Aguascalientes (de 32.2 a 15.79), Baja California (de 119.2 a 33.50), Baja California Sur (de 170.1 a 35.45), Chiapas (de 27.4 a 14.79), Colima (de 21.6 a 14.59), CDMX (de 43.4 a 17.44), Durango (de 30.6 a 25.61), Guanajuato (de 18.2 a 10.53), Guerrero (de 11.5 a 5.39), Hidalgo (de 25.2 a 12.97), Jalisco (de 39.9 a 20.16), Estado de México (de 19.9 a 11.77), Michoacán (de 8.9 a 4.64), Morelos (de 16.4 a 9.9), Nayarit (de 49.5 a 26.04), Nuevo León (de 18.9 a 12.18), Oaxaca (de 25.5 a 8.94), Puebla (de 11.4 a 5.21), Querétaro (de 32.1 a 18.79), Quintana Roo (de 33.3 a 7.81), Sinaloa (de 11.1 a 8.28), Sonora (de 45.6 a 33.10), Tabasco (de 28.5 a 2.24), Tamaulipas (de 11.9 a 0.13), Tlaxcala (de 18.2 a 5.56), Zacatecas (de 43.4 a 17.27) y Yucatán (de 40.5 a 30.77).

“No son solamente cifras -grandes por cierto-, son vidas de personas que muy posiblemente fueron civiles inocentes, pero que con esta psicología que Calderón implementó del ‘si te matan fue por algo’, ahora todo el que muere de forma violenta es porque era un delincuente y no porque México es uno de los campo de exterminio más grandes del mundo.

Al menos los nazis, por más crudo que suene, lo decían abiertamente: iban a exterminar a los judíos. En México, el Estado comandado ya sea por PRI o PAN cobardemente se escudan en una supuesta guerra, que solamente ha servido para olvidar que son ilegítimos. En este país igual nos puede matar, desaparecer o torturar un militar, un policía o un delincuente, a Jethro le tocó padecer al mismo tiempo los tres crímenes de lesa humanidad, todos en completa impunidad”, concluye la especialista.