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Los corruptos castigan a los fiscales

Por: Netzaí Sandoval Ballesteros

 

El cese del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anticipa una etapa de grave autoritarismo en nuestro país en la que la investigación de posibles actos de corrupción resultaría prácticamente imposible.

 

Los argumentos esgrimidos en contra del Fiscal Santiago Nieto, resultan insostenibles.

 

Una carta de Emilio Lozoya dirigida a un fiscal, solicitando una exoneración, no forma parte de alguna carpeta de investigación. Por lo tanto el Fiscal Santiago Nieto no violó el secreto ministerial, ni puede alegarse que incumplió el Código de Conducta de la PGR.

 

Incluso suponiendo que el hecho alegado por el Subprocurador Alberto Elías Beltrán fuese cierto -que el Doctor Santiago Nieto hubiese violado el Código de Conducta de la PGR- de cualquier forma, la destitución es improcedente.

 

El propio Código de Conducta de la PGR prevé las consecuencias de su incumplimiento, señalando que las instancias encargadas de emitir las recomendaciones que resulten necesarias son la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia; así como el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Procuraduría General de la República.

 

Tales áreas son las competentes para comunicar irregularidades graves, cuando corresponda, a la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control. En tales casos, la Visitaduría o el Órgano Interno de Control, después de un procedimiento legal, podrían concluir sancionado al Fiscal.

 

El titular de la PGR no puede imponer sanciones que competen a la Visitaduría, porque quedan fuera de su competencia legal. De la misma forma el Presidente de la República no puede ejercer acción penal cuando le plazca, pese a ser superior jerárquico del Procurador.

 

En ningún caso puede afirmarse que el Doctor Santiago Nieto haya violado la presunción de inocencia, puesto que nunca afirmó que Emilio Lozoya fuese responsable de algún delito. Además la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se plantea una violación al principio de presunción de inocencia, la exposición mediática tienen que ser suficientemente robusta para que pueda considerarse que han generado una percepción estigmatizante y que ésta ha elevado la probabilidad de que los testimonios y las pruebas recabadas contengan información parcial (Tesis: 1a. CCC/2016, 10a. Registro 2013214). Informar que un ciudadano envió una carta a la Fiscalía, no parece estigmatizante, ni da pie a testimonios falsos.

 

Es increíble que cuando las autoridades mexicanas sí violentan flagrantemente el principio de presunción de inocencia, como hizo Genaro García Luna al exhibir a Florence Cassez en los medios de comunicación en un operativo/montaje en vivo, no haya cesados sino que incluso los responsables son premiados con ascensos. Pero cuando un fiscal íntegro hace su trabajo persiguiendo conductas ilícitas en todos los partidos sin preferencias y con imparcialidad, entonces sí hay ceses fulminantes.

 

Finalmente se debe analizar que el funcionario que firma y decide formalmente el cese del Fiscal, alega el uso de facultades mediante la figura de “suplencia por ausencia”. Sin embargo los tribunales federales han establecido que en dicha hipótesis el funcionario suplente no sustituye en su voluntad o responsabilidad al titular y es al sustituido a quien jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de los actos emitidos (Tesis: I.4o.A.304 A, registro 194196). Entonces, jurídicamente hablando, la suplencia por ausencia únicamente operaría para facilitar la continuación ininterrumpida de la función pública cuando sí existe un titular. Sin embargo la PGR extiende esta figura prevista en un reglamento interior, pretendiendo equipararla con una figura de Procurador Sustituto. Ello es evidentemente inconstitucional.

 

El procedimiento empleado en contra del titular de la FEPADE fue ilegal y desaseado. Esto es indudable. Lo que está en duda ahora es si todavía existen instituciones capaces de oponerse al autoritarismo y la corrupción que buscan garantizar su propia impunidad desde Los Pinos. Es turno de que el Senado demuestre que todavía existe oposición en México.