Los defensores de DH nos convertimos en enemigos de autoridades y nos amenazan; se debe limpiar instituciones de quienes pudren el sistema y evitan la justicia: Activista

(09 de febrero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este jueves, Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, arribó a San Salvador Atenco, Estado de México, para acompañar el acto público de reconocimiento a personas defensoras de derechos humanos, organizado por el CDH Zeferino Ladrillero.

Durante su participación, Jan Jarab expresó: “México y sus habitantes merecen un sistema de procuración de justicia que funcione y brinde garantías de no repetición del delito y de las violaciones de derechos humanos.

Naturalmente, sabemos que ante un contexto tan desafiante no existen soluciones mágicas. Pero sabemos que es posible construir un estado de derecho basado en el respeto a los derechos humanos.

Un modelo ciudadano que reconozca a las personas defensoras de derechos humanos como interlocutores expertos y comprometidos con el avance plural y democrático”.

Sobre el tema, la defensora de Derechos Humanos Olga Luna ha asegurado a Revolución TRESPUNTOCERO que, en muchas ocasiones el hostigamiento y los malos tratos por parte de autoridades hace que no se sienta segura, sabiendo que puede ser perseguida y afectada. Pero no solamente ella, sino también su familia y principalmente sus hijos.

“Cualquier día me puede pasar algo porque ellos conocen quién soy, ya uno no se preocupa solo de los delincuentes sino más bien de las autoridades y esto sucede por el simple hecho de ir a denunciar, si vas y te quejas e insistes por justicia ya es seguro que te investigarán, te pueden amenazar o meter miedo para que no sigas”.

De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT), de 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios.

Siendo los estados más peligrosos para los defensores: Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. Cabe destacar que en lo que va del gobierno de Enrique Peсa Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país.

A esto se suman 81 defensores que se encuentran desaparecidos, de acuerdo con el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red TDT.

Olga, quien padeció el tener a su esposo en prisión por un delito que no cometió y del cual fue liberado por demostrar que sí hubo tortura para modificar su testimonio, comenta que luchar sin un abogado es sumamente difícil, ya que constantemente hay obstáculos hasta para obtener expedientes o datos simples a los que debería ser fácil acceder.

“Los defensores de derechos humanos nos convertimos en automático en enemigos de las autoridades y existimos precisamente para evidenciar la falta de justicia, las amenazas para que nos callemos o se callen víctimas y sus familiares. No deberíamos de estar ejerciendo estas acciones de defensa en un país democrático, donde las leyes se respetaran. Donde se combatiera la corrupción y se limpiara las instituciones de malos elementos que pudren el sistema y evitan la justicia.

Pero si hasta el Presidente de la República es exhibido y no pasa nada, pues menos con los policías, los Ministerios Públicos, los de hasta más abajo, quienes tienen el control porque son de bajo perfil, así que matan, torturan, desaparecen y nadie sabe quien fue, porque viven con la impunidad que equivale a su fuero personal. Estamos peligrando a diario, no por el crimen organizado, sino por los supuestos impartidores de justicia. El mundo al revés, dice alguien por ahí”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Dolores Coutiño.

Luego de escuchar a representantes de diferentes municipios que le expusieron sus problemas de agua, vivienda, medio ambiente, educación, agresiones a defensores de derechos humanos y violencia de género, Jarab enfatizó que la causa de la violencia en México, “es la impunidad”. “Desde las amenazas hasta los asesinatos, la impunidad que prevalece en México sigue siendo el principal obstáculo para que se pueda garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, saber que no habrá consecuencias legales, incentiva las agresiones, generando así un ciclo vicioso de violencia”.

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