Más de 33 mil desaparecidos en México, resultado de un Estado indolente, ineficaz y con una complicidad criminal: ONG’S

(12 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El país arrastra, según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en su último corte de 31 de julio de 2017, 33 mil 482 personas desaparecidas y que además, ha rebasado la cifra 200 mil personas asesinadas, de acuerdo al registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el año de 2006, este es el resultado de la estrategia de seguridad “que ha pretendido combatir el narcotráfico, pero que hasta la fecha se ha visto incapaz de erradicar las desapariciones, homicidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que forman parte del universo de expresiones extremas de violencia”, han denunciado organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas de diferentes estados del país, y especialistas en la materia de desaparición de personas, con la finalidad de evidenciar la grave problemática y particularmente en Jalisco.

“Las graves violaciones a los derechos humanos parecen aumentar día con día, por lo que los esfuerzos realizados por las autoridades si bien han implicado avances, en realidad son relativamente cortos en proporción al tamaño de la crisis humanitaria”.

En este contexto, las organizaciones han buscado visibilizar la grave situación que viven las personas desaparecidas y sus familias, al igual que en el resto de los estados de la República.

“La ola de violencia desatada en el sexenio anterior de Emilio González Márquez se ha agravado en la presente administración de Aristóteles Sandoval Díaz, con más y más fotografías de personas desaparecidas en espacios públicos y redes sociales, así como el aumento de noticias en los medios sobre hallazgos de cuerpos de manera cotidiana en fosas clandestinas o abandonados en las calles, incluso en las corrientes de los ríos de la entidad”.

Los familiares de personas desaparecidas han emprendido la búsqueda de sus seres queridos, así como el acceso a la verdad, justicia y reparación, de manera individual y colectiva, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, “ante un Estado que actúa de manera indolente e ineficaz, rayando en lo que se podría clasificar en una complicidad criminal, lo cual favorece la impunidad de los responsables materiales e intelectuales”.

Una vez más las familias, las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, exigen al Estado mexicano: Que tras ser aprobada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ésta obtenga presupuesto suficiente para su implementación.

También se ha pedido que los estados armonicen sus legislaciones al contenido de la Ley General y que aprueben el presupuesto correspondiente para hacerla efectiva. Que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para admitir las comunicaciones individuales e interestatales, conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Sobre los procesos de investigación, se ha instado que los procesos de búsqueda, investigación, de identificación forense, atención a víctimas y reparación del daño sean integrales e incorporen un enfoque diferenciado, que respeten las particularidades de las víctimas niños y niñas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas. 

Se ha pedido que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas garantice la búsqueda inmediata y la investigación de los casos de personas desaparecidas en el estado de Jalisco cercana a las y los familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Rechazamos cualquier replanteamiento en su constitución orgánica y del contenido de su Reglamento Interno que reduzca sus capacidades y atribuciones.

Así también se pide a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Jalisco “deje de ser inoperante y consolide un esque­ma de colaboración con la Comisión Ejecutiva a nivel federal, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y dependencias municipales afines, que permita a las víctimas acceder a un modelo de atención equitativa y con atribuciones bien identificadas que se encuentre encaminada a una atención que se complemente entre la variedad de instan­cias existentes en el Estado”.

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