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Poblaciones indígenas de Cuautepec logran triunfos legales contra gasoducto; TransCanada no podrá seguir con la construcción

El Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión del gasoducto a favor de pobladores de Cuautepec, en la zona norte de Puebla, por lo cual la empresa canadiense TransCanada no podrá continuar con la construcción del ducto en el lugar.

Su representante legal, el abogado Raymundo Espinoza Hernández dijo que el juzgador determinó que no se tomaron en cuenta afectaciones a manantiales, flora y fauna endémica y otros impactos del gasoducto en todo su trayecto.

La Evaluación de Impacto Social quedó suspendida ya que el estudio realizado no tomó en cuenta el desplazamiento de familias que provoca esta obra, ya que en el trazo propuesto el gasoducto e atraviesan casas y patios o pasa por lugares cercanos a los manantiales de los que depende el abasto de las poblaciones.

El litigante explicó que la población ha sido consultada en base de presiones, engaños, manipulaciones, sin la información suficiente sobre el proyecto y hasta agresiones en contra de los pobladores que se oponen a la obra.

Espinoza Hernández explicó que varios juicios de amparo contra este gasoducto aún siguen en trámite y que incluso, uno pide la cancelación definitiva de la obra, pues su misma planeación “está llena de irregularidades y no todas pueden ser subsanadas”.

Respecto al caso de Puebla, indicó que están en proceso tres juicios de amparo interpuestos por pobladores de Chila de Juárez, municipio de Honey; San Pablito, en Pahuatlán y Cuautepec, en Tlacuilotepec.

“En muchas de estas comunidades hay casos donde el gasoducto atraviesa por las salas o baños de las casas, lo cual significa que se van a tener que destruir, porque el ducto mide un metro de diámetro, pero debe tener 50 metros de protección a cada lado, por lo que esas casas serán destruidas y no aparecen en la evaluación de impacto que presentaron” – explicó el abogado.

Para el juicio interpuesto por pobladores de Cuautepec, el Juez Segundo de Distrito concedió desde un principio la suspensión provisional, tanto en el procedimiento de consulta a los pobladores como de la construcción del gasoducto.

Mientras que, para la demanda interpuesta por pobladores de San Pablito, a mediados de noviembre el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Juzgado Tercero de Distrito otorgar la suspensión provisional y la semana pasada se confirmó la resolución.

“En este momento, la empresa no puede construir el gasoducto en estas dos localidades porque violaría el ordenamiento judicial. Y si en un momento dado, la empresa busca otro trazo que no sea pasar por ahí, lo podría hacer, pero eso implica volver a tramitar todos los permisos, lo cual le retrasaría varios meses” – dijo Raymundo Espinoza.

“Esto quiere decir que, si bien la empresa tenía el compromiso de entregar la obra el 1 de enero de 2018, esto ya no lo van a poder cumplir por las suspensiones que ya tenemos, pero además, porque no lograron tener los permisos de todos los propietarios de terrenos, ni hacer todos los cambios de uso de suelo que requerían”.

La suspensión del proceso de consulta a la población de San Pablito es para que los afectados reciban información “completa y pertinente” respecto al proyecto, así como del impacto socio-ambiental derivado de su construcción y operación.

El juez aclaró que, de no ordenarse la suspensión de la obra, se violaría de manera irreparable los derechos a la “libre autodeterminación, autonomía, biodiversidad, agua, identidad cultural, información, participación en asuntos públicos, consulta y consentimiento” de los pobladores otomíes de San Pablito.

Raymundo Espinoza adelantó que, antes de que termine el año, presentarán otras cuatro demandas a nombre de pobladores de otras localidades. Su objetivo es sumar más demandas, al menos cinco por mes, para detener la obra.