Pobladores de Ixtacamaxtitlán viajarán a Canadá para “frenar proyecto de muerte” de Almaden Minerals

Esta semana, cuatro pobladores de Ixtacamaxtitlán viajarán a Canadá con la intención de frenar la instalación de la mina a cielo abierto para extraer oro y plata en sus comunidades, el cual ha sido considerado como un “proyecto de muerte”.

Ignacia Serrato, Francisca Zamora, Alejandro Marreros e Ignacio Carmona sostuvieron que el proyecto de Almaden Minerals traería daños irreversibles al medio ambiente, a la salud y violaría los derechos humanos.

Durante su visita a Canadá, los afectados dialogarían con quienes tomaron las decisiones, inversionistas y aliados de otros movimientos sociales internacionales, a quienes les presentarán los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en las comunidades de la región.

Científicos y especialistas en medio ambiente e investigación empresarial se encargaron de hacer estos estudios, contando con el respaldo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), las organizaciones Poder, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida,  Atcolhua y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

En el estudio se determinó que los derechos humanos al agua potable, la salud y a un medio ambiente sano en la zona están parcialmente garantizados, y que la operación de la mina a cielo abierto que planea Almaden Minerals implicará daños irreversibles para estos derechos, así como para todo el ecosistema.

Almaden Minerals obtuvo la concesión por medio siglo para explorar las tierras desde 2011, sin embargo, para esto necesita los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), a lo que se suma que la movilización social mantiene frenado el proyecto.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió el trámite que ingresó la Minera Gavilán para hacer lo mismo en el municipio de Libres.

Actualmente, la empresa canadiense Almaden Minerals, es dueña del 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla.

La mina de Ixtacamaxtitlán se encuentra ubicada en la cuenca del río Apulco, a pocos metros de la comunidad de Santa María, afectando de forma directa las tierras de cultivo de la población de Loma Larga.

La directora de Vinculación Estratégica de Poder, Eugenia López, informó que se encuentran en la fase de exploración, y que con la minería a cielo abierto, se quitaría de un tajo todo el monte, se usan muchísimas sustancias químicas y se requiere mucha agua para poder estará lavando los metales que se extraen.

Agregó que “hay una obligación de las empresas por una debida diligencia de los derechos humanos y queremos ir a visitar a inversionistas allá y al propio gobierno canadiense para llamarles la atención sobre lo que está pasando acá con una empresa de su país y apelar a la prevención para evitar abusos más graves en la mina de Ixtacamaxtitlán”.

López mencionó la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues al tratarse de pueblos originarios debieron ser consultados sobre el proyecto.

En el convenio se establece la consulta de las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, por medio de procedimientos apropiados a los interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

La representante del Poder indicó que esto se exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia federal a la que también se le solicitó que la empresa Almadens Minerals efectuara una consulta previa a la población indígena.

Por su parte, la transnacional minera argumenta que los terrenos donde se instalará la minera son sitios “vacíos”, con uso de suelo “nulo”, a pesar de que el municipio cuenta con 25 mil habitantes que realizan actividades productivas.

López espera que, tras el juicio de nulidad que interpuso hace un mes, las autoridades vean que existe la oportunidad de prevenir y que reconsideren la concesión que se ha dado.

“Es una oportunidad de que se mejoren las políticas en México, no puede ser que se den las concesiones, aunque las empresas no se están comprometiendo ni cumpliendo con las responsabilidades que tienen éticamente, moralmente y normativamente”.

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