Quien votó por abrirle mayor terreno a las fuerzas armadas, es cómplice de ejecuciones, tortura y desapariciones; las violaciones de DH serán legales: María Salazar

(01 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En junio de 2013, el domicilio de J.C.S.B. fue allanado en dos ocasiones por elementos de la Marina.

La madrugada del 9 de noviembre de 2013 esto se repitió, pero esta vez él y cuatro personas más, una de ellas menor de edad, fueron detenidos. Durante la detención los marinos le taparon los ojos, le amarraron las manos y lo llevaron a una bodega sin ventanas y poco iluminada.

J.C.S.B. fue torturado mediante golpes, choques eléctricos, asfixia y abuso sexual. Él y los otros detenidos fueron acusados por la PGR por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y delitos contra la salud, siendo absueltos en marzo de 2015.

Al respecto, la CNDH emitió, el 14 de septiembre de 2016, la Recomendación 43/2016 a la Secretaría de Marina por violaciones al derecho a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal, y al acceso a la justicia y tortura.

“Este tipo de violaciones a Derechos Humanos serán frecuentes, en muchos momentos se está ya hablando que se determinará si una manifestación o acto de protesta atenta o no contra la paz, pero también podrán allanarse hogares, como ya se hace pero ahora habrá una mayor protección para soldados y Marina.

Ahora las violaciones de Derechos Humanos son legales, porque no podemos esperar a un Senado defensor del pueblo. Nunca lo han sido. Y si antes no se les investigaba en lo mínimo a las fuerzas armadas, ahora serán defendidos aún más con una ley que los respaldará”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, la derechohumanista Ana María Salazar.

El fracaso de las políticas de seguridad del Estado mexicano no ha pasado desapercibido para las instancias internacionales de derechos humanos, las cuales tuvieron continuidad con Enrique Peña Nieto, después que Felipe Calderón las instaurara.

Y ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad que se ha calificado como inconstitucional, organizaciones internacionales se pronunciaron y pidieron al Congreso a rechazarla, por regular el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, ya que indicaron, “sentaría un precedente negativo en América Latina, pues pondría en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos” que se han aprobado recientemente en el país”.

Sin embargo, dicho pronunciamiento en ningún momento fue tomado en cuenta y este jueves con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones se aprobó en lo general y lo particular.

Once organismos extranjeros liderados por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Robert F. Kennedy Human Rights, manifestaron su preocupación ante el avance de la ley de seguridad interior, la cual “militarizaría” al país.

“Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos a consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso continuo de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

En el contexto de dicha estrategia hemos comprobado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo grupos militares, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”, argumentaron.

En los últimos años, diversos mecanismos han emitido relevantes informes y recomendaciones en torno a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad: tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), después de sus visitas in loco, propusieron coincidentemente el retiro paulatino de los castrenses de las funciones de seguridad pública y preservación del orden interno.

“Ningún mexicano o extranjero bien informado podría cuestionar la realidad de las violaciones a derechos humanos de civiles, la cuales incluyen tortura y muertes cruentas que fueron perpetradas en varias ocasiones por las fuerzas armadas.

Y quien pese a saberlo, porque ha sido difícil de esconder, vota una ley que abrirá mayor terreno a las fuerzas armadas, es entonces un cómplice de las ejecuciones, la tortura y las desapariciones y no solamente eso, también insta a que se mantengan como métodos de represión y control social, porque solamente así se explica aprobar una ley violatoria de derechos humanos y antes de esto ya inconstitucional”, comenta la derechohumanista.

Cabe señalar que, por ello, tanto el Relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christoph Heyns, como el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Hussein, han recomendado a México transitar de un modelo de seguridad de corte militar a un modelo de seguridad de corte ciudadano mediante un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas ajenas a su naturaleza.

En diversas entrevistas el general secretario de la Defensa Nacional ha reiterado que las tareas de seguridad no son propias del Ejército y que los castrenses han sido expuestos por una política en la que las instituciones civiles no ponen ni han puesto de su parte. “Sin embargo, eso no es más que parte de la demagogia, porque nunca se ha impuesto a negarse a que los militares sigan en la calles, él también urgió que se diera paso a la ley y nunca se vio de lado de la familias de las víctimas, pidiendo que volvieran los militares al cuartel”, indica Salazar.

En tanto, el Grupo Parlamentario de Morena se pronunció la mañana de este jueves en contra del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, porque sus integrantes no están de acuerdo en que el Ejército y la Marina hagan trabajos de seguridad pública, porque su labor fundamental es proteger la soberanía nacional.

“Espero que los partidos que tienen contemplado votar a favor, hagan un análisis porque van a meter al Ejército, a una institución que tenemos de cuidar, a un desgaste; la van a meter a una confrontación con los ciudadanos. Y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque así ha pasado en todos los países del mundo”, advirtió la diputada Rocío Nahle García.

En el marco de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, donde se discutió el dictamen, la Coordinadora de la bancada de Morena recordó que cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico, las Fuerzas Armadas fueron sacadas a las calles, por lo que ahora es necesario dotarlas de respaldo legal.

“La violencia en las calles está desatada. Ahí está la Marina, está el Ejército afuera y esta propuesta de ley, pues el Ejército dice: ‘oye, estoy afuera y no tengo elementos jurídicos’”, recalcó la también Secretaria de dicha Comisión. 

Al respecto, subrayó que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior es contrario a lo que dictan los tratados internacionales suscritos por el Gobierno Federal y a las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque se militarizan las calles, al darle apertura a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. 

Nahle García sostuvo que si bien el Ejército y la Marina están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas para ejercer dicha labor, se ha demostrado que una vez que éstos salen a las calles siempre hay problemas. Con este dictamen, agregó, sin duda los derechos humanos serán trastocados. 

“Este colectivo (Seguridad Sin Guerra) está dando una cifra muy importante: de 190 quejas por año que se tenían en la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes del 2006, hoy llegamos a mil 75 quejas por año de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, etcétera”, enfatizó en compañía de los diputados Sandra Luz Falcón y Alejandro Ojeda, también de Morena.

La legisladora federal por Veracruz resaltó que con la nueva Ley de Seguridad Interior se permitirá la intervención del Ejército en marchas y manifestaciones, siempre que haya una Declaratoria de Protección, lo que confirma que las Fuerzas Armadas seguirán en las calles.

Asimismo, comentó que el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de hacer una propuesta más integral junto con el Ejecutivo Federal y las Fuerzas Armadas, sobre todo porque la discusión ya lleva más de un año.

“En África, en América Latina, donde el Ejército ha estado en la calle, donde ha tenido que intervenir, incluso en muchos casos hasta para suplir a las propias fuerzas del Estado, es anti natura para una sociedad, para una comunidad. Para qué debería estar el Ejército”, concluyó.

Sobre el tema, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, Jan Jarab, alertó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.

Puntualizó que “no sólo desde la visión de derechos humanos, sino de la misma perspectiva de pura seguridad”, los resultados de los últimos diez años de guerra contra el narcotráfico “son tristes”.

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