(22 de diciembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO). – La práctica de la tortura continúa siendo generalizada y sistémica en México; a pesar de la aplicación del sistema penal acusatorio, de contar con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (Ley General) y la creación de Fiscalías Especiales para la Investigación del Delito de Tortura. 

“Esta violación a derechos humanos se sigue cometiendo de manera cotidiana en nuestro país, ya que se encuentra totalmente arraigada entre los diferentes cuerpos policiales, así como en los funcionarios encargados de la procuración de justicia, quienes la ocultan en vez de investigar eficazmente”, asegura el Centro de Derechos Humanos Frayba.

Un ejemplo de cientos, es la historia de Humberto, indígena tojolabal, perteneciente a la comunidad de Las Margaritas, en Chiapas. En 2014, fue detenido. La comunidad en la que vivía mantenía un problema entre grupos religiosos y aquel año, esos choques derivaron en un enfrentamiento.

Durante los hechos violentos, Cristina recibió una pedrada en la cabeza, lo que causó su muerte. De inmediato las autoridades comunitarias detuvieron a Pascual y a Humberto, a quienes llevaron ante el Ministerio Público y aseguraron que eran quienes habían cometido el crimen. Ahí, advirtieron a las autoridades que, si no ejercían justicia, la población lincharía a los dos hombres. 

“Lo que el Ministerio Público hizo fue omitir que fue un enfrentamiento y construyó una versión para poder justificar una violación y hasta un feminicidio, escondiendo el problema colectivo. Las autoridades señalaron que, Pascual tenía una relación con Cristina y como ella quería casarse con él, planeó matar a la joven y para ello pidió a Humberto que lo ayudara en el asesinato. Esa fue la versión que construyó el MP. 

“Nosotros como activistas pasamos mucho tiempo haciendo una investigación del caso y recabamos documentación y testimonios. Algunos testigos señalaron que se trató de un enfrentamiento y no de un problema sentimental”, comentó en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO el abogado Gilberto Miranda, responsable del proyecto internacional Sociedad Civil Unida contra la Tortura.

De acuerdo a las autoridades, Pascual era el principal sospechoso, por lo que un grupo de policías, supuestamente, dio paso a la detención. La cual se logró justo antes que se diera a la fuga. “En la carpeta se dijo que lo encontraron en un crucero carretero; los elementos le preguntaron si él había matado a Cristina, respondió que sí y señaló a Humberto, quien se dijo estaba a su lado y que -supuestamente- confesó que él se había ofrecido a ayudarlo”, narra Miranda.

Es por eso, que los detienen y llevan al Ministerio Público, donde terminan de confesar, presuntamente, la manera en que cometieron el feminicidio, señala el activista. Sin embargo, Frayba señala con elementos de pruebas a este medio que, la policía nunca estuvo en el lugar de los hechos y fueron las autoridades comunitarias quienes acusaron a los dos hombres de la muerte de Cristina.

Reitera que el Ministerio Público construyó una ‘versión’, la cual armaron en cuestión de horas. Además, agregan que, cambiaron las horas de detención, para que se amoldaran a la historia. “Pero lo que realmente pasó es que a los dos hombres, los metieron en un cuarto y los torturaron física y psicológicamente por tres días. Después de eso los enviaron al Cerezo 10 de Comitán, Chiapas”.

La tortura -de acuerdo a lo que documentaron los activistas de Frayba- incluyó severos golpes en el cuerpo, toques eléctricos, bolsas en la cabeza para provocar asfixia, mientras los presionaban a firmar una declaración.

Finalmente, Pascual señaló que fue él quien aventó la piedra contra Cristina, pero “de manera circunstancial” ya que en el momento del enfrentamiento “le tocó a esa persona”. Él salió libre, porque un abogado particular llevó su defensa y logró su libertad, explicó Miranda. 

El activista agregó que, “Humberto, incluso refiere que cuando fue obligado a firmar la declaración que después lo inculparían de feminicidio, tenía una bolsa en la cabeza. No tuvo nada que ver en el crimen, pero aún se mantiene en prisión por no tener dinero”.

Los activistas señalan que, inicialmente cuando enviaron la denuncia por tortura a la Fiscalía General, ésta lo turnó a la Fiscalía de Las Margaritas, donde se solicitó una investigación del caso por tortura; “resulta que, en esas oficinas, el Ministerio Público que le tocaba integrar los datos del caso, anteriormente estuvo en la Fiscalía de ‘La Concordia’, donde fue acusado de cometer tortura. Entonces la práctica y la investiga”. 

Sobre el tema, Jorge Hernández, integrante del equipo Internacional del Frayba, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que desde Tijuana a Yucatán no existe duda que la tortura se sigue manteniendo como una práctica generalizada. 

“Ya es una cultura enraizada dentro del sistema de investigación judicial en el país. Hay una población bastante vulnerable respecto a este tema, sobre todo pueblos indígenas, migrantes y mujeres. También se debe reconocer que así es como también se ha criminalizado la pobreza, porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener un abogado que los pueda defender y por eso son vulnerables a ser víctimas de tortura”, asegura el Defensor de Derechos Humanos. 

Explica que, también existe la estigmatización de jóvenes; siempre ubicándolos como grupos delincuenciales, mientras usan el argumento del “combate al crimen organizado” para la aplicación de la tortura.

Hernández, señala que abogados que han expresado su experiencia en litigios sobre tortura, explican que muchos de los acusados están relacionados con el crimen organizado, sin embargo, en el proceso jurídico y la investigación se han percatado que estos casos “han sido inventados bajo tortura, en un contexto donde el Estado está obligado a presentar ejercicios de seguridad pública y tienen que presentar detenidos independientemente de quienes sean”. 

Reitera que, bajo dichas circunstancias, mujeres, migrantes, indígenas, jóvenes, son la población más vulnerable a este tipo de acusaciones falsas y por ende en ser víctimas de tortura. 

“Se supone que el nuevo Sistema de Justicia Penal es mucho más rápido y transparente, ya que existen muchos más controles tanto de seguimiento de custodia del detenido como seguimiento de pruebas. Pero quienes ejecutan este proceso de guarda y custodia de personas y pruebas no tienen la capacidad para hacerlo. 

“Es en esos vacíos en donde todavía se sigue ejecutando la tortura. En los traslados, aunque ya están obligados los policías a registrar inmediatamente la hora de la detención y la guardia de custodia, no se respeta. Hemos visto que se inventan los horarios de detención, se inventan los trayectos de custodia. Es en esos espacios, donde se tortura a las víctimas”, explica Hernández.

De junio de 2017 a junio de 2018, según documentación del Centro de Derechos Humanos Frayba, en Chiapas se han registrado 40 eventos de tortura en los municipios de Chiapa de Corzo, Chanal, Chenalhó, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Motozintla Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez y Reforma. 

Es importante mencionar que durante el mismo periodo el Frayba documentó 10 hechos de tortura en el estado de Tabasco, en los municipios Centro (Villahermosa) y Huimanguillo.

De los 40 eventos registrados en ambos estados: en 39 las víctimas son hombres y una mujer; 30 sobrevivientes son mestizos; 5 de ellos migrantes de Centroamérica y 10 pertenecen a un pueblo originario (tseltal, tostsil y tojolabal). Según la documentación 7 de los sobrevivientes sufrieron tortura sexual.

En Chiapas, la tortura sigue siendo parte de un método de investigación; si bien hay avances en algunas corporaciones policíacas a nivel nacional, como pueden ser algunas policías federales, algunos agentes de migración o fiscalías, a nivel local “siempre vimos la falta de voluntad del gobierno de Manuel Velasco Coello para tener una política clara en el combate a la tortura”, señala Hernández.

A esto se suma que se desconoce la ley General para prevenir y sancionar la tortura y sus obligaciones. “Si bien han creado la Fiscalía para atención e investigación de los hechos de tortura, solamente ha sido porque se les obliga, no tienen opción. 

“Cuando estuvimos con el fiscal de Chiapas, que investiga casos de tortura, nos dijo que la Fiscalía se creó porque lo demandaba la ley, pero en realidad no tenía ni la capacidad, ni el personal, ni el presupuesto y con el cambio de administración no sabía si continuaría al frente”, recordó Hernández.

 El Fiscal les explicó a los defensores de Derechos Humanos de Frayba, que solamente hay dos médicos y dos psicólogos, por lo que no se dan abasto para la atención de víctimas de tortura; “pero hacemos lo que podemos”, se justificó. 

 Jorge Hernández agrega que el anterior, es un ejemplo de cómo una ley los obliga a crear una Fiscalía y lo hacen para cumplir con el requisito, pero no tiene la intención de erradicar la tortura. 

“Tienen una parte nominativa trabajando a medias, con poco presupuesto, con poco personal y con incertidumbre si serán ellos quienes sigan en la siguiente administración”. 

Preciso es mencionar que la ley tiene tres elementos respecto al tema de tortura: Presentación de la denuncia por querella; al ser un delito grave también es por oficio y también por vista, es decir, que el juez o alguna autoridad que conozca un hecho de tortura tiene que comunicarlo al Ministerio Público.

Esto último ha obligado al Ministerio Público a tratar de investigar los hechos de tortura, sin embargo, solamente abre las carpetas de investigación por probables delitos, y muchas de éstas se quedan estancadas en el registro del detenido, en una revisión médica general, sin aplicar los criterios que les marca la ley. 

Negando una revisión adecuada, investigación del perpetrador, aplicación del protocolo de Estambul por un médico y psicólogo -peritos en la materia-.

Otro problema que se presenta, es cuando se pide el Protocolo de Estambul, ante la PGR o la CNDH, la primera instancia acepta hacer el peritaje, pero programan la cita hasta con tres años de espera. 

“Es real, tenemos en nuestro poder el oficio de la PGR donde acepta que tiene que hacer el peritaje porque además lo marca la ley, pero la agenda hasta después de tres años. Entonces, personas que han sido víctimas de tortura y que no tienen la posibilidad de una defensa adecuada o que solamente tienen un defensor de oficio, se quedan esperando esos años para que se les practique el protocolo de Estambul mientras tanto, están en prisión y la carpeta de investigación detenida”, comenta Hernández. 

Y es que, los ministerios públicos han considerado que el protocolo de Estambul es la única prueba o instrumento que se tiene para investigar tortura, aunque no es así. Se tendría que investigar a los presuntos perpetradores, el contexto y si hubo más testigos, si hubiera más implicados y otro tipo de lesiones, también cuenta el hecho que una persona sea hombre, mujer, indígena, esto, indica, puede dar pie para seguir investigando un hecho de tortura.

“Sin embargo, hemos visto que todo se basa en el protocolo de Estambul como si este fuera un elemento mágico. Es por esto, que las familias de personas que no han tenido una defensa adecuada y existe la posibilidad de que hayan sido torturadas se han organizado, al menos en Chiapas, para crear colectivos de ayuda para poder compartir sus estrategias jurídicas, pero también el acompañamiento psicosocial, por medio de peritos independientes de organizaciones como Frayba”. 

Con estas acciones pueden presentar dicho peritaje durante el juicio. Aunque se suma un problema, ya que hay casos donde los jueces ni siquiera conocen la existencia del protocolo de Estambul, ni su estructura y tampoco lo que esto representa. 

Los activistas del Frayba ejemplifican lo anterior, mencionando un hecho reciente, en un juzgado en el norte de Chiapas, tanto el médico como el psicólogo asistieron a ratificar el protocolo de Estambul, “pero el juez no tenía ni remota idea de lo que era este proceso. 

“Ambos especialistas tuvieron que decirle que estaba en la ley General para prevenir y sancionar la tortura. Le enseñaron en ese momento al juez la Ley y lo que es el protocolo de Estambul, cómo se realiza y por qué ellos estaban ahí para ratificarlo”.

Miranda señala que, a este este tipo de situaciones se le suma que la investigación por tortura no procede porque para que se pueda investigar un delito se tienen que presentar dos testigos. “¿Y a quién vas a presentar?, ¿a los dos torturadores?”.

Por su parte, Hernández señala que también hace falta capacitación de policías municipales, porque son quienes tienen muy poca formación académica, muy poco salario, muy poca formación policial, tampoco saben de derechos humanos, ni del debido proceso, tampoco lo que significa trato diferenciado, “porque no es lo mismo la detención de un hombre, que, de una mujer, pero también es diferente cuando se trata de una persona indígena o de la comunidad LGTB”.

Esta misma situación, también es padecida en contextos como los de Oaxaca y Guerrero, donde existe mayor número de comunidades indígenas campesinas, con presidentes municipales que llegan al poder por acuerdos políticos, explica Hernández, donde también los policías están involucrados en temas de crimen organizado y a quienes también les piden una cuota respecto a personas detenidas o cuotas por combatir cierto delito y es por ello que tienen que presentar culpables.

Es ahí donde, indican, surge un vacío respecto al protocolo de actuación oficial, tienen que cumplir con un procedimiento y protocolo establecido para todo y los policías lo desconocen. Esto sucede en municipios que podrían estar perdidos en la montaña. “Es ahí donde hemos encontrado casos de tortura por parte de policías municipales y que para ellos es normal actuar así porque nadie les ha dicho que no lo tienen que hacer.

“Hemos encontrado víctimas que ven los malos tratos y la tortura como hechos normales; ‘es que así son en el municipio’, tenemos que decirles que lo que han padecido es tortura y es empezar otro proceso con las víctimas para hacerles saber que los que les pasó es grave y es una violación a Derechos Humanos o en otros casos también indicarles que fueron víctimas de tortura sexual, un tema de tabú muy fuerte sobre todo en comunidades indígenas”. 

Para las mujeres la tortura sexual es grave por el sistema patriarcal que todavía existe, “nos hemos encontrado tortura sexual en hombres y eso es otro tabú muy grande. De por sí entre hombres mestizos con cierto nivel de estudios hablar sobre afectaciones a la sexualidad es complicado, hay que imaginar a un indígena que ha sufrido tortura sexual. 

“Han sido mucho más fuertes las mujeres al denunciar la tortura sexual pero los hombres se callan porque al final regresarán a su comunidad y van a tener encima todo este estigma. Hemos tenido muchos casos donde nos dicen sí sufrí tortura sexual pero no quiero que esa parte de sepa durante mi declaración. Y se callan completamente”, señalan los activistas de Frayba.

A esto se suma, la denuncia que es acompañada de otro proceso de revictimización con los ministerios públicos, donde los médicos legistas incluso hacen comentarios como: “¿te dolió?”, “¿te gustó?”. 

“Hacen su trabajo, pero sin sensibilidad con los sobrevivientes de tortura. Además, lo que nosotros queremos es que no se queden en la parte de ser víctimas, sino que pasen todo un proceso para llegar a ser sobrevivientes, que implica aceptar que se vivió un hecho traumático, aceptar que no se es culpable de ese hecho porque no es legal y después ser defensor de su propio derecho.

Porque la Fiscalía nunca ve al individuo como víctima de tortura y tampoco toma en cuenta su contexto en el cual fue detenido”, agrega Hernández.

Miranda afirma que, la Fiscalía está compuesta por una red de impunidad. No se duda que haya tráfico de información hacia las Fiscalías especializadas que están siendo investigadas, en ministerios públicos y otras instancias.

“Inclusive la misma Fiscalía contra la tortura para poder construirla no formó a otros fiscales sino fue sustrayendo a los que ya pertenecían a otras fiscalías, quienes llevan toda esta tradición de impunidad, corrupción y tortura, cuando para poder hacer un verdadero trabajo debería de haber una parte más humana, y no convertir a las víctimas en delincuentes sin pruebas ni fundamentos”, sentencia.

Se asegura que, los Centros de detención como las estaciones migratorias, cárceles, centros de alta seguridad, centros administrativos de detención, separos municipales, centros de menores infractores, hospitales psiquiátricos y otros centros de detención continúan siendo espacios en donde se fomenta y justifica la tortura en México. En estos espacios la tortura es tolerada por el Estado mexicano y no existe ningún respeto ni garantías de protección de los derechos humanos de las personas que están bajo su custodia, asegura el Frayba.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.