(03 de febrero, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La brutalidad con la que las fuerzas de seguridad pública en sexenios pasados han tratado a las mujeres solamente habla de un salvajismo permitido y de un odio hacia el género acrecentado por el poder otorgado a los elementos.
“Sin dejar pasar que pareciera ser que se les dio la indicación de no respetar los derechos humanos, de otra manera no se explican los actos crueles y sanguinarios que se replicaron en todo el país y de una manera brutal”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Alejandra Sánchez. 
De acuerdo a los estudios e investigaciones de defensores de Derechos Humanos y organizaciones civiles, una de las prácticas más comunes, que lograron identificar a raíz de una detención arbitraria de las mujeres, fue la desnudez forzada, que deja a la víctima en un estado de mayor vulnerabilidad e indefensión al verse expuesta ante sus captores sin ropa o sin prendas que cubran las zonas sexualizadas. 
Lo cual, se ha explicado ha sido acompañado de insultos misóginos o de hostigamiento sexual. A esto se suma de actos violentos cometidos directamente en “zonas sexualizadas” con la finalidad de infligir dolor.
En esta categoría se han agrupado los actos consistentes en mutilación genital, golpes severos en genitales, pechos, senos y/o nalgas y descargas eléctricas aplicadas en estas zonas.
“Por la característica de este tipo de actos, consideramos que la finalidad es infligir dolor, al tiempo de denostar el cuerpo de la mujer”, se ha señalado en el informe Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, consultado por Revolución TRESPUNTOCERO.
‘SME’ fue detenida el 16 de marzo de 2006 a las 10:00 horas, por agentes de la Policía Estatal mientras se dirigía a su domicilio ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. 
Después de golpearla de forma brutal, le quitaron la ropa interior y se burlaron de un lunar grande que tiene. Ella comenzó a escuchar como subían y bajaban la navaja de un cutter por esa zona de su cuerpo y en ese momento sintió que la cortaron. 
Enseguida sintió muy caliente, pues su labio vaginal había quedado desprendido. Los policías le dieron toallas sanitarias y justificaron el sangrado diciendo que estaba en su periodo menstrual.
La tortura sexual ejercida contra mujeres bajo custodia de las distintas fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la política fallida de seguridad militarizada no es excepcional, sino que ocurre con preocupante regularidad, advierte el documento.
En el caso de ‘BLGA’, quien fue detenida el 15 de agosto de 2015 a las 23:30 horas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por elementos de Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas (Fuerza Tamaulipas), después de ser amenazada, insultada y golpeada, la quisieron obligar a tocar diversas armas y ante su negativa, le aplicaron descargas eléctricas en la vulva.
“La tortura ha sido básica, principalmente la sexual en contra de las mujeres que han sido detenidas además es excesiva llegando en muchos casos a la violación sexual. La cual es ejercida por varios elementos de seguridad o fuerzas armadas contra una víctima. 
“Lo cual es solapado principalmente por los médicos legistas quienes pueden ver a una mujer a punto de morir por la tortura y decir que no ha sido ultrajada. Que no ha habido ningún tipo de daño, le siguen los jueces quienes pueden tener frente a ellos a mujeres torturadas y fingir que no están viendo sus heridas, la sangre que ha quedado en sus cuerpos, los golpes”, agregó la activista.
En el caso de ‘GMT’, quien fue detenida por policías ministeriales del Estado de México el 08 de abril de 2015 mientras se encontraba en el estacionamiento de una tienda, fue insultada, golpeada y violada sexualmente en más de una ocasión. 
Uno de los policías le lamió el cuello, además le mordió fuertemente el pezón izquierdo, lo que hizo que sangrara. “Tenemos conocimiento de 8 mujeres que se ubican en este supuesto, pues recibieron descargas eléctricas tanto en pechos como en genitales”, se informa en el documento.
Es el caso de ‘SMCM’, fue detenida el 9 de mayo de 2013 a las 22:30 horas mientras se encontraba en una cafetería ubicada en San Luis Potosí por elementos de la Marina, quienes la llevaron a un lugar clandestino. 
Además de sobrevivir a golpes y tocamientos en pechos y vulva, fue desnudada de manera forzada en tres ocasiones. 
Primero mujeres de la Semar la obligaron a desnudarse frente a otros dos hombres sin motivo aparente; en una segunda ocasión, fue obligada a desvestirse mientras le tomaban fotos por delante y por detrás, riéndose de ella; y en una tercera ocasión, para bañarse frente a un marino. 
“Lo urgente es, además del castigo de los elementos, prevenir. Esto no puede repetirse durante un sexenio más. Si hay voluntad política y humanismo en el gobierno actual entonces se debe ver reflejado en la manera en que las fuerzas armadas y de seguridad pública se conduzcan, finalmente el dirigente máximo, ha señalado que no busca reprimir.
“Las denuncias en instituciones que ahora sí investiguen y hagan justicia también son importantes. Este gobierno no se puede dar el lujo de tener burocracia que humilla y revicitmiza a las mujeres agredidas. Sin embargo, también se deben atender los casos de mujeres torturadas en sexenios anteriores. Revisar la cadena de mando que es uno de los pasos más importantes para llegar a la justicia”, agrega la activista.
Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh, señaló la existencia de un patrón claro en estos actos: la detención ilegal de las mujeres -en 27 de 29 casos en presunta flagrancia– sin que se les informe de los motivos. 
Su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente -por medio de violación, abuso sexual y tocamientos-, aparejada a su retención injustificada -en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días-. 
La presentación ante el Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones -que posteriormente son registradas en el primer lugar de reclusión-; y un proceso en el que son base las ilícitas “confesiones” y otras pruebas obtenidas bajo tortura sin que las y los jueces investiguen estas circunstancias.
En tanto, la ONU en voz de Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que si México quiere transformarse en una sociedad distinta con base en el Estado de derecho tiene que erradicar la tortura y terminar con el encubrimiento sistemático de su práctica. 
“Tienen que acabar la negación y la estigmatización de las víctimas y los defensores, el cinismo y la demagogia de formadores de opinión pública que acusan a quienes lo denuncian de ser defensores de delincuentes. La tortura es un acto atroz que no se puede justificar”, enfatizó. Jan Jarab indicó que la dimensión de género en la tortura es fundamental en el contexto de México y Latinoamérica.
Un caso más es el de ‘IEFF’, detenida el 28 de agosto de 2015 a las 20:00 horas en Torreón, Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (gate) de Coahuila, mientras se encontraba en compa-ñía de su pareja y de su hijo de entonces 9 meses de edad.
Después de haber sido violada en dos ocasiones, refirió haber sido desnudada. Los agentes le tomaron fotografías y videos, amenazándola con subirlas a las redes sociales.
Entre las recomendaciones que se realizan para tomarlas en cuenta de manera urgente, se señala que el Poder Judicial debe garantizar la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura o cualquier otra violación de derechos humanos, asignando la carga de la prueba al Ministerio Público, y cumplir con la obligación de verificar el alegato de tortura, realizando un análisis de toda la información relevante disponible.
El Centro ProDH ha puntualizado que a la PGR se le recomienda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura, identificando patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos.
Así como trasladar la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura a la Fiscalía Especializada para investigar violaciones graves a los derechos humanos, en el tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República.

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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.