(10 de febrero, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante un año Esther y su hijo mayor recorrieron cada pueblo cercano a Chilpancingo, Guerrero. Abrieron y hurgaron en decenas de bolsas de basura buscando a Luis Geovanni, su hijo menor. Hace dos años y siete meses, el adolescente fue levantado por un grupo de hombres al salir de una cancha de futbol en aquel municipio. 
Luis Geovanni Rodríguez de Aquino tenía 15 años cuando desapareció. Aquella tarde él y tres adolescentes más estaban sentados en una banqueta, cuando un grupo de hombres que iban a bordo de un carro blanco los observaron al pasar frente a ellos. 
“Todos se dieron cuenta de lo que había pasado pero nadie dijo nada. Uno de ellos propuso ir a jugar futbol a una cancha que está a unas cuantas cuadras de la casa. Mi hijo estaba en chanclas, entró se puso los zapatos y me dijo que en veinte minutos regresaría para ayudarme. Nunca más lo volví a ver. 
“Ese día, me comentó uno de los muchachos que llegaron a la cancha pero no había nadie jugando así que decidieron regresar a la casa. Frente a la puerta del lugar estaba el mismo carro blanco estacionado. Ellos comenzaron a caminar rápido y casi para llegar a una calle donde el carro no podía entrar se bajaron y corrieron hacia ellos. Al único que pudieron levantar fue a Luis. Lo tomaron del brazo y lo subieron al vehículo”, narró Esther a Revolución TRESPUNTOCERO.
Desde ese día Esther emprendió la búsqueda de su hijo. Primero recurrió a la Fiscalía del Estado para interponer la denuncia. No se lo permitieron. “Me dijeron que ‘tal vez se había ido de pinta’, ‘va regresar al rato’, ‘tenía que esperar más tiempo’, 72 horas después me permitieron la denuncia y hasta la fecha no ha servido de nada”.
Esther también ha recorrido cerros y barrancas, sin resultado alguno. La tarde de la desaparición al enterarse del hecho le llamó por teléfono a su hijo. Luis respondió y le explicó que “estaba con unos amigos y pronto volvería a casa”. Ella asegura que el tono de voz de su hijo era de miedo y se notó que lloraba. Diez minutos después le volvió a llamar. El muchacho volvió a contestar y le dijo que estaba por llegar a su casa, la llamada se cortó abruptamente y no pudo contactarlo más. 
La madre, comentó que a raíz de la tragedia perdió su trabajo ya que se ha dedicado a buscar a su hijo ante la negativa de las autoridades ha hacer su trabajo. “Pero sola era imposible avanzar, hasta que conocí a los colectivos conformados por familias que se dedican a buscar a sus desaparecidos porque quienes tienen la obligación no lo hacen”, agregó.
Esther, entre lágrimas y desesperación relata que fueron dos días el tiempo que permaneció la alerta Amber en redes sociales después no solamente la bajaron sino que la Fiscalía publicó que el menor ya había sido encontrado. Pese a los reclamos de la madre nunca le dijeron por qué lo hicieron. 
“Ni siquiera se acercaron a mi casa para preguntar si había llegado o si estaban haciendo algo para buscarlo. Nunca me informaron algo sobre la investigación. Y no siendo esto poco, un ministerial dijo que seguramente mi hijo era ‘halcón’, si mi hijo hubiera estado metido en eso no lo hubiéramos buscado porque sabríamos que hizo mal. Somos gente pobre que vamos al día pero no por eso él era un delincuente y nadie de mi familia lo es. Lo busco porque somos una familia honesta”, dijo Esther. 
Dentro de las búsquedas que ha realizado Esther se encuentra la revisión de videos que se suben a la red. En uno de éstos creyó ver a su hijo. De inmediato fue a la Fiscalía para dar a conocer el dato. Le aseguraron que harían un relato hablado para compararlo pero no eso no pasó. Dos años más tarde y después de la constante insistencia de la madre, consiguieron la sábana de llamadas lo cual, comentó, “ya no servía de nada”. 
La búsqueda de Luis se ha extendido. Esther lo busca vivo o muerto. Por eso se ha integrado a las caravanas y brigadas de búsquedas organizadas por los diversos colectivos de familias de desaparecidos. 
“Mi hijo desapareció durante el gobierno de Peña Nieto y lo sigo buscando ahora en el gobierno de López Obrador. Veo una diferencia. El Subsecretario Alejandro Encinas no solamente habló con nosotros y escuchó nuestros casos, también nos acompañó.
“Supo el efecto que se produce cuando se descubre un cuerpo o restos óseos. Vio cómo la gente comienza a llorar desesperada porque puede ser su familiar. Las oraciones que le siguen a las lamentaciones también pudo escucharlas y cavó. Al parecer a él le tocó encontrar un cuerpo o restos. Es decir, estuvo en nuestros zapatos de alguna manera por un momento”, dijo Esther. 
Ella le narró el caso de su hijo a Encinas. “Le dije que soy muy pobre, fui madre y padre para él y mis demás hijos pero jamás les enseñé a que fueran gente deshonesta ni mucho menos delincuentes. Exigí que ahora sí se hagan cargo de la investigación y él se comprometió a que llamarán a cuentas al MP y a mi asesor para saber cómo iban las investigaciones. Él quedó de informarme lo que ha pasado con el caso. Espero lo haga”.
La madre añadió que solamente quiere encontrar a su hijo. “He agotado todos mis recursos físicos y económicos en su búsqueda. Quiero que me lo entreguen. No sé cómo lo vaya a recibir, lo quiero vivo o muerto como Dios me lo dé pero conmigo. Quiero verlo nuevamente, si lo mataron al menos que me digan dónde lo dejaron para que yo vaya por él. Yo iría a donde él estuviera”.
El trabajo del nuevo gobierno ha tenido aciertos pero también errores
En las brigadas de búsqueda, relató, se camina con nervios, tensión porque no se sabe cuándo se encontrará un cuerpo y como muchos, en mi caso lloro porque al mismo tiempo se siente miedo de que esos restos o ese esqueleto pertenezca a nuestros familiares. Lo que menos queremos es que esa sea la condición en la que los encontremos, dijo.
El primero de febrero pasado la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Guerrero dio por finalizados sus trabajos. En Huitzuco, “encontramos siete cuerpos que esperamos puedan ser regresados a sus familias”, señalaron a lo cual se sumaron casi 100 restos óseos y otras evidencias en fosas clandestinas en el estado.
La mayor parte de los hallazgos fueron encontrados en zonas de alto riesgo donde no se había buscado antes; otros restos humanos se encontraron en áreas que ya habían sido procesadas por las autoridades sin que se realizara una revisión a fondo.
La Brigada puntualizó que “es un esfuerzo de las familias ante un Estado que sigue mostrando falta de voluntad política,” señalando que “el trabajo del nuevo gobierno tuvo muchos aciertos, pero también muchos errores”.
El director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, José Filiberto Velazquez Florencio comentó a este medio que en el más reciente ejercicio de búsqueda de desaparecidos, el nuevo gobierno ha cumplido, por ahora, con escuchar a las familias de las víctimas. 
“Se debe señalar que el gobierno informó que en la búsqueda de la Segob participaron las familias, no fue así. La organización corrió a cargo de quienes buscan a las víctimas y fue la dependencia la cual de alguna manera se unió a esta Brigada. Apoyando así con recursos la movilidad e insumos de las personas. 
“Pero existe un problema de fondo que se encuentra en la parte orgánica operativa. Es decir con la Fiscalía y algunos periciales porque se descubrió que existe una gran omisión en los protocolos de aseguramiento de restos o el descubrimiento de éstos. Un ejemplo se dio cuando se vuelve a buscar en fosas donde se supone ya habían intervenido servicios periciales y sin embargo no encontraron lo que las familias sí”, explicó Velazquez.
Por lo que el activista indica que se debe profesionalizar el trabajo desde el nivel federal. Por lo que se pide un equipo nacional forense que pueda aportar, comentó, mayor profesionalismo en el manejo de restos y reforzar la búsqueda en vida. Así como prevenir dicha problemática “para no tener que estar después excavando para encontrar huesos”. 
Después de la búsqueda que realizó la Brigada, las familias pedirán al Subsecretario de Gobernación una mesa de diálogo donde se hable de los aciertos y anomalías, al mismo tiempo que se pide al gobierno federal sirva de mediador con el gobierno estatal para que ejerza las funciones que le corresponden en cuanto a búsqueda y prevención.
“Aunque sí se está intentando profesionalizar a las autoridades será complicado cambiar las acciones de una institución que no ha estado al servicio de las víctimas. A esto se suma la poca sensibilidad. Un caso son los peritos que participaron en la búsqueda, en algunos momentos externaron molestia, sin ser empáticos con la situación que se estaba viviendo”, dijo Velazquez.
El defensor de Derechos Humanos puntualiza que el cambio en este gobierno del darse en primer lugar garantizando que no sean los familiares quienes tengan que buscar a las víctimas. Además, señaló, se deben homologar a nivel nacional las estrategias de búsqueda y los protocolos de manejo de cuerpos y restos. 
Que el banco nacional de datos siempre funcione con eficacia y que también las familias se involucren en la búsqueda. Que no sean quienes tengan que organizarlas pero que sí se les pueda invitar y sean agentes activos. Además, agregó, se debe evaluar constantemente cualquier proceso que implemente el nuevo gobierno para no caer en “más de lo mismo”. 
El Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas 
A inicios de febrero el gobierno de México informó que resultado de un amplio proceso de consulta con familias de víctimas y con el acompañamiento y asesoría de diversos organismos internacionales, presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, “que parte del principio básico de nunca usar la fuerza del Estado para atender los problemas sociales y trabajar con pleno respeto a los derechos humanos”.
El presidente detalló que las acciones para dar cumplimiento a la ley darán atención a “un saldo doloroso, terrible de la política económica neoliberal… Esta es la consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en nuestro país”.
Durante la presentación del plan, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, destacó que el saldo actual de la tragedia es de 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar: “Eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país”.
Encinas Rodríguez indicó que el objetivo del plan “es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos”.
El plan consta de once puntos: Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB); un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); comisiones locales de búsqueda. 
Presupuesto 2019; Protocolo de Investigación y de Búsqueda; coordinación y Células de Búsqueda en Vida; Atención a Víctimas; se creará un Instituto Nacional de Identificación Forense. Así como el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI); habrá Asistencia Técnica Internacional y habrá Justicia y Tipificación del Delito.
Para el diputado federal por Guerrero, Rubén Cayetano, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas ha tenido una acertada definición de lo que significa la problemática de la desaparición forzada y las fosas clandestinas. 
“Hablamos del oprobio más grande que se ha recibido del régimen anterior. En particular en Guerrero es una de las tragedias más dolorosas y por ello se requiere un gran compromiso diligente de los servidores públicos que van a estar encargados de tareas titánicas”, señaló el también miembro de Subcomisión que da seguimiento al caso Ayotzinapa, desplazados y desaparición forzada a Revolución TRESPUNTOCERO.
También lanzó una petición al gobierno federal para que se llevan a cabo todas las diligencias que resulten necesarias, tanto las legales como por la vía institucional. Asegurando que dará puntual seguimiento al plan de trabajo que ha presentado Encinas.
Aseguró que se está entrando en una nueva etapa de confianza por parte de las familias de víctimas quienes han padecido el delito de desaparición forzada y quienes han encontrado a sus familiares en fosas clandestinas o aún los buscan. “Creo que hay credibilidad en Alejandro Encinas, es el hombre idóneo para encabezar esta investigación de búsqueda para llegar a la verdad y se haga justicia no solamente en el caso de los 43 jóvenes, sino en miles de casos”.
Subrayo que dentro de las principales tareas a implementar, está el ejercicio del 100% de los recursos destinados a las búsquedas y lo que se requiere para prevenir y combatir la problemática. “Porque el régimen anterior no usó ni el 10% lo cual resulta una ofensa para las familias de personas desaparecidas; es una burla no destinar los recursos para estas acciones que significan una cura moral y social para el país. Es un oprobio más, la revictimizacion desde el Estado mismo siendo omisos también en el ejercicio público destinado”.
Existe un alto grado de insensibilidad de autoridades encargadas de las búsquedas y exploración de fosas clandestinas
El diputado también se refirió a la existencia de un alto grado de insensibilidad y responsabilidad con la que se han manejado las autoridades encargadas de las búsquedas de personas y quienes tienen a su explorar fosas clandestinas. 
Sobre este punto, de acuerdo a entrevistas realizadas por este medio, las familias se han quejado constantemente de las humillaciones por parte de la Fiscalía, así como de policías que los acompañan a las búsquedas y peritos. 
“En muchos casos se trae la inercia del viejo régimen, de la prepotencia, el desdén, la nula atención y la falta de entendimiento del problema. Requerimos gente diligente y especializadas con alto criterio y sentido de responsabilidad, que busque la verdad en cada caso y la justicia. 
“No es algo subjetivo en el simple decir del derecho, que es atreves de las leyes como instrumentos de la justicia, que se pretende tener funcionarios con alto compromiso moral y con devoción hacia las personas que padecen este dolor. De altísima sensibilidad. No corresponde a ningún funcionario actuar con prepotencia sino mucha humildad para con las familias de las víctimas”, explicó.
Señaló que cada persona desaparecida es una inacción del ministerio público. Por lo que pidió a Encinas contagiar el sentido de humanismo y la sensibilidad en estos casos a todos los funcionarios que llevarán a cabo las diligencias de búsqueda de personas en fosas clandestinas y en otros puntos. 
Agregó que el Estado debe ser el conducto para llegar a la verdad y debe abolirse el riesgo de las personas que tienen la voluntad de buscar al su ser querido ausente. “Pero no son las familias quienes deben estar trabajando en esto -cavando fosas- aunque sea una impresionante lección de amor-
Eso debe de asumirlo el Estado porque debe ser humanitario y no con la rigidez del estado de derecho o del estricto cumplimiento de la ley, en casos de esta naturaleza esos discursos salen volando porque no son acordes ni consecuentes con la realidad de las personas que padecen este horroroso delito”.
El propósito debe ser, comentó, que las personas dejen de buscar por su cuenta y el Estado genere todo el aparato con el presupuesto suficiente para escarbar donde sea necesario llegar, garantizar las pruebas y garantizar que los testigos tengan certeza de que podrán seguir viviendo, porque “este país necesita sanar”, dijo.
Además, agregó que mientras no se sepa la verdad de lo que pasó con los 43 alumnos de Ayotzinapa, no habrá autoridad moral en México para impartir justicia. “A partir de esto poco a poco se puede ir resolviendo todos los demás casos que fueran posibles para consuelo de los familiares”.
De oficio abogado, una de sus mayores preocupaciones, indica el diputado, es que terminando su periodo en el Congreso regrese a los tribunales “y estén igual o peor y que las Fiscalías continúen con los mismos vicios. Por eso cuando aprobamos la ley general de la fiscalía yo dijo que a la cabeza de esa institución se merece estar un  abogado del buen decir del derecho. 
“Comprometido, diligente que se aplique a fondo porque no son las leyes ni los códigos, es la voluntad de un hombre que se comprometa, que haga trabajar a los policías, a los peritos, a los Ministerios Públicos y todo el instrumental técnico y científico. No un político fantoche y fanfarrón que solamente da declaraciones como nos tenían acostumbrados en el régimen anterior”.
Pidió que se hagan evaluaciones para conocer el grado de responsabilidad que tienen los servidores públicos y si cumplieron con éste de lo contrario, comenta, se deben cambiar y no solamente a la cabeza. “Debe haber una nueva mística en la procuración de la justicia, no podemos seguir así porque hasta ahora la idea clara es que en este país la justicia se compra”, puntualizó. 

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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.