(21 de febrero, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 12 de febrero de 2019, Diego López Méndez se presentaría a una audiencia que posibilitaría al Juez Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, César Rodríguez Robles, dictaminar su sentencia. Sin embargo el acto jurídico fue cancelado.

El joven de 26 años, fue víctima de tortura. Pertenece al pueblo tseltal y se encuentra en prisión desde hace 6 años, ocho meses. Su historia es representativa en una entidad donde la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, se han convertido en una sistemática violación a derechos humanos que vulnera a pueblos originarios.

Diego López Méndez, fue detenido arbitrariamente por Policías Ministeriales vestidos de civil, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 18 de julio de 2012, a las 14:00 horas aproximadamente. 

No le presentaron orden de aprehensión y no se identificaron. De acuerdo a su propio testimonio de Diego: Los policías le pidieron seguirlos, lo subieron en una camioneta blanca doble cabina, lo esposaron con las manos de frente y le exigieron auto inculparse al mostrarle la foto de una persona muerta que él desconoce. 

Lo trasladaron a otro lugar y en el camino lo amenazaron de muerte y golpearon en los oídos. Llegaron a un sitio que él identificó como posiblemente una Oficina de alguna Fiscalía donde continuó la Tortura, le pusieron una pistola en la cabeza simulando dispararle, tal como lo publicó Revolución TRESPUNTOCERO.

De origen chiapaneco, Diego es una víctima más de tortura durante el sexenio de Manuel Velasco Coello. Los agentes aprehensores trasladaron a Diego a un segundo lugar donde todo el tiempo lo mantuvieron con las manos esposadas y los ojos vendados, ahí se intensificó la tortura física y psicológica hasta obligarlo a autoinculparse:

“Me dieron un golpe con el puño en el pecho y en la espalda media, de ahí me quitaron la camisa y me empezaron a golpear con las palmas de las manos en el pecho y espalda, fueron muchos golpes, me movían de un lado a otro hasta que me caí, en el suelo me empezaron a patear en el estómago y pecho, cuando ya no aguanté los golpes les dije: – Si ya me acusó aquel está bien;  

-Pero vas a declarar que tú fuiste, me dijeron; respondí que sí, porque no me dejaban de torturar. Dijeron: -Tú fuiste. Les respondí: -Yo creo que sí. Ahí dejaron de golpear”.

Al joven le fabricaron el delito de homicidio. La persona que lo inculpó también denunció tortura para implicar a otros. Actualmente en espera de sentencia, enfrenta un proceso lleno de irregularidades jurídicas, entre ellas la violación del derecho de presunción de inocencia, no contar con interprete en su lengua y otras faltas al debido proceso.

De origen campesino, desde joven migró en busca de sustento porque la escasa tierra ya no alcanzaba. Al ser privado arbitrariamente de su libertad, su familia quedó en desamparo, en vulnerabilidad de sus derechos básicos de alimentación, salud, seguridad, entre otros y sin posibilidad de verlo cotidianamente. 

Además, al ser parte de una comunidad indígena les violentan derechos colectivos propios de su pertenencia cultural, ha informado el Centro de Derechos Humanos Frayba.

“La historia de Diego ejemplifica la discriminación y exclusión, por parte del sistema de justicia en Chiapas, carente de una perspectiva cultural que no toma en cuenta el contexto y las particularidades de una población sistemáticamente vulnerable. 

“A lo anterior se suma la indefensión igualmente sistémica de quien no cuenta con recursos económicos para defender lo que por derecho le corresponde y que las instancias del Estado encargadas de ello son inoperantes”, señaló el Centro a este medio.

Durante el 2018, ese Centro de Derechos Humanos, recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: 6 tseltales, 6 tsotsiles y un chol, quienes se encuentran en prisión.

En el Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en México, la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz reiteró que: “Para los indígenas, varios factores limitan el acceso al sistema judicial nacional para defender sus derechos. Se presentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, geográficas y de racismo y discriminación.” 

Y recomienda: “Las medidas de seguridad y protección, así como de justicia y reparación por violaciones de derechos humanos, deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores vulnerables indígenas”.

Diego López Méndez forma parte de la organización Solidarios de la Voz del Amate, colectivo de personas integrantes de pueblos originarios, injustamente encarceladas quienes luchan por su libertad y denuncian las inhumanas condiciones de la prisión.

El Frayba ha reiterado al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, responsable de dictar sentencia a Diego López Méndez, aplicar el principio pro persona, que tome en cuenta las pruebas de la detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura para dictaminar su libertad; y considere su pertenencia cultural como pueblo originario. 

“Lo anterior sería un precedente de justicia hacia población históricamente lacerada con prisión injusta”, señaló el Frayba.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.