(05 de marzo, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luis Humberto tiene 34 años y padece  linfoma de Hodgkin en fase terminal. A inicios de este mes el médico le dijo que solamente es cuestión de esperar la muerte. 

“Pero por ahora no me puedo dar el lujo de morir”, asegura el joven a quien le diagnosticaron este tipo de cáncer en 2012. En diciembre de 2014, Luis quien se dedicaba al comercio de tenis y ropa en Chihuahua, fue visitado en su local por elementos de la PGR y miembros del Cártel de Juárez. Le pidieron 35 mil pesos semanales como derecho de piso, además de obligarlo a vender discos pirata -que es otro de los negocios ilegales exclusivos del cártel-, narra a Revolución TRESPUNTOCERO.

Luis decidió denunciar la extorsión ante las oficinas de la PGR en aquel estado pero hicieron caso omiso. Por lo que optó por recurrir a la Fiscalía de Chihuahua. “Lo que hizo que se detuviera a Alejandro de la Cruz (alias El Bebé), segundo al mando del Cártel de Juárez y después hubo otras detenciones de miembros del mismo grupo delictivo.

“Es así como me convertí en testigo protegido y me mudé a Monterrey con mi familia. Pero tiempo después pedí autorización a la Fiscalía Zona Centro para hacer un viaje a Chihuahua (con duración de tres días) porque mi madre estaba enferma. Pero bastó ese tiempo para que elementos de la PGR me ubicaran”, comenta.

Transitando por las calles de Chihuahua, Luis, su esposa y dos de sus hijos (de uno y tres años respectivamente) fueron interceptados por elementos de la PGR. “Me sacaron del carro, me subieron a su unidad y ahí comenzaron a decirme que ya sabían quién era yo y que los había denunciado”.

La familia fue llevada a su antiguo domicilio siendo torturados. A los niños los golpearon severamente, narra Luis mientras llora al recordar los hechos. A él le quemaron los testículos, lo ataron a un árbol mientras lo golpeaban en distintas partes del cuerpo. En aquel momento también le dijeron que el comandante de la PGR quería que trabajara para ellos en la venta de drogas. 

Luis no aceptó y la tortura continuó hasta que su esposa les entregó 23 mil 700 pesos, además de esto les quitaron los anillos de matrimonio, las pocas alhajas que tenían y todo lo que los elementos de PGR consideraron de valor. Después de ahí fueron al local comercial de Luis e hicieron lo mismo. Hechos que se encuentran constatados en el expediente 504/2018 PGR Chihuahua.

Tras la denuncia, la Fiscalía dictó medidas cautelares por lo que Luis y su familia se trasladaron a Ensenada. Mientras esperaban que el caso avanzara de manera positiva para ellos. 

Dentro de los datos aportados a la averiguación, se documentó que “el entonces jefe de la PGR y actualmente Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, fue denunciado como quien recibía una parte de los sobornos. A él también se le solicitó en su momento las fichas informativas de los elementos para reconocer quienes me habían torturado pero después de 37 días solamente preguntó por qué y para qué se necesitaban.

“Se tardó porque les dio tiempo a los elementos que me torturaron de ampararse porque ya había ordenes de aprehensión en su contra. De los cuatro policías de PGR que me torturaron, detuvieron a dos mientras extorsionaban a otro comerciante”, recuerda Luis.

“Bájale de huevos porque si le sigues te va chingar el Fiscal y nosotros” 

 

Después de dichas detenciones, el joven y su asesor jurídico, Uriel Rodríguez, permanecieron en Chihuahua para reconocer a los detenidos. En aquella ocasión, asegura Luis, fueron perseguidos por elementos de la PGR, mientras les apuntaban con armas largas. 

Rodríguez aseguró que fueron buscados hotel por hotel de la ciudad y finalmente al encontrarlos los persiguieron y lograron salvar sus vidas al entrar en el estacionamiento de la Fiscalía. 

Tras dar a conocer los hechos, la PGR le pidió a Luis que denunciara ante una de las delegaciones de la dependencia, lo cual hizo en Tijuana. Sin embargo, comenta Luis, el entonces Agente del Ministerio Público de la Federación, Aldo García Giner “compadre del Fiscal Juan Santiago Huerta, quien fue acusado también por participar en extorsión, solamente me aceptó la denuncia por tortura”.

A partir de aquella denuncia, el expediente de Luis “se perdió” y no se volvió a encontrar la declaración del joven dentro de la carpeta de investigación. “La Fiscalía de Chihuahua posiblemente lo entregó a PGR, porque el Fiscal actual es el que antes era delegado de la Procuraduría y a quien se le acusó de extorsión. No podría haber más explicación”.

Tras dos años de vivir en un domicilio supuestamente desconocido, hace ocho días elementos de la PGR tocaron a la puerta de Luis. Le preguntaron a su esposa por él y al salir le dijeron: “Bájale de huevos porque si le sigues te va chingar el Fiscal y nosotros”.

La amenaza llegó un día después que Luis acudió al Ministerio Público a pedir copia certificada de todo lo actuado, lo cual, comenta, fue la molestia. Y es que pese a que dos de los cuatro torturadores del joven están detenidos, los otros dos permanecen en activo pese a las ordenes de aprehensión vigentes. 

Los detenidos le ofrecieron 100 mil pesos a Luis a cambio de retirar los cargos en su contra y pedirle que firmara que la cantidad era una ‘reparación del daño’, lo cual rechazó ya que asegura que en libertad podrían continuar dañándolo a él y a su familia. Preciso es mencionar que ambos elementos tienen otras 14 denuncias en su contra. Todas por extorsión.

“A los otros dos que siguen libres, Peniche los movió de estado. Luego de la amenaza del martes, expuse mi caso al licenciado Eloy Molina, del órgano de control interno de la Fiscalía y le pedí que me explicara cómo se pudo filtrar el nombre de un testigo protegido y su ubicación teniendo como consecuencias que estos sujetos llegaran a mi casa amenazarme. Nada supo decirme”.

Aunque Luis tiene la calidad de testigo protegido por parte de la Fiscalía, del Estado y PGR, ni él ni su familia viven seguros. Y asegura que el Ministerio Público de la Primera Agencia de Ensenada, donde actualmente vive, lejos de darle respuesta a su caso, “me ha mentado la madre”. 

Ante la nula respuesta y el miedo que a su familia le pasara algo más, sus hijos dejaron de asistir a la escuela y su esposa no sale de su casa. Él con las pocas fuerzas que le quedan, viajó a la Ciudad de México para pedir ayuda y protección a la CEAV y al gobierno federal. 

“Aunque estoy desahuciado desde hace un año no puedo morirme ahorita. Aunque mi situación de salud es deplorable estoy en pie de lucha para que CEAV también me pague lo que me debe ya que tengo derecho a un fondo económico como víctima y lo único que he recibido es revictimización aunque además de todas las pruebas que he presentado en mis denuncias también existe un Protocolo de Estambul positivo por tortura”, indica.

El cáncer ha invadido todo su cuerpo pero el IMSS y CEAV le niegan atención médica

A Luis le diagnosticaron cáncer desde 2012 a la fecha esta enfermedad ya invadió todo su cuerpo y aunque está pensionado por el IMSS, desde hace un año aproximadamente, la delegada de esa institución en Tijuana, Irma Flores Larios, le negó la atención médica, comenta el joven. A quien le dijo que “ya habían cumplido con lo que tenían que darme”.

El joven asegura que con la pensión de 2 mil pesos mensuales difícilmente logra sacar a su familia adelante, por lo que junto a su esposa lavan carros y venden dulces en las avenidas, lo cual sigue siendo insuficiente para la manutención de sus hijos. 

“Cada vez estoy más débil. Bajé 39 kilos. Ahorita mismo yo solo no me puedo sostener. Padezco dolores intensos y el IMSS ni siquiera me quiere surtir el medicamento para calmar un poco todo lo que siento”.

Luis se encuentra en una pequeña casa de campaña a las afueras de Palacio Nacional, con la esperanza que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se fije en él en algún momento. Señala que aunque personal del gobierno de la Ciudad de México se acercan a diario para tomar fotografías de quienes están en plantón y levantar un informe, no le han surtido el medicamento para el dolor como se comprometieron.

“Acudí a San Lázaro y a Gobernación pero aunque conocen mi cuadro de salud tampoco han hecho nada. En Gobernación, la licenciada Lucía del Carmen Mora Morales, quien pertenece a la Unidad de Atención de Organizaciones Sociales de Segob, me pidió que le diera un voto de confianza. Pero eso no es nada concreto, son promesas. Estoy contra el tiempo necesito sacar a mi familia de ese lugar ya”, comenta entre lágrimas y desesperación. 

Además, señaló que Segob rentó para él un cuarto de hotel en el centro de la ciudad, pero tuvo que salir de ahí, “porque estaba infestado de cucarachas. Eso valemos las víctimas”, declaró. En Cámara de Diputados a Luis le prometieron que pedirían una revisión médica para él al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), ésta se le negó vía correo electrónico. Por lo que continúa a las afueras de Palacio, sin recursos y con muy poca vida. 

“No tengo para comer. Mis compañeros me compraron una casita de campaña. Porque les consta que yo llegué de Tijuana a la Ciudad de México con cinco pesos. Para mi desgracia, al entrar a un baño me robaron la andadera que uso para poder caminar. También eso lo solicité al personal del Gobierno de la Ciudad pero tampoco me dieron respuesta, ni ellos ni CEAV, ni Segob, ni Gobierno Federal me ayudan”.  

Tras una recaída que padeció Luis, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le dijo que lo trasladaría a un hospital, pero se negó y asegura que no se irá de Palacio Nacional. “No me voy a ir de aquí hasta que saquen a mi familia de allá y pueda ver a mis hijos protegidos. El Estado no me hace caso, el Presidente ni siquiera conoce mi caso, los que me dañaron gozan de impunidad al máximo”.

El joven llora, intenta respirar y comenta: “A lo mejor ya pronto me voy a morir pero mis hijos no tienen culpa de lo que está pasando. Tengo una niña de un año y tres meses. Todavía necesita pañales y leche. A mis compañeros les consta que mi esposa me mandó un mensaje diciéndome que no tenía ni para las tortillas. Es una situación inhumana. Este presidente y su cuarta transformación no ha hecho nada por mi caso. 

“Igual que Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien se comprometió a pagarme el fondo de ayuda inmediata pero esto no ha pasado y no sé si suceda. Para que esté enterado de esta situación tuvo que interceder otra persona. Y también comentó que se comprometía a traer a mi familia pero si a mí me tienen viviendo en la calle seguramente a mi familia también la abandonarán como pordioseros”.

Cada hora la salud de Luis se deteriora. Aunque parte del día puede estar sentado por la noche podría caer desmayado. Es hipertenso y necesita pastillas para que la mayor parte de su organismo pueda funcionar mínimamente pero al no tener tratamiento difícilmente puede pasar un día completo sin dolor o debilidad severa. “Eso se debe a las secuelas que la quimioterapia dejó en mi cuerpo. Me destruyó todo”, explica. 

Luis, insiste: “No me puedo dar el lujo de morirme porque no sé cuál sea el futuro de mi familia. Ellos también tienen ya la calidad de víctimas reconocidas por la CEAV. Pero no me puedo morir hasta dejar a mi familia a salvo”. 

Y es que el temor porque su familia sea dañada se acrecentó desde antes de las amenazas. En febrero de 2018 al acudir a una audiencia, se enteró que uno de los elementos que lo torturó ahora es asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE). 

“Llegó hasta donde yo estaba y me dijo que si no lo iba saludar, lo dijo cínicamente frente a Eduardo Arenas, encargado de testigos protegidos. Yo no puedo creer que lo hayan sacado de PGR y ahora tenga relación con las víctimas”.

Después de aquel episodio la CEAV dejó de pagarle los traslados a Luis para que pudiera  asistir a las audiencias, esto pese a que la Comisión está obligada a hacerlo. Lo que ha hecho que Luis pierda la oportunidad de conocer el avance de su caso.

Aun con esto, él ha continuado exigiendo una investigación del ahora titular de la Fiscalía de Chihuahua, a quien acusó de extorsión y de ser un posible sospechoso de que se filtrara su ubicación y la de su familia. Aunque se comprometieron a averiguar el hecho, esto no ha sucedido.

A Luis el IMSS o CEAV deberían estar apoyándolo con un cuarto procedimiento contra el cáncer, el cual tiene un costo de 2 a 3 millones de pesos, explica. Sin embargo, ambos órganos se han negado. “El Instituto puede subrogarlo pero se ha negado y la Comisión podría pedir el recurso federal para ello pero ha dicho que no”.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.