(26 de marzo, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Joel Sebastián Cancino, de 45 años de edad, viajó al municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas para vender una camioneta, el 21 de julio de 2016. Luego de cerrar el trato llamó a su esposa para pedirle que enviara a alguien por él. Una hora después le avisó que había un operativo de la Marina y un elemento lo revisaría. 

“Ahorita te llamo”, fueron las últimas palabras que escucho Angelina Almeida, su esposa. Al lugar llegó el hijo de ambos (menor de edad) y María Luisa, quien era empleada en el negocio familiar. Ellos fueron testigos como los elementos de la Marina detenían a Joel. “¿Qué pasó con mi papá? ¿A dónde lo llevan?”, gritó el muchacho de 15 años. 

De inmediato a Joel le cubrieron la cara con la playera que traía puesta y lo subieron a una camioneta de la Marina, se menciona en la carpeta de investigación. Su familia nunca más volvió a verlo con vida. Un año después, Angelina supo que el teléfono de su esposo fue usado en el mes de septiembre y noviembre de 2016, en la Ciudad de México, esto después que la Procuraduría del Estado pidiera la geolocalización del aparato. 

Durante las primeras horas de la desaparición de Joel, Angelina intentó interponer una denuncia por desaparición pero el Ministerio Público de Reynosa no se lo permitió. “Me dijeron que seguramente mi esposo estaba metido en el crimen organizado”. Fue hasta el 10 de agosto siguiente que logró denunciar. 

“Estuve pidiendo que hicieran diversas diligencias para poder tener una investigación completa del caso, pero en la Procuraduría del Estado, parecía que trabajaban a conveniencia. Unas sí las hacían y otras no. Lo que menos perjudicara a la Marina. Incluso acudí a un juez de control porque impugné la investigación del Ministerio Público, por todas las omisiones. Incluso actualmente me han pedido que ya desista pero no lo haré”, comenta Angelina a Revolución TRESPUNTOCERO.

La investigación fue enviada al fuero común. La explicación que se dio fue que la familia de Joel “no tenía ningún sustento de que había sido la Marina”. El testimonio del menor no fue tomado en cuenta, ya que aseguraron que él podía hacer una declaración falsa que beneficiara a su familia. “Nos dijeron que él diría lo que nosotros quisiéramos. Mi hijo habló con un psicólogo de la PGR y estuvo acompañado por un abogado del DIF pero aún así dijeron que no era suficiente para que su testimonio tuviera credibilidad”, señaló Angelina. 

El testimonio de María Luisa tampoco lo validaron. “Me dijeron que por ser trabajadora y recibía un sueldo podría decir cosas que no eran verdad”. “Ella dejó de ser nuestra trabajadora porque ya no pude pagarle. Tenía que buscar a mi esposo y mantener a mis hijos”, explicó Angelina pero de nada sirvió.

Aunque la PGR era los únicos que tenían las dirección de María Luisa, elementos de la Marina se presentaron en su domicilio para amenazarla. “La golpearon y rompieron sus cosas. Ella tuvo que dejar su casa por miedo y tampoco quisieron aceptar su denuncia por esos hechos”. 

También Angelina, fue intimidada por elementos de la Marina. Llegaron hasta su domicilio donde “usaron como pretexto que mi vehículo estaba mal estacionado y me violentaron, ahí también golpearon a mi hijo”.

Dos días después de la detención y desaparición del esposo de Angelina Almeida, el 23 de julio de 2016, en medios locales se informó que “una banda de secuestradores fue interceptada por infantes de la Marina cuando arrojaban un cadáver en un camino rural del municipio de Díaz Ordaz, ahí, durante un enfrentamiento y persecución seis delincuentes murieron calcinados al estallar los dos vehículos en que trataban de escapar”, fue la versión del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), que emitió por medio de un reporte.

‘‘Al percatarse de la presencia de los marinos, los presuntos delincuentes abrieron fuego y trataron de darse a la fuga en una camioneta pick up doble cabina y un automóvil Mercury Grand Marquis, iniciándose una persecución que duró pocos metros’’, indicó el comunicado.

Y se agregó: ‘‘El personal de la Marina repelió la agresión en defensa de sus vidas y cuando trataban de interceptar los dos vehículos, estos estallaron y se incendiaron por completo, lo que provocó la muerte de los agresores por calcinación’’.

“Por tierra y aire, la Marina disparó contra las seis personas 82 tiros”

Uno de los seis cuerpos calcinados, era el de Joel Sebastián. En la carpeta de investigación que se abrió por el caso existe una versión diferente de los hechos. Angelina narró que los seis cadáveres recibieron 72 tiros de arma de fuego desde el área del piloto a la caja de la camioneta. “Y de arriba hacia abajo fueron 10 tiros, dispararon desde un helicóptero y en total fueron 82 tiros de arma de fuego”.

Lo contemplado en la investigación informa que “personal que trabajaba en un Oxxo cercano a los hechos declararon que observaron el helicóptero de Marina e hicieron mención de los tiros, además dijeron que después de los hechos los elementos de la Marina llegaron a comprar a dicha tienda.

“La quema de la camioneta fue muy temprano. Se los llevaron el 21 de julio durante el día, en la noche los torturaron -presentaron signos de tortura- y muy temprano por la mañana los mataron y los quemaron”, declaró Angelina.

Sobre el choque entre ambos vehículos, explicado por la Marina, Angelina dijo que “las distancias no coincidían; había más de 5 kilómetros de distancia entre uno y otro carro, no pudo ser posible”. 

Basado en ese comunicado oficial emitido por GCT (conformado por Marina, Sedena y Policía Federal), el Ministerio Público ha pedido que se entregue la ficha de donde surge la información, “porque alguien lo debió haber firmado y alguien más (un marino o marinos) tuvieron que haber dado un parte y señalarlos como “secuestradores”, pero nunca se supo cómo surgió esa versión”. 

Angelina relata que, antes de que las autoridades le indicaran que el cuerpo de su esposo era uno de los seis calcinados en aquel evento, ella supo que se había encontrado la cartera con identificaciones de Joel, en un rancho de nombre ‘La Aurora’, lugar donde también se localizaron cadáveres. 

“Por lógica si encontraron ahí esas pertenencias, seguramente también el cuerpo mi esposo, ya que ahí también hubo una masacre. Pero ahí no estaba mi esposo. Yo pedí la cartera y las tarjetas pero me las negaron, dijeron que no tenían nada. Cómo es posible que un reportero sí tuvo acceso a ellas y hasta les tomó una foto y la familia de la víctima no”, cuesitonó.

El 03 de diciembre de aquel año, el Ministerio Público le entregó a Angelina el cuerpo de su esposo (señalando que las pruebas de ADN realizadas daban positivo) y debería incinerarlo. “Así fue como perdí la oportunidad de realizarle una segunda prueba de ADN, y cerciorarme que se tratara verdaderamente de mi esposo.

Además, ya incinerado me dijeron que estaba prohibido tener la urna con las cenizas en una casa y que debería llevarlas a una iglesia o a un panteón, de lo contrario me denunciarían por ser delito. Yo les dije que hicieran lo que quisiera, estaba muy cansada de esos tratos”.

Angelina Almeida Moreno realizó una protesta durante un acto en el que estuvo la guatemalteca premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. “El día 3 de diciembre a mí me entregaron los restos de mi esposo y mandaron la incompetencia, dijeron que no le correspondía a la PGR investigar el caso de mi esposo”, denunció. Angelina también señaló a Revolución TRESPUNTOCERO que “mandaron a destruir armas que se encontraron cerca del cadáver de Joel”.

Angelina aseguró: “Cuando la investigación de mi esposo se absorbe a la de los calcinados, Pérez Merinos me dijo que estaba segura que mi esposo era del crimen organizado por eso le había pasado eso y que posiblemente a mí me mantenía el crimen organizado pero eso no lo puso en la carpeta”.

Almeida también señala a Pérez Merino como la responsable de enviar a destruir las armas. “Ella envió un oficio a Sedena y pidió que las armas se desecharan. El argumento fue que ya habían hecho todos los peritajes y que no tenía caso que estuvieran en resguardo. Sedena no tiene nada que ver con la investigación pero recibieron la investigación del MP federal y ellos las destruyeron sin saber que esas armas eran una prueba de la carpeta de la investigación sobre desaparición forzada”. Una copia de dicho documento firmado y sellado, se encuentra en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.

También puntualizó que de los más de 80 casquillos percutidos, los peritos de la PGR solamente resguardaron 6 de estos y de los demás no se volvió a saber. “Desaparecieron, un grupo de peritos después de meses regresaron a la zona de los hechos y encontraron un casquillo que coincidía con una de las armas que destruyeron. Según sé, esas armas sirvieron para matar y luego las enviaron para su total destrucción”, la información se documentó en la carpeta de investigación del caso.

Dicha situación fue denunciada por Evangelina pero “nunca se procedió contra Viridiana Pérez Merinos, porque en la PGR de Reynosa son corruptos flojos y encubren todo. Nunca procedió la denuncia contra esta funcionaria quien sigue en un cargo”. 

CEAV discrimina a las víctimas con cualquier pretexto  

A raíz de la desaparición forzada de su esposo, Angelina recurrió a las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde en diversas ocasiones no ha sido atendida y se ha visto obligada a permanecer en plantón a las afueras de las oficinas. “Estuve en la banqueta como vil limosnera para que me atendieran, a la espera que se solucionara algo. Aunque como víctima tenía derecho a un reembolso la Comisión no me apoyaba.

“En 2018, tuve que pasar dos días afuera de CEAV para que encontraran mis documentos porque ‘nadie sabía dónde estaban’. Personal de otra área me escuchó y agilizó el trámite porque el área de Karla Quintana (hoy titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas), en ese momento encargada de traslados reembolsos y primer contacto en CEAV, nunca hizo nada por mí.

“Ahora sé que las víctimas somos totalmente ignoradas. Para darle seguimiento a mi caso tengo que viajar a la Ciudad de México, pedir por escrito a mano y en tinta azul lo que se necesita, y con una firma idéntica a la que aparece en mi INE, si se omite un punto, una rayita o lo que sea, me rechazan”, explicó Almeida.

La esposa de Joel, profundiza en el tema de las medidas de ayuda a víctimas (que incluyen un recurso para alimentación y vivienda). De acuerdo a lo que le indicaron, Angelina solicitó el apoyo por escrito (con pluma negra) y la firma, que tras hacerla en varias ocasiones se modificó un poco. Lo que provocó que el retraso de la entrega del dinero fuera de varios meses. 

Y del rechazo solamente se enteró hasta que viajó de Tamaulipas a la Ciudad de México; “yo tuve que ir a preguntar porque CEAV jamás me avisó que era en tinta azul y que mi firma no había salido tal cual estaba en mi INE”. 

Angelina también señaló que: “Otra irregularidad fue que el área de Quintana desde el mes de marzo de 2017 ya no nos pedían tickets solamente un escrito libre y aunque yo tenía comunicación con su personal nadie me avisó y fue hasta octubre que me informó la delegación de Nuevo León. 

“Todas esas fallas pasaron porque nadie me instruyó; si Karla Quintana fuera de verdad defensora de Derechos Humanos por qué no nos mandó a todas las víctimas un comunicado avisando que la solicitud de medidas de ayuda eran con escrito libre. Sin duda la CEAV tiene víctimas de primera, segunda y tercera categoría, no a todos nos atienden igual”. 

A estas denuncias, Angelina suma que “CEAV otorga las medidas cuando los oficios llegan si no es que los pierden porque tienen la costumbre de extraviarl todo”. También declaró: “Si yo estuviera esperanzada en las medidas de ayuda de la CEAV ya me hubiera muerto de hambre. A mí no me mantiene el gobierno, se oye bonito pero la realidad es otra”. 

A Angelina el Estado le destruyó a su familia, asegura. “Ninguna autoridad investiga, no hay búsqueda, mucho menos acompañamiento. Es decir, las víctimas limosneamos la justicia y somos nosotros quienes hacemos la búsqueda. Si la Ley general de víctimas se cumpliera a lo mejor yo trabajaría menos pero no es así. Yo ya me hice la idea que a pesar que el Estado destruyó a mi familia lo que yo no haga por mis hijos, éste no lo hará”.

Esto también lo menciona porque pese a que la Ley de Víctimas señala que los hijos de las víctimas tienen derecho a educación, a sus dos hijos no le han otorgado las becas que ella solicita para que puedan continuar sus estudios. La respuesta ha sido la misma: que las solicite en SEP. Aunque esa Secretaría no tenga relación con su caso.

La discriminación, comenta Angelina, es cotidiana en CEAV. “Como te ven te tratan, tanto en la PGR como en la CEAV. Si llevas un tatuaje te dicen que eres del crimen organizado. Yo llegué llorando y me trataron de la chingada, ellos han de pensar que si llego bien vestida entonces sí soy de prestigio y me tratan bien. Ellos nos humillan por todo y con cualquier pretexto se da la discriminación”. 

La carpeta de investigación de Joel Sebastián Cancino en CEAV ha pasado de desaparición forzada a tortura y también se intentó investigar como ejecución extrajudicial. “Siempre quisieron cambiar el caso de tipo de delito, pero lo que le pasó a mi esposo fue una   desaparición forzada y se debe quedar así”, puntualizó Angelina Almeida.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.