(01 de abril, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Jalisco, durante los últimos 11 años desaparecieron 25 mil 672 personas, sin que a la fecha se sepa el paradero de más de 7 mil personas; asimismo, se han encontrado en ese mismo periodos 198 fosas en territorio jalisciense, sin especificar el número de cuerpos o restos hallados. 

Tan solo en una fosa del municipio de La Barca, Jalisco, recuperaron 75 cuerpos en el 2013, y de acuerdo con familiares de personas desaparecidas, las autoridades no quisieron seguir escarbando más, dio a conocer la Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad) por un medio de un documento revisado por Revolución TRESPUNTOCERO. 

“Hasta concluir el 2018, no se había dictado ninguna sentencia en contra de autoridades o particulares por ese delito, sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco informó el 23 de enero de 2019, que tres personas habían sido sentenciadas por el delito de desaparición forzada y a pagar una pena privativa de la libertad de 12 años cada uno, pese a las dudas que genera esta noticia, la impunidad con la que se comente la desaparición forzadas y por particulares en Jalisco es absoluta, donde se advierte que desaparecer a personas en Jalisco no tienen consecuencia alguna para los autores materiales e intelectuales”.

Quizás las escenas que serán recordadas no solo por lo dantescas, sino por las afectaciones que rayan en actos de tortura para las y los familiares de personas desaparecidas, así como la indignación social generada son las de los 444 cuerpos depositados en cajas de tráileres, cada uno dentro de una bolsa negra, apilados uno junto a otro, o encima o debajo de otro, claro ejemplo de la insensibilidad e indolencia de las autoridades de la Fiscalía General y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), señala la organización. 

Respecto a la magnitud de la corrupción y negligencia de las autoridades dan cuenta las y los familiares de personas desaparecidas, cuyos testimonios señalan que durante días, semana, meses y hasta años tuvieron a sus seres queridos entre los cuerpos sin ser notificados ni habérseles realizado las confrontas genéticas o presentado las fotografías o algún otro elemento para su identificación. 

“Los hechos dieron la vuelta al mundo, demostrando la terrible situación de violencia y los niveles de crueldad alcanzados por las autoridades de Jalisco”. 

Y si faltara algo más, de acuerdo con los datos obtenidos por el Cepad, en el año 2017, el IJCF señaló que de 2006 a 2015 en Jalisco se incineraron mil 571 cuerpos, de los cuales a mil 430 no se les realizaron previamente las tomas de muestras de ADN, ni se efectuaron las confrontas genéticas para su posterior identificación. 

“Por la gravedad de lo anterior, y por el inmenso dolor que les produce a los y las familiares pensar e imaginar que entre esos seres humanos estuviese sus seres queridos, estos hechos deben ser profundamente investigados por personas expertas e independientes con el aval de los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, así como con la participación conjunta de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil”.

La Cepad indica que, la decisión de incinerar los cuerpos se basa en una cuestión de saturación del SEMEFO, la cual también constituye la base para la decisión de enviar las cenizas a la fosa común. 

Omitiendo totalmente la perspectiva de derechos humanos y los impactos que estos procesos de incineración y envío de las mismas a la fosa común, tienen en la sociedad y en los procesos de acceso a la justicia y verdad. 

De acuerdo a la explicación (hechos y pruebas), “lo que siempre se les hace a los cuerpos es la necropsia médico-legal, exámenes de alcoholemia y de abuso de drogas, fotos forenses de distintos planos, una ficha dactiloscópica, una ficha odontológica y, si es necesario, examen de ADN”, señala Cepad. 

El 29 de noviembre de 2015 Fundej expresó que  “por tercera vez, en menos de un mes, una familia perteneciente a ese colectivo se le intentó entregar las cenizas de su desaparecido sin que existieran pruebas o forenses que sustentaran el dicho de la Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, y del personal del IJCF. 

“Ellos querían entregarle las cenizas de un cuerpo que fue cremado sin habérsele tomado la  prueba de ADN y sin habérsele realizado la confronta con el perfil genético que a nuestra compañera le fue tomado cuando presentó la denuncia por la desaparición de su hijo”. 

En esos días Eduardo Almaguer, ex Fiscal General del Estado aseguró a un medio que, ante la aparición de diversos casos de entrega de cenizas, que ese no era “un tema de la Fiscalía porque esta apoyó y acompañó a los familiares”.

Así, con el paso de los meses las irregularidades y el silencio por parte de las autoridades se fueron incrementado hasta desembocar, por ejemplo, en el caso de los tráileres en el 2018. De acuerdo con las cifras proporcionadas a esa organización por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se incineraron un total de mil 560 cuerpos de personas no identificadas.

Además, se realizó la cremación de 1 osamenta y 32 restos óseos de personas no reclamadas por sus familiares; no obstante, no hay claridad respecto a cuántas personas correspondían los restos. 

A fin de poder determinarlo, conforme lo indicado por el IJCF, se debió realizar un estudio de huesos para detectar si “pertenecen morfológicamente a su correspondiente parte corporal y si de estos no existe duplicidad; sin embargo, permanece la duda sobre cuáles fueron las acciones realizadas para la correcta y plena identificación de la osamenta y los 32 restos óseos”.

Se destaca el caso de Lagos de Moreno ocurrido en 2013 en donde fueron encontrados los cuerpos de jóvenes en un predio de ese municipio casi un mes después de haber sido desaparecidos. 

La entrega de los cuerpos incinerados provocó indignación a los familiares quienes lanzaron un comunicado para difundir que la entonces fiscal de Derechos Humanos, Lizeth Hernández Navarro, se presentó sin ningún protocolo de por medio; entregando los certificados de defunción (sin precisar la causal de los decesos). 

Solicitaron la intervención de una opinión experta independiente y reclamaron el que a las urnas se les hubiera colocado el logotipo del gobierno del estado. 

De acuerdo con los datos obtenidos por el Cepad, en el año 2017, el IJCF señaló que de 2006 a 2015 en Jalisco se incineraron mil 571 cuerpos, de los cuales a mil 430 no se les realizaron previamente las tomas de muestras de ADN, ni se efectuaron las confrontas genéticas para su posterior identificación, “lo que claramente no corresponde con la versión oficial del Instituto en relación a que siempre se recaba el perfil genético de todos los cuerpos que ingresan a dicha institución”. 

El año pasado el caso de los tráileres fueron evidenciadas a nivel internacional, deficiencias del IJCF que ya habían sido denunciadas por familiares de víctimas, activistas y medios de comunicación desde años atrás. 

“Este suceso dejó en claro la falta de coordinación entre las dependencias responsables del manejo de cuerpos en la entidad, así como también develó una trama de colusiones en la cual la constante fue el intento por desmarcase de las autoridades implicadas desde el más alto nivel hasta los mandos medios de las instituciones”, señala Cepad en el documento Incineraciones de cuerpos no identificados. Crímenes Sin Justicia.

Los datos proporcionados a Cepad vía transparencia “constatan en los números la falta de coordinación e innumerables irregularidades en el resguardo de cuerpos. Con énfasis, frente a la ola de violencia vivida en Jalisco durante los últimos años, destaca la atención para crear el tan necesitado espacio para resguardar a las personas fallecidas con un trato digno y con respeto al marco legal vigente. En esta línea resalta la falta de una oposición política que pudiera haber concretado un contrapeso en este contexto de constantes violaciones a los derechos humanos.” 

Es importante recordar que para que se haya llevado a cabo un adecuado manejo y disposición de cuerpos de personas, se debe lograr una articulación correcta entre las diversas autoridades del Estado en acuerdo a sus facultades. 

Por cuanto hace a la Fiscalía General del Estado, “sabemos que ésta a través del Ministerio Público le corresponde llevar a cabo la investigación de las muertes de las cuales se sospeche haya sido violenta. No obstante, a través de la solicitud de información se le pidió a la FGE informara sobre el número de autorizaciones dadas para la incineración de cuerpos. 

“La Fiscalía informó que no ‘cuenta con bases de datos que aglutinen dicha información, o de la cual se desprenda dicha información’. Razón la anterior por la cual declaró la inexistencia de la información que le fue requerida”.

Al haberse incinerado por lo menos mil 571 cuerpos de personas no identificadas, se cometieron una serie de violaciones de derechos humanos en relación con el artículo 1o de la Carta Magna, en contra de las familias de aquellas personas que fueron incineradas sin identificar, así como de la sociedad, mismas que a continuación se exponen: Derecho a la dignidad humana, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la identidad, derecho a la integridad personal.

Derecho a no ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esto ya que “al igual que el derecho a la integridad personal, el derecho que tienen las familias de las personas que fueron incineradas, así como de todas aquellas personas que tienen a un/a familiar desaparecido/a, de no ser sometidas a ningún tipo de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fue vulnerado por parte de las autoridades Jaliscienses al momento de incinerar los cuerpos de personas que no estaban identificadas, y de las cuales no se tomaron las muestras forenses necesarias para lograr su identificación”, se ha explicado.

La deficiencia en los procesos de identificación, registro y conservación de cuerpos y evidencias, han provocado incineración de cuerpos, obstruyendo así el acceso al derecho a la verdad y a la justicia. 

La incineración de cuerpos fuera del marco normativo internacional y doméstico, y ante la falta de información por parte las autoridades del Estado, “hace necesario el desarrollo de una debida investigación que dé cuenta de la plena identificación de cuerpos y las causas de muerte”. 


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.