(29 de abril, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La familia Orozco Medina eran productores de aguacate, originarios de la comunidad de Nuevo Zirosto, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El matrimonio formado por María Elena Medina Vargas y Leonel Orozco Ortiz vivió por muchos años una vida pacífica a lado de sus seis hijos: Moisés, Gabriela, José Iván, Laura, Rosa Elena y Leonel. 

Hasta antes de los hechos que provocaron su desplazamiento, la familia tenían en aquella región su casa, sus huertas y una pequeña tienda de abarrotes. María Elena estuvo a cargo de la tienda durante diez años, así como de la organización del hogar.

Su vida fue tranquila hasta diciembre de 2007, cuando José Iván, uno de sus seis hijos, fue detenido de forma arbitraria por militares que lo acusaron de poseer enervantes y portar armas prohibidas. 

A partir de entonces, la familia comenzó a vivir una vorágine de crímenes y violaciones a sus derechos humanos que transformaron por completo su vida. La acumulación de pérdidas dolorosas de padres, esposos, hijos y hermanos les impidió dar continuidad a proyectos de vida construidos con esfuerzo y dedicación durante muchos años, caso que describe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

“Los graves delitos y violaciones a los derechos humanos padecidos por la familia Orozco Medina se inscriben en el complejo escenario de episodios de violencia generalizada con participación de grupos armados organizados y actores estatales en distintos municipios de Michoacán. Las estadísticas locales ayudan a comprender mejor la magnitud de las afectaciones originadas en este contexto de violencia e impunidad”.

Aquel primer evento victimizante sufrido por la familia Orozco Medina ocurrió cuando un convoy de militares llegó al domicilio de José Iván Orozco Medina, en ese entonces de 20 años de edad, en el poblado de Nuevo Zirosto. 

Los militares lo detuvieron a él y a otro joven de 14 años y los llevaron a la fuerza a otro domicilio. A ambos los inculparon de tener resguardada a una persona secuestrada en el domicilio al que fueron trasladados, además de vehículos robados, armas y drogas. Durante los tres días que estuvo detenido, José Iván fue golpeado brutalmente hasta aceptar la culpabilidad de dichos actos ilícitos. 

Posteriormente lo dejaron en libertad porque, al hacer la investigación ministerial, los vecinos del lugar testificaron a su favor, indicando que los militares lo habían llevado por la fuerza al lugar de los hechos delictivos para después incriminarlo. 

Cuatro meses después, alrededor de las 16:30 horas, José Iván viajaba en compañía de tres de sus trabajadores sobre la carretera de Copetiro y Peribán, cerca de su domicilio, cuando un retén militar les marcó el alto para revisar el automóvil. 

Al no encontrar nada, los militares tomaron unas fotografías a José Iván y lo dejaron ir. Esa misma noche un convoy con cerca de 28 elementos del ejército entró a la localidad de Nuevo Zirosto, dirigiéndose al hogar de la familia Orozco Medina. 

Aproximadamente a las 23:30 horas tiraron la puerta de su casa, irrumpieron en su domicilio sin orden de cateo o alguna orden judicial, registraron toda la vivienda y se llevaron detenido a José Iván, acusándolo de uso de armas exclusivas del ejército y posesión de drogas. 

Antes de marcharse, el comandante a cargo exigió a sus padres, María Elena y Leonel, una fuerte suma de dinero como condición para no llevárselo detenido. Al verse imposibilitados a pagar la cantidad exigida, los soldados sustrajeron dinero, objetos de valor y un vehículo perteneciente a la familia. Mientras se llevaban a José Iván de forma violenta, le dirigieron las siguientes palabras: “a ver si esta vez sales; eso te pasa por andarte quejando en Derechos Humanos”.

Los soldados trasladaron a José Iván a la Base de Operaciones Militares de Uruapan. Al día siguiente, el ejército lo puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), con signos de tortura, argumentando que lo habían detenido en un retén cerca de Nuevo Zirosto, hallando en su posesión drogas y armas de uso exclusivo del ejército. 

“Posteriormente inició el proceso penal de dicha imputación. Tras la fabricación de estas pruebas incriminatorias, José Iván permaneció injustamente preso durante más de cuatro años (entre 2007 y 2012)”, informó la Comisión.

Los padres de José Iván denunciaron la extorsión y detención arbitraria e ilegal de su hijo por parte de elementos militares. Don Leonel se movilizó para presentar una denuncia ante el MPF contra los soldados; durante el proceso penal, solicitó por medio de sus abogados el careo entre él, su hijo pequeño Leonel (también testigo de la detención arbitraria) y los elementos militares que tomaron preso a José Iván. 

“Esta solicitud causó un gran disgusto entre los soldados, quienes amenazaron a Don Leonel. A partir de entonces, la familia completa fue blanco de hostigamientos y persecución por parte de las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno mexicano”, durante el sexenio de Felipe Calderón.

El 3 de julio de 2008, dos días antes de acudir a su cita para presentar pruebas contra los militares ante la CEDH de Michoacán por la detención ilegal de su hijo, Don Leonel fue detenido y desaparecido cuando se encontraba en su hogar en Nuevo Zirosto. 

Alrededor de las 19:30 horas, cuatro sujetos vestidos de civil, con armas largas y apariencia de soldados, ingresaron a su domicilio y lo sacaron con violencia. El grupo se identificó como policías judiciales y afirmaron tener una orden de aprehensión contra él, pero se negaron a mostrar tanto la orden como sus credenciales. En cambio, encañonaron a su esposa María Elena, a Leonel (el hijo menor de la familia) y a un hermano de Don Leonel, quien se encontraba de visita.

Sacaron de su casa a Don Leonel, quien no se podía mover por sí solo debido a su condición de cuadriplejia, y lo aventaron en la parte trasera de una camioneta. Los sujetos que se llevaron a Don Leonel dejaron su silla de ruedas. Entonces, el hermano y el hijo menor de Don Leonel fueron tras ellos en una camioneta. Los rebasaron por un atajo y llegaron a un poblado donde se encuentra un puesto de control militar. Relataron lo sucedido y solicitaron auxilio, pero los militares, en forma burlesca, hicieron caso omiso a su llamado, permitiendo a los captores de Don Leonel pasar sin problema.

Al día siguiente la familia recibió una llamada de los secuestradores pidiendo una cuantiosa suma de dinero a cambio de la libertad de Don Leonel. La familia Orozco Medina no tenía el dinero que pedían por el rescate, por lo que durante 22 días se dedicaron a reunir el monto solicitado. Se entregó una parte del rescate y después vendieron una propiedad para completar la cifra exigida.

María Elena interpuso una denuncia por la supuesta detención en la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán en el área de Antisecuestros. Casi de inmediato, los secuestradores de Don Leonel se comunicaron con ellos, lo que los hizo sospechar de posibles vínculos entre los captores y la Procuraduría. 

“Además de la fuerte suma de dinero que ya habían pagado, les exigieron una huerta de aguacate como condición para dejar libre al padre de familia. El dinero lo juntaron como pudieron, pero jamás les entregaron a Don Leonel. A pesar de interponer la denuncia en la Procuraduría, no se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes del secuestro y desaparición del jefe de familia”, se informó.

“Nunca nos hablaron para decirnos dónde lo iban a dejar. Ellos decían que no fuéramos a denunciar ni nada, pero nosotros vinimos a la Procuraduría. Pusimos la denuncia y nunca se hicieron investigaciones. Nunca hicieron nada. Cuando nosotros venimos a la Procuraduría, ellos ya saben que ya pusimos la denuncia. Ellos se dan cuenta luego, luego de que ya la denuncia está puesta. Entonces no volvemos a tener ya comunicación con ellos. No volvemos a saber nada de mi esposo hasta la fecha”, relató a la Comisión un miembro de la familia en 2018.

El 18 de abril de 2009 se llevaron también a Leonel Orozco Medina, de 17 años, el menor de la familia. Al regresar de su trabajo, a tres cuadras de su domicilio, Leonel fue interceptado por sujetos que portaban insignias de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes dispararon balas de salva contra su vehículo hasta obligarlo a bajar. 

Al día siguiente, la familia interpuso un amparo indirecto en los juzgados de distrito de Uruapan contra la detención y desaparición realizada por los agentes de la AFI; sin embargo, las autoridades negaron la detención de Leonel. 

A los tres días de su detención, los secuestradores le hicieron saber a la familia Orozco Medina que ellos eran los mismos sujetos que habían desaparecido a Don Leonel. A cambio de la vida del joven Leonel, pidieron la misma cantidad que exigieron por el esposo de María Elena, así como huertas de aguacate.

María Elena presentó entonces una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado, en el grupo de Antisecuestros de Morelia. De nueva cuenta, a las pocas horas de interponer la denuncia, la madre de Leonel recibió un mensaje amenazante para exigir la entrega del rescate. 

Moisés Orozco Medina, hermano de Leonel, siguió consiguiendo el dinero del rescate y partió hacia un municipio cercano para negociar con los secuestradores. Tras una negociación infructuosa, perdió la comunicación con los criminales. Aunque no lograron juntar todo el dinero, les dieron más de la mitad de lo que exigían por el rescate, pero jamás entregaron a Leonel. La Procuraduría tampoco dio inicio a las investigaciones correspondientes por la desaparición del hijo más joven de la familia.

La desaparición de Leonel fue el hecho culminante de la serie de delitos y amenazas que terminó por motivar el desplazamiento interno forzado de la familia Orozco Medina. La señora María Elena resume el terror que invadió a la familia con las siguientes palabras:

“Ese mismo día de la negociación fallida le dijeron a mi hijo que nos iban a acabar; que iban a acabar con todos. Dijo mi hijo: ‘vámonos de aquí mamá, ya del pueblo, porque ya me dijeron que van acabar con todos’”, de acuerdo al testimonio en 2018.

María Elena y el resto de sus hijos decidieron irse de Nuevo Zirosto por temor a ser blanco de nuevos ataques. A los hermanos de María Elena los dejaron a cargo de su casa, propiedades y del trabajo en los huertos de aguacates.

En este país, cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, ya sea como respuesta ante un hecho victimizante o como medida preventiva frente al contexto de violencia imperante en el país. Al ser forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia habitual, se convierten en personas internamente desplazadas. 

El acallamiento del fenómeno del desplazamiento interno forzado y sus dimensiones no invisibiliza la violencia generalizada que ha permeado por todo el territorio nacional, ya que esta puede verse reflejada, por ejemplo, en el incremento diario de las tasas de homicidio, en el número de personas desaparecidas y en el número de fosas clandestinas. 

“El único impacto real es la revictimización de un amplio sector de la población que vive en esta condición”, sentencia la CMDPDH, en su estudio Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, al que ha tenido acceso Revolución TRESPUNTOCERO.

En el documento la Comisión profundiza en el análisis cuantitativo del fenómeno, mediante instrumentos estadísticos oficiales. 

“El alcance de este ejercicio nos ha permitido estimar cifras sin precedentes, así como obtener información inédita sobre la población en condición de desplazamiento interno forzado en México, a pesar de que las herramientas estadísticas no están diseñadas para medir en su justa dimensión el fenómeno”, se señala. 

A manera de ejemplo, han podido estimar que cerca del 6.76% de la población en México se ha visto obligada a abandonar su lugar de residencia como resultado de la situación de violencia, de acuerdo con la información arrojada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

Miles de personas se han convertido en víctimas del desplazamiento interno forzado causado por las diversas formas de violencia presentes en el territorio nacional. A casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país. A pesar de que existen algunos esfuerzos por dimensionar la magnitud de la problemática, la cifra es aún incierta.

Solo en el periodo que comprende de enero a diciembre del año 2017, a partir del ejercicio de investigación de la CMDPDH se registraron en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, impactando a 20,390 personas. Estos eventos se presentaron en nueve estados del país, afectando al menos 27 municipios.

Los estados en los que se presentaron eventos de desplazamiento masivo son Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas. En todos los eventos de desplazamiento interno forzado masivo registrados por la CMDPDH durante 2017 se evidenció la presencia o el uso de la violencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH], 2018). 

La Comisión hace énfasis en lo preocupante que es la política de inacción del Estado mexicano frente al fenómeno, así como el hecho de que la Ley General de Víctimas (LGV), el marco jurídico-normativo que debería proveer a las víctimas de desplazamiento interno de la protección y atención necesarias para superar su condición de vulnerabilidad, en la práctica no lo hace. 

En esta ley se ha negado la inclusión de una definición de desplazamiento interno, obstaculizando —e inclusive negando— la posibilidad de acceder al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que atendería su compleja condición de víctima, se informa. 

“También es preocupante la negativa del Estado mexicano a reconocer, incluso ante el cuestionamiento de organismos internacionales, la presencia del fenómeno en nuestro país, sin haber llevado a cabo un diagnóstico oficial”.

Los “estados expulsores” son aquellos de donde salieron las personas que declararon haberse cambiado de estado por motivo de inseguridad pública o violencia en el periodo entre 2009 y 2014 y serán presentados en la gráfica siguiente, donde se destacan los casos de Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México.

Del total de personas que migró a otro estado por motivo de inseguridad pública o violencia en el periodo, 22.08% lo hizo desde el estado de Tamaulipas, el mayor porcentaje registrado. Los otros estados que tienen porcentajes elevados son Chihuahua, con 14.27%, Ciudad de México, con 12.32%, Estado de México, con 10.14%, Guerrero, con 6.77%, y Veracruz, con 5.69%. 

De 2011 a 2018, en promedio, casi la mitad —49.78%— de las personas que cambiaron de do- micilio como medida de protección ante la delincuencia también dejaron de salir a comer o cenar por temor de ser víctimas de algún delito. Entre las personas que no cambiaron de domicilio por ese motivo, el porcentaje promedio fue de 26.04%.

Con relación a llevar dinero en efectivo y salir en la noche, se mantiene la misma tendencia: las actividades de las personas que se vieron obligadas a cam- biar de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia son más afectadas. 

Con base en la experiencia de la CMDPDH en la identificación y análisis de episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, principalmente aquellos ocurridos a partir de 2006, se ha observado que la presencia y actuación de grupos ligados al narcotráfico, así como la realización de operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las demás acciones de combate a este fenómeno, pueden ser factores detonantes de desplazamiento interno forzado.

Un ejemplo, especialmente relacionado con las acciones de combate al narcotráfico, son los desplazamientos masivos que ocurrieron en 2015 como consecuencia de los operativos realizados para buscar a Joaquín Guzmán Loera —conocido como “El Chapo”— en los límites de Sinaloa y Durango, los cuales han sido ampliamente documentados por medios de comunicación.

En el actual gobierno, la CMDPDH celebró el estudio de Segob y CONAPO sobre desplazamiento interno forzado y hace un llamado para que se elaboren instrumentos especializados. En dicho estudio el gobierno reconoció el desplazamiento interno forzado causado por la violencia en México.

El pasado 11 de abril, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentaron el libro “La violencia como causa de Desplazamiento Interno Forzado. Aproximaciones a su análisis en México”, cuyo contenido ofrece un estudio cuantitativo y cualitativo del fenómeno con base en el análisis de diversos instrumentos estadísticos oficiales disponibles, así como en entrevistas a profundidad individuales y colectivas.

Con relación a la cuantificación del desplazamiento interno forzado en México, el CONAPO determinó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es el instrumento estadístico disponible actualmente que genera información con mayor precisión sobre los desplazamientos generados por la violencia. 

De acuerdo con los datos de la ENVIPE 2018, se estima que 1,133,041 personas cambiaron de domicilio para protegerse de la delincuencia entre 2017 y 2018. En las ediciones anteriores, la cifra anual varió entre 915,893 y 1,552,260 personas.

Entre las principales contribuciones del estudio cualitativo, destaca la ampliación de la información disponible con relación al perfil de las personas internamente desplazadas, sobre las causas, los lugares expulsores de población desplazada y la dinámica de los desplazamientos. El estudio identifica también que, ante la falta de atención gubernamental, los costos e impactos del desplazamiento han sido asumidos por las víctimas, de forma individual o familiar. 

“Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) celebramos la publicación de este libro, el cual representa el esperado reconocimiento oficial del desplazamiento interno forzado causado por la violencia en México. Asimismo, se trata de un primer acercamiento a un diagnóstico oficial amplio y un primer paso hacia la atención integral del fenómeno y sus víctimas”.

En este sentido, se destacó que la atención al desplazamiento interno forzado debe ser un esfuerzo interinstitucional y de los tres niveles de gobierno, por lo que la Comisión reiteró la importancia de la creación de una Ley General sobre desplazamiento interno forzado que establezca las atribuciones y competencias de las instituciones gubernamentales en la materia. 

“Es indispensable, además, considerar la participación de las víctimas en los procesos de toma de decisiones referentes a la elaboración de instrumentos de diagnóstico y políticas de atención. Finalmente, recomendamos contar también con la asesoría de organizaciones expertas en el tema como el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS), el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS) y el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, para que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales con relación a la identificación y atención de víctimas de desplazamiento interno forzado”.

Se recordó que la situación de las víctimas de desplazamiento interno forzado en México requiere atención urgente, por lo que es necesario movilizar recursos para ofrecer protección, atención humanitaria y cumplir con sus demás necesidades básicas de manera inmediata. 

Sin embargo, para prevenir nuevos desplazamientos, atender a las víctimas de manera integral y encontrar soluciones duraderas, dando fin al ciclo de desplazamiento, es esencial que existan también políticas integrales de atención de mediano y largo plazo, las cuales, para ser efectivas, deben estar guiadas por un diagnóstico comprehensivo que refleje la situación real de las víctimas, de acuerdo con sus perfiles y particularidades, puntualizó la Comisión.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.