(29 de abril, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La joven sudanesa Noura Hussein fue condenada a muerte en mayo de 2018 por haber matado al hombre con el que fue obligada a casarse, y que intentó violarla. 

Tras la oleada de indignación internacional y las importantes actividades de campaña de Amnistía Internacional, su condena a muerte fue anulada y reemplazada por una pena de cinco años de prisión y una indemnización económica —tradicionalmente conocida como diya o “dinero de sangre”— de 337.500 libras sudanesas (unos 8.400 dólares).

Noura declaró a Amnistía Internacional: “Cuando el juez me dijo que me habían condenado a muerte, me sentí completamente conmocionada. No había hecho nada para merecer morir. No podía creer semejante grado de injusticia, sobre todo para las mujeres. 

Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido que me pudieran ejecutar. Lo primero que pensé fue: ‘¿cómo se siente una persona a la que van a ejecutar? ¿Qué hace?’. Mi caso era especialmente duro, porque cuando me condenaron, mi familia me había repudiado. Me enfrentaba sola a mi propia angustia.” 

En 2018, Amnistía Internacional registró, al menos, 690 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 31% con respecto al año 2017, en que se registraron, al menos, 993 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas durante los últimos 10 años.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak , por ese orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos conexos como secreto de Estado; la cifra oficial de, al menos, 690 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que, presumiblemente, tuvieron lugar en China.

En noviembre, las autoridades de Vietnam comunicaron que, a lo largo de 2018, se habían consumado en el país 85 ejecuciones, colocándose así entre los cinco mayores ejecutores del mundo.

Excluyendo a China, el 78% de las ejecuciones registradas se produjeron en sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam.

Por su parte, Botsuana, Sudán, Tailandia y Taiwán reanudaron las ejecuciones a lo largo del año. Amnistía Internacional no tuvo constancia de ejecuciones en Bahréin, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Malasia ni Palestina (Estado de), donde sí se habían registrado en 2017.

En Irán, las ejecuciones descendieron de 507 (como mínimo) en 2017, a 253 (como mínimo) en 2018, lo que supuso una disminución del 50%. Asimismo, en Irak pasaron de 125 (como mínimo) en 2017 a, 52 (como mínimo) en 2018, mientras que en Pakistán, se redujeron a un mínimo de 14 en 2018, frente a las 60 (como mínimo) de 2018. Somalia redujo las ejecuciones a la mitad, al pasar de 24 en 2017 a 13 en 2018.

En junio, Burkina Faso abolió la pena de muerte en su nuevo Código Penal. El febrero y julio, respectivamente, Gambia y Malasia declararon sendas suspensiones oficiales de las ejecuciones, y en octubre, el estado de Washington, en Estados Unidos, declaró inconstitucional su estatuto de pena de muerte.

Al concluir 2018, 106 países (más de la mitad de los Estados del mundo) habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, y 142 países (más de dos tercios del total) la habían abolido en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 29 países: Afganistán, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Benín, Botsuana, China, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guyana, India, Irán, Kuwait, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos y Sáhara Occidental, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Zimbabue.

Hồ Duy Hải, declarado culpable de robo y asesinato pese a haber reconocido que había firmado su “confesión” bajo tortura, fue condenado a muerte en 2008. Continúa en peligro de ejecución en Vietnam. La angustia por su posible ejecución ha tenido efectos devastadores para su familia.

Su madre, Nguyễn Thị Loan, explicó a Amnistía Internacional: “Han pasado 11 años desde que lo detuvieron, y nuestra familia está destrozada. No soporto más este dolor. El solo hecho de pensar en el sufrimiento de mi hijo encarcelado me resulta insoportable. Agradecería que la comunidad internacional me ayude a reunir a mi familia. Ustedes son mi única esperanza.”

Pese al considerable descenso en el número de ejecuciones consumadas, Irán sigue acaparando más de un tercio de las ejecuciones del mundo.

Asimismo, Amnistía Internacional consideró preocupante el marcado aumento experimentado a lo largo del año en el número de condenas a muerte impuestas en algunos países.

En tanto, se registraron en total ocho exoneraciones de personas condenadas a muerte repartidas en cuatro países: Egipto, Estados Unidos, Kuwait y Malawi.

Amnistía Internacional registró, al menos, 2.531 condenas a muerte nuevas en 54 países, lo que suponía un ligero descenso con respecto a las 2.591 de 2017. Al concluir 2018, se tenía constancia de la existencia de, al menos, 19.336 personas condenadas a muerte en todo el mundo.

Los métodos de ejecución utilizados en 2018 fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento. También se tuvo constancia de la imposición de dos condenas a muerte por lapidación en Irán.

Según la información recibida en 2018, en Irán se ejecutó a siete personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

Se tuvo constancia de, al menos, 98 ejecuciones por delitos de drogas consumadas en cuatro países, es decir, el 14% del total mundial, pero un 28% menos que en 2017. También se tuvo noticia de la imposición de 226 condenas de muerte por ese tipo de delitos en 14 países.

Además, se confirmó la imposición, en varios países, de condenas a muerte en procesos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Éstos eran: Arabia Saudí, Bangladesh, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Vietnam.

Análisis de la pena de muerte por regiones

América: Por 10º año consecutivo, Estados Unidos, volvió a ser el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones. El número de ejecuciones (25) y condenas a muerte nuevas (45) registradas en Estados Unidos aumentó ligeramente con respecto a 2017.

El estado de Texas llego casi a duplicar su cifra de 2017 (de 7 a 13), acaparando algo más de la mitad del total nacional. Nebraska consumó su primera ejecución desde 1997; Dakota del Sur, desde 2012; y Tennessee, desde 2009.

Sólo dos países —Estados Unidos y Guyana— dictaron condenas a muerte, la cifra más baja registrada desde que Amnistía Internacional empezó a recoger datos en 1979.

En octubre, se declaró inconstitucional el estatuto de pena de muerte del estado estadounidense de Washington.

Asia y Oceanía: En 2018 se tuvo constancia de, al menos, 136 ejecuciones en nueve países de la región, en comparación con las, al menos, 93 de 2017. Este incremento se debió sobre todo a la cifra proporcionada —en contra de su práctica habitual— por las autoridades de Vietnam. La cifra no incluye los miles de ejecuciones que, a juicio de Amnistía Internacional, debieron de tener lugar en China.

Tailandia reanudó las ejecuciones, que llevaban interrumpidas desde 2009.

Japón triplico con creces su cifra anual (de 4 a 15), tras el ahorcamiento de 13 hombres en un caso de amplia resonancia referente al mortífero atentado perpetrado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.

Singapur registró 13 ejecuciones, con lo que alcanzó, por primera vez desde 2003, una cifra de dos dígitos.

Pakistán registró un descenso del 77% en las ejecuciones, que pasaron de 60 en 2017 a 14 (como mínimo) en 2018. Por su parte, Malasia anunció una moratoria de las ejecuciones y la revisión de su legislación sobre la pena muerte.

Se dictaron, al menos, 1.100 condenas a muerte nuevas en 17 países, lo que supuso un ligero aumento con respecto a las 1.037 registradas el año anterior.

Europa y Asia Central: En Bielorrusia se registraron, al menos, cuatro ejecuciones en 2018 frente a las dos de 2017. La última vez que otro país de la región había llevado a cabo ejecuciones fue en 2005.

Kazajistán, la Federación Rusa y Tayikistán siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones.

Oriente Medio y Norte de África

El número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en Oriente Medio y Norte de África descendió en un 41%: de 847 en 2017 a 501 en 2018, la cifra más baja de ejecuciones registrada en la región.

Se tuvo constancia de ejecuciones en cinco países —Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán y Yemen—, es decir, un 50% menos de países ejecutores.

Arabia Saudí, Irak e Irán siguieron siendo los principales países ejecutores de la región, con un mínimo de 454 ejecuciones registradas entre los tres, que representaban el 91% del total regional.

En 2018, se registraron 1.170 condenas a muerte, cifra que suponía un incremento del 89% con respecto a las 619 de 2017. Egipto fue el país con mayor número de condenas a muerte, con un mínimo de 717 personas condenadas, frente a las 402 de 2017.

África subsahariana: En 2018, cuatro países llevaron a cabo ejecuciones: Botsuana, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

La reducción de las ejecuciones registradas en Somalia se tradujo en un descenso general en toda la región, que pasaron de 28 en 2017 a 24 en 2018, pese a su alarmante ascenso en Sudán del Sur.

El número de condenas a muerte registradas descendió de 878 (como mínimo) en 2017 a 212 (como mínimo) en 2018. Sin embargo, el número de países que dictaron condenas a muerte ascendió a 17 frente a los 15 registrados en 2017.

Burkina Faso abolió la pena de muerte para los delitos ordinarios, y Gambia estableció una moratoria de las ejecuciones y ratificó un tratado internacional por el que se comprometía a abolir la pena de muerte.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.