(05 de mayo, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 23 de marzo pasado, un grupo de militares pertenecientes al 101 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ). 

“Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo”, denunció el Frayba.

De acuerdo a la denuncia del Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García: “Victorino Morales Morales resultó ser soldado de infantería perteneciente al 101 Batallón destacamento en Chicomuselo, Chiapas, acreditado con la tarjeta de identidad militar número 101BI/024 expedido por el Coronel de Infantería Juan Reyes Gregorio comandante de la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Se mencionó que algunos participantes a este evento identificaron a Alejandro Yera Reyes como uno de militares que llegaron en busca del sacerdote a la casa parroquial, el 05 de noviembre de 2018 para violentarlo; refirieron que esta misma persona se ha presentado algunos domingos en las misas de 10:00 a.m. que se lleva a cabo en el templo de San Pedro y San Pablo de la cabecera parroquial.

Desde el 30 de enero de 2019, las Brigadas Civiles de Observación mantienen presencia en Chicomuselo con el objetivo de monitorear violaciones a derechos humanos ante el aumento de la militarización de la región. 

Frayba ha registrado distintos actos de intimidación y hostigamiento en contra de defensoras y defensores de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, quienes se organizan en defensa de su territorio ante la reactivación de proyectos mineros en la región.

El espionaje militar a defensoras es de especial preocupación por el riesgo que ellas enfrentan en un contexto de creciente criminalización y militarización en México, se informó. 

Sobre la problemática, Rubén Moreno, Coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Frayba, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que las fotografías y videos que tomaron los militares durante el encuentro de mujeres defensoras de Derechos Humanos fueron dirigidas principalmente a las ponentes. 

“Se logró evidenciar que quienes realizaron este espionaje era personal destacamentado en Chicomuselo. Esto no es nuevo, ya se ha padecido esta situación en la zona norte de Chiapas, principalmente en Palenque, donde a raíz de que 120 comunidades indígenas se organizaron para defender sus derechos se percataron que un repartidor de tortillas era quien recababa información sobre representantes y coordinadores y después comenzó a darse una fuerte vigilancia por parte del ejército”, comentó.

Moreno asegura que Chiapas sigue viviendo una situación de violencia e impunidad que se arrastra desde el conflicto armado de 1994. “Esto se refleja en los ataques que se perpetran en la Zona Alta, donde las comunidades son asediadas por grupos civiles fuertemente armados que disparan contra ellos para provocar desplazamiento forzado”.

El también abogado del área internacional de Frayba señala que el Estado Mexicano sigue sin hacer nada como en tiempos de Velasco Coello. Por lo que la violencia contra comunidades indígenas persiste. “Existen varios focos vulnerables donde se ataca a defensores de derechos humanos, de la tierra y de los derechos indígenas”.

Desde diciembre de 2018, se incrementó presencia de soldados armados con metralletas

Frayba ha documentado el espionaje de militares sin que esto haya tenido repercusión positiva para proteger a la población. Tal es el caso de La Realidad. El Centro de Derechos Humanos indica que “a cinco años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde pueblos originarios construyen vida digna”.

Se explica que desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de pueblos originarios, especialmente en la región de la Selva Lacandona, “como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México”.

En La Realidad, Frayba tiene un campamento de observación por lo que ha podido documentar la presencia de militares y sobrevuelo de helicópteros de Sedena. “El Centro, a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas).

“Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Para Frayba, las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población, se indicó.

“Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino. Hay registro de dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas”.

El Frayba asegura que la militarización que persiste en los nuevos gobiernos federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de Rutilio Escandón Cadenas, “atenta contra la vida de comunidades que en Chiapas defienden su derecho a la autodeterminación y territorio”.

El abogado Rubén Moreno indica que con ambos gobiernos continúa la omisión ante este tipo de problemática, “pareciera que solamente se está administrando un conflicto pero no se ha atacado el problema para que estas comunidades dejen de ser atacados por grupos armados y que el ejército no realice ningún tipo de acto en contra de las poblaciones. Todavía no vemos acciones para que realmente se respeten las garantías y los derechos de las personas vulneradas.

“Solamente pedimos al gobierno que intervenga y pida que se deje de hostigar a los pueblos que solamente están luchando por que se haga valer sus derechos. Queremos que se investigué a fondo quiénes son los grupos que atacan a poblaciones de los Altos y que se les castigue para que dejen de amedrentar a la población”, comentó Moreno.

Frayba recuerda las palabras de Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos, durante su informe anual: “En el clima político actual, en el que hay una reacción violenta contra los derechos humanos, las mujeres que defienden y promueven los derechos son a menudo las primeras en ser atacadas” y pide  al Estado mexicano recordar su compromiso por proteger la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores.

A su vez exigió a la Secretaría de Defensa Nacional cesar los actos ilegales de espionaje, intimidación y hostigamiento a defensoras y defensores en el municipio de Chicomuselo.


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.