(20 de mayo, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- “A mi hija de 21 años no la he vuelto a ver desde hace poco más de dos años; entonces mi nieto, al que ahora cuido, tenía tres años”.

“Mi hija sufría constantemente de violencia física y psicológica por parte de su pareja, ella vivía en la casa de su familia política, aunque me contaba que no la querían ahí. Muchas veces trató de separarse y regresar a vivir conmigo, pero él siempre la convencía de regresar.

Antes de su desaparición ella me había dicho que ya había hablado con su compañero y que se venía a mi casa definitivamente; para esa época él no trabajaba y era ella quien asumía los gastos económicos del hogar. Él frecuentemente la acosaba en su trabajo, la hostigaba con llamadas telefónicas, la jaloneaba en público y la amenazaba constantemente con llevarse lejos a su hijo.

Cuando me dijo por teléfono que ahora sí era definitivo y se iba a ir de esa casa yo no le creí, la había escuchado muchas veces decir lo mismo… sin embargo esta vez era cierto. Esa fue la última llamada que tuvimos, luego no volvió a llamar, ni a contestar.

Yo nunca había tenido buena comunicación con su pareja y cuando mi hija no aparecía pensé que había ocurrido lo de siempre, después de dos días de no saber de ella me comuniqué y sólo después de cuatro días de desaparecida se puso la denuncia oficial. Él me entregó al niño y después de un tiempo no volvió a interesarle buscar a mi hija.

Yo recuerdo cuando él me dijo, luego de una de las discusiones habituales que tenían: ‘Es que tengo miedo de que algún día se me pase la mano’. El día anterior a su desaparición ella me llamó, estaba preocupada porque su compañero no había regresado todavía y se había llevado a su hijo…

Tantas cosas pudieron haberle sucedido, se la pudieron llevar, en este municipio eso pasa… Debí haber tenido hijas feas… Si a mí me quieren jalar hago que me maten, así ya me encuentra mi familia”.

Testimonio aportado a IDHEAS por una integrante del Colectivo Uniendo Esperanzas.

Junio de 2017

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existe en México un total de 35,424 personas desaparecidas, de las cuales 8,987 son mujeres (de todas edades). 

El Estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas del país con un total de 1,790 casos registrados oficialmente, 1,779 en el fuero común y 11 en el fuero federal. 

Mientras que el porcentaje de mujeres en el ámbito nacional es del 25%, en el Estado de México asciende a 46%; es decir, el número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en esta localidad es casi dos veces superior que en otras entidades del país.

“Estas cifras de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas son alarmantes, sobre todo si se considera que en los últimos cinco años se observa una tendencia creciente de casos, en especial en municipios que ya cuentan con la Alerta de Violencia de Género desde el año 2015”, expone IDHEAS en su Diagnóstico: Mujeres desaparecidas en el Estado de México.

En el documento se explica cómo las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos(as) en el Estado de México viven con miedo. Van con sus volantes y mantas, pegan los anuncios con las fotos de una madre, una hija, una hermana o un hijo que apenas cumpliría los 16 años. 

Los buscan, piden señales, abren las redes sociales y recopilan noticias, conservan la cuenta activa de los celulares de sus seres queridos y realizan el mismo camino frecuentemente entre los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), hospitales, clínicas mentales, asilos, unidades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Cruz Roja.

“Entre ellas se aprenden de memoria los detalles de los otros casos, piden a las compañeras de búsqueda las fotografías y la descripción de sus familiares para estar atentas, para que no se les pasen por alto. Cada tanto se dan a la tarea de repetir los hechos, las historias, los rumores, la información, tratan de encontrar algo que aún nadie ha visto, algo que no se tuvo en cuenta, nuevas preguntas, nuevas personas y testigos, nuevas líneas de investigación que aún no se han considerado.

“Aunque tienen miedo, no se permiten paralizarse, se obligan a continuar desde el lugar donde estén, pues muchas han tenido que desplazarse de sus colonias y comunidades a otras, incluso de municipio, o han decidido vivir en la Ciudad de México, debido a las amenazas directas e indirectas que suelen recibir cuando comienza la denuncia y la búsqueda”.

El miedo las hace vulnerables. Les es difícil hablar en voz alta y exigir cuando no saben ante quien están solicitando y/o demandando un trámite. Tienen que documentarse con las leyes y protocolos de actuación, entenderlos y con ellos revisar constantemente cada paso de su búsqueda, señala el documento.

Los defensores de Derechos Humanos que intervienen en la realización del documento, consultado por Revolución TRESPUNTOCERO, explican que las familias también deben encontrar estrategias para que las y los servidores públicos les pongan atención, cumplan con sus obligaciones y sean diligentes en los trámites. Pues, regularmente son ellas las que terminan haciéndose cargo del traslado de expedientes, de la impresión y de las fotocopias, de verificar si la documentación llegó y si el expediente de su caso está completo.

Se sienten observadas, perseguidas y frecuentemente sufren violencia institucional, entendida como: “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres […] así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. 

Padecer este tipo de violencia las revictimiza. Para los colectivos de familiares el derecho de las personas a ser buscadas vivas debe ser reivindicado. Hacer efectivo este proceso requiere que no solo las familias sino las instituciones y la sociedad en general puedan, en su orden, exigirlo, llevarlo a cabo y acompañarlo hasta su conclusión.

Es así como los casos de niñas y mujeres desaparecidas en el Estado de México no solo se han incrementado en los últimos tres años, sino que se vinculan con otros delitos y graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, “buscar a pesar del miedo es un acto que dignifica a las víctimas. Ellas lo manifiestan cuando hablan de lo que significa estar organizadas en colectivos de familiares”.

El día 31 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del Estado de México, misma que dentro de su contenido resolutivo frente a la desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México ordena:

Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para: buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas. Para ello se deberán elaborar los Protocolos de Actuación y Reacción Policial en materia de Violencia de Género y Personas Desaparecidas, que, por lo menos, consideren los lineamientos internacionales y aquellos establecidos en el Protocolo Alba.

Entre las acciones comprendidas se consideró la creación y coordinación de agrupaciones especializadas en seguridad y de células municipales de reacción inmediata, así como mecanismos adecuados para la valoración y análisis del riesgo relacionados con violencia de género, además de acciones urgentes para implementar en las primeras 48 horas a partir de que se tenga conocimiento de la desaparición.

El número total de personas desparecidas en el país reportado por el RNPED, hasta enero de 2018, fue de 35,424 personas, de las cuales el 11% corresponde al Estado de México, donde se reportaron un total de 3,861 casos.

Mientras que en el ámbito nacional las niñas y mujeres representan el 25% de los casos, en el Estado de México, representan casi el doble con un 46%. Frente a los datos nacionales el Estado de México ocupa el segundo lugar en el número de casos de personas desparecidas, lo supera Tamaulipas con 5,989 casos reportados en el RNPED, cuando se analizan los casos de Fuero Común

IDHEAS señaló que únicamente 28 casos de personas desaparecidas en el Estado de México fueron reportados por el Fuero Federal, lo cual es reducido considerando que el total del país son 1,156 casos en dicha instancia. 

Lo anterior, dice más sobre los sucesos que involucran mujeres, ya que de los 28 casos que se atienden en el ámbito federal para el Estado de México, al menos 11 corresponden con casos de mujeres desaparecidas y su trámite está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) con base en los datos contenidos en averiguaciones previas iniciadas por esta institución a partir de enero de 2014.

A partir de la información entregada por la FGJEM, se reportan un total de 1,343 niñas, adolescentes y mujeres en calidad de desaparecidas, no localizadas, extraviadas y/o ausentes, desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2017.

“Comparando las dos cifras, los datos presentados por el RNPED a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y acumulados desde la creación de dicho registro, son mayores a los que reporta la FGJEM. La cifra que se encuentra reportada por RNPED equivale a 1,790 casos de niñas y mujeres desparecidas frente a los 1,343 casos reportados por la FGJEM. La diferencia es de 447 casos entre ambos registros.

“De existir casos de Desaparición Forzada de mujeres, estos deberían estar incluidos dentro de los 11 casos de mujeres reportados por el Fuero Federal, debido a que la Procuraduría General de la República tiene la competencia sobre los mismos. Sin embargo, esta información no está disponible en las bases de datos oficiales”, señala la organización.

De acuerdo con las entrevistas realizadas con familiares de niñas, adolescentes y mujeres desparecidas del Estado de México las cifras pueden ser mucho mayores pues se considera que muchos casos no son reportados por:

Temor a sufrir represalias porque las autoridades encargadas de recibir la denuncia pueden ser las mismas responsables de la desaparición o tener nexo con el crimen organizado. También porque pueden tener escasos conocimientos o falta de confianza en el sistema judicial y sistema no jurisdiccional.

La problemática fue presentada durante el 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las organizaciones IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el colectivo “Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos” y la asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”.

En la audiencia, la CIDH anunció que formará parte del grupo de observación para el seguimiento de la petición de Alerta por Violencia de Género (AVG) por desaparición de mujeres y niñas en municipios mexiquenses, esto luego que el grupo de colectivos que asistió al acto pidió que se involucrara en el tema. 

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que “los altos niveles de violencia que enfrentan las niñas y los niños representan la herencia más dolorosa que ha recibido el actual gobierno”. 

Y puntualmente sobre las denuncias de desapariciones de mujeres y niñas en el Estado de México, la delegación informó de las acciones que se han llevado y se continúan realizando para robustecer a las autoridades federales y de esa entidad federativa para enfrentar ese desafío, así como los avances que se han tenido. Asimismo, se reafirmó el compromiso del Estado mexicano, a nivel nacional, para enfrentar y paliar esas graves violaciones de derechos humanos.


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Alfredo Acosta