(16 de junio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras más de dos años de no comunicarse con su pequeña hija de 11 años y ni siquiera saber su ubicación, este jueves 13 de junio, Yessika Hernández por fin pudo despertar sin preguntarse si la menor se encontraba bien. La niña volvió a su hogar junto a su madre y su hermano de cuatro años.

El 1 de mayo de 2017, la niña fue sustraída por su padre, Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, hasta ahora titular de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Lo anterior lo hizo, mientras realizaba una de las convivencias que un juez le había autorizado, después de otorgarle la guarda y custodia a la madre, tras su divorcio. 

Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, pidió a Yessika en abril de 2017 un permiso para trasladar a su hija de Monterrey a la Ciudad de México, a propósito del día del niño. 

“Estaría con él desde el 28 de abril de aquel año. La condición fue que él comprara los boletos de ida y regreso de mi hija y yo la iría a recoger al aeropuerto de Monterrey. Pero esto no pasó”. 

Yessika Hernández, abogada de profesión, aseguró a Revolución TRESPUNTOCERO, que siempre fue respetuosa de las convivencias a las que el padre tenía derecho. 

El día que se acordó para que la pequeña regresara a su domicilio en Monterrey, la madre recibió una llamada por parte de Ibáñez Candelaria. “No esperes a tu hija. Ya no regresará, se quedará a mi lado”, le dijo. 

Desde ese momento, Jessika intentó por la vía legal recuperar a su pequeña hija, sin que las autoridades cumplieran con lo que por derecho le correspondía a la madre. De lo más desafortunado que ella padeció fue desconocer el domicilio del trabajo y particular de Ibáñez Candelaria tras su salida como funcionario de Sedesol.

Al no conocer su ubicación, tampoco sabía dónde se encontraba su hija y ni siquiera tenía la certeza que la pequeña continuara con sus estudios. Pese a que el 6 de marzo pasado en un documento dirigido a Francisco Almazán Barocio, Director General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, se giró la orden para que con el apoyo al protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, procediera a la localización y entrega de la pequeña a lado de su madre. 

El funcionario de CEAV, dio a conocer dos domicilios. En ninguno de los dos vivía. Lo que incrementó la desesperación de la madre. Ya que ni siquiera la Alerta Amber emitida para la localización de la menor parecía funcionar. 

A mediados de mayo pasado, esta reportera contactó a Jessika Hernández, quien accedió a narrar la problemática y las fallas legales en el caso. Lo grave de la situación es que las autoridades encargadas de la localización del funcionario y la menor no tenían la certeza de que continuara en la Ciudad de México. Y él había negado estar laborando.

En un audio en poder de este medio, él comentó a la madre: “No estoy trabajando. Ahorita no me están dando chamba en ninguna parte (…) no le vas a dar trabajo a quien administró el dinero del que perdió … Me quisieron ratificar en la Secretaria de Bienestar pero Raquel Buenrostro -oficial mayor de la SHCP- no me dejó, me quisieron ratificar en Indesol pero Raquel Buenrostro no me dejó”.

Sin embargo, esta reportera pudo demostrar que seguía en el servicio público como titular de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de la CEAV, con un sueldo de 63 mil 859.38 mensuales, de acuerdo a la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal.

Tras la publicación del caso en Revolución TRESPUNTOCERO y cuestionar durante su conferencia matutina al Presidente López Obrador, él respondió: “Se ponen de acuerdo con Jesús (Ramírez) para que la reciba la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero). Ese es el compromiso. Y que le explique sobre su problema y qué se puede hacer para ayudar. ¿Te parece?”.

La exposición del caso ante la opinión pública durante la conferencia matutina del Presidente de México y la presión de la madre con las autoridades, que comprobó que efectivamente era un funcionario de CEAV, “y no estaba tan desaparecido como se decía”, fue localizado y de acuerdo a los términos legales obligado a entregar a la menor a su madre. 

Pese a las difíciles horas de la audiencia que padeció tanto Jessika Hernández, como la pequeña, derivado de las graves consecuencias de la separación y el comportamiento amenazante y agresivo de los acompañantes del funcionario, después de la entrega de la pequeña, las autoridades se han comprometido a proteger tanto a la madre como a la hija, para que no se vuelva a repetir ningún acto que altere la paz de ambas. 

Por ahora, el funcionario podrá ver a la menor bajo supervisión del Estado. Esto mientras comprueba que es un padre apto para convivir con la menor de manera normal, sin causarle algún tipo de daño o afectación o incluso repetir una sustracción. Preciso es mencionar que  Ibáñez Candelaria continúa trabajando con víctimas, pese a estos antecedentes. 


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.