(16 de junio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La decisión de la Corte Penal Internacional de no autorizar una investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán señala un vergonzoso abandono de las víctimas y debilitará más su credibilidad, ha dicho Amnistía Internacional.

Recientemente, se publicó en Open Global Rights, que un panel de magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por unanimidad la solicitud que presentó en noviembre de 2017 la fiscal Fatou Bensouda para abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el brutal conflicto armado en Afganistán. Con esta decisión, se les cierran las puertas de golpe a las víctimas y sus familias, quienes no han podido recurrir a la justicia.

La decisión de la CPI se produce pocos días después de que Estados Unidos, que ya había amenazado a la Corte, revocara el visado a la fiscal jefe porque la investigación implicaba crímenes perpetrados por las fuerzas estadounidenses.

“En Afganistán se han perpetrado crímenes atroces con casi total impunidad en todo el país durante más de 15 años. La decisión tomada hoy por la CPI es un vergonzoso abandono de las víctimas que debilitará su ya cuestionable credibilidad”, ha dicho Biraj Patnaik, director regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

Los jueces de la CPI afirman que en su decisión influyó la perspectiva de unas investigaciones complicadas, la falta de cooperación estatal plena y las limitaciones presupuestarias.

“Ninguna de las razones dadas por los jueces de la CPI justifica esta decisión. La investigación de los crímenes más graves siempre se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. En todo caso, la renuencia de la Corte a continuar con las investigaciones ante estas dificultades sólo revela que está sobrepasada, y señala su escasa determinación”, ha afirmado Biraj Patnaik.

La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impide que la fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. Sin embargo, el temor de que la CPI haya actuado basándose en consideraciones políticas, no jurídicas, ofrece pocas esperanzas, señala Amnistía Internacional.

“Esta decisión, tomada inmediatamente después de una serie de enloquecidos ataques por parte de altas autoridades estadounidenses, y tras largos e inexplicables retrasos hasta el momento, se considerará en última instancia una cobarde capitulación ante el hostigamiento y las amenazas de Washington”, ha dicho Biraj Patnaik.

“La Corte tiene la obligación moral y jurídica de dirigirse a las víctimas de crímenes en Afganistán para explicarles esta decisión.”

En un primer momento, los magistrados coincidieron con la conclusión de la fiscal de que ninguno de los principales responsables de estos crímenes —ya sean miembros de los talibanes, de las fuerzas afganas o personal de los EE. UU.— había sido llevado ante la justicia, lo que constituye una determinación crítica, dado que la CPI solo puede actuar como un tribunal de última instancia. 

Pero después, los magistrados tomaron la medida inesperada de evaluar si seguir adelante redundaría en “interés de la justicia”. Finalmente, decidieron que no lo haría y rechazaron la solicitud de la fiscal.

“Los magistrados reconocen que 680 de las 699 solicitudes presentadas por las víctimas a la CPI apoyaban una investigación. Pero desde su punto de vista, seguir adelante con el proceso solo redundaría en interés de la justicia si diera lugar a investigaciones eficaces y a un procesamiento satisfactorio de los casos en un plazo razonable.

“Los magistrados señalaron las complicadas circunstancias en Afganistán, incluida la inestabilidad política, que justifican en parte el examen preliminar, de 11 años de duración, que realizó la fiscal sobre posibles crímenes en dicho país”, se informó.

Param-Preet Singh, Directora asociado en el Programa de Justicia Internacional, señala que las décadas de impunidad en Afganistán han dejado en claro a las víctimas de delitos graves y a sus familias que los intereses de los poderosos casi siempre prevalecen sobre sus intereses y su derecho a exigir que los responsables rindan cuentas. 

“Al elegir no investigar los posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán, los magistrados han comunicado a las víctimas que la CPI tampoco las defenderá. Y ese es un mensaje peligroso que repercutirá mucho más allá de Afganistán”.

Los críticos de esta decisión han cuestionado también la autoridad de la Sala para analizar los “intereses de la justicia”, dado que la Fiscal utilizó su poder de motu proprio para solicitar una investigación, lo que sugiere que la Sala de Cuestiones Preliminares podría haber actuado por encima de sus poderes.

“Estamos muy decepcionados. Los jueces de la CPI hablan de presión y de desafíos, pero no se les debe decir a las víctimas de Afganistán que la búsqueda de justicia es un desafío y que la investigación solo será el comienzo”, dijo Guissou Jahangiri, Directora Ejecutiva de Armanshahr/OPEN ASIA, Vicepresidente de la FIDH y miembro fundador del Transitional Justice Coordination Group.

“Como afgana y familiar de una víctima de la guerra, me sorprende y decepciona saber que la CPI rechazó la solicitud para abrir una investigación en Afganistán. La decisión de los magistrados de la CPI es simplemente un error judicial y un golpe a la demanda de justicia de millones de víctimas de la guerra en Afganistán”, dijo Horia Mosadiq, miembro del Afghanistan Transitional Justice Coordination Group.

Añadió: “Nuestros miembros de todo el mundo están expresando su sorpresa por la negativa de la CPI y están declarando que los argumentos en contra de la autorización se oponen a los principios fundadores de la Corte, expresados en el Preámbulo del Estatuto de Roma: ‘Poner fin a la impunidad y prevenir atrocidades masivas con miras a lograr la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”, dijo William R. Pace, Coordinador de la Coalición por la CPI. 

“Nuestros miembros creen que la decisión de la Sala debe ser apelada y modificada”, agregó Pace.

Desde 2009, los combates en Afganistán han matado a 24 mil 841 civiles y han herido a 5.347. El 2016, de acuerdo con los datos de la ONU, ha sido el año más letal para los niños. 

A lo largo de este periodo, habrían tenido lugar varios crímenes internacionales, estos incluyen asesinatos, persecución, delitos de género, ataques intencionales contra personal humanitario y contra objetos protegidos, reclutamiento de niños y violencia sexual.

“A pesar de los continuos pedidos de la sociedad civil afgana y de las organizaciones de derechos humanos, es una noticia muy lamentable que los jueces de la CPI hayan rechazado el pedido de la Fiscal para abrir una investigación sobre la situación en Afganistán, especialmente teniendo en cuenta el creciente número de víctimas civiles y de crímenes de guerra que aún se están cometiendo en el país. Esperamos que los magistrados de la CPI reconsideren su decisión”, dijo el Dr. Daoud Ali Najafi, Director de la Organización de Afganistán para los Derechos Humanos y la Paz (AOHRP).


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Alfredo Acosta