(30 de octubre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Rafael se dirigía a casa de su madre cuando un grupo de policías estatales de Reynosa, Tamaulipas, lo detuvieron, lo acusaron de ser un delincuente y le dispararon. 

En medio de la violencia ejercida en su contra, gritó incesantemente que era inocente. A los policías eso no les importó. Después de golpearlo en vía pública, lo ejecutaron.

Rafael Montoya Rosales, con 49 años de edad, era padre de familia y ejercía el oficio de la plomería. El 30 de marzo de 2018, como todos los días, se dirigió a atender a su madre, quien tenía complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía desde hacía algunos años. 

“A mí me avisaron que hubo una balacera y que mi esposo estaba herido. De inmediato fui con mi hijo a la zona donde me dijeron que se encontraba. Al llegar vi a muchos soldados y les pregunté qué había pasado. 

“Uno de ellos me dijo: ‘mataron a un delincuente’. Con esas palabras me tranquilicé. Definitivamente no era mi esposo. Sin embargo, la gente ahí me dijo que en efecto era él a quien le habían disparado y estaba muerto”, narró a Revolución TRESPUNTOCERO, Juana Arecha Celestino, esposa de Rafael.

“Al señor lo mataron los policías”, aseguró un testigo. En medio del dolor y la desesperación la familia interpuso la denuncia a fin que les entregaran el cuerpo de Rafael. Para ello llevaron a dos testigos quienes aseguraron que presenciaron el momento en que los elementos ejecutaron a la víctima, quien les suplicaba lo dejaran ir porque era inocente y lo estaban confundiendo.

De acuerdo a los testimonios, cuando Rafael pasaba por la colonia Aquiles Serdán, se suscitó una balacera en la zona de tolerancia. “Al llegar casi a la esquina se encontró con una camioneta donde iban los presuntos delincuentes. Esos hombres se bajaron y corrieron en medio de las vecindades, los policías iban tras de ellos. 

“Algunos de los perseguidos entraron a las casas y hasta se cambiaron de ropa para poder escapar. En medio de esa persecución, una camioneta se detuvo, los policías vieron a Rafael, lo detuvieron y le preguntaron a dónde iba. Él respondió que su destino era la casa de su madre, pero no le creyeron”.

Los policías le dijeron: “Que se me hace que tú eres uno de esos delincuentes”. Rafael aseguró que no era verdad. “Soy una persona de bien”. De inmediato le gritaron: “Agáchate”, lo hincaron. 

“Él lloraba y gritaba que era inocente” 

“Él lloraba y gritaba que era inocente, de acuerdo a lo declarado por los testigos. Pero no ls importó. Me lo hincaron, me lo golpearon, me lo balearon y todavía le dieron el tiro de gracia, como si él fuera un delincuente”, recordó Juana, entre lágrimas. 

A esto se sumó que el cuerpo de Rafael tenía la huella de una bota de policía, en la espalda. De acuerdo a la declaración de los testigos, que consta dentro de la denuncia, ya estando muerto, le sembraron un chaleco, una pistola y droga. 

“Los policías que estaban arriba de la camioneta comenzaron a reírse y después le tomaron una fotografía al cuerpo. A partir de aquella tragedia nunca más ni yo, ni mis cinco hijos hemos tenido paz. Es un proceso muy pesado. No tenían derecho a quitarle la vida. Incluso siendo un delincuente, no tenían porque matarlo”, comentó Juana.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha esclarecido este homicidio que se encuentra en la carpeta de investigación 288/2018, mientras sus familiares han solicitado la intervención del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para denunciar este caso de ejecución arbitraria ante instancias internacionales. Por ahora, ni siquiera se ha asignado un juez a dicho caso. 

A más de un año y medio de la ejecución extrajudicial, Juana señaló que en la Procuraduría no le han asignado un abogado que lleve el caso. “Envié un oficio al gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, no me contestó. Pese al riesgo, dolor y la pena que me provoca este hecho, he ido casa por casa a buscar testigos en aquella colonia para conocer otros datos que sirvan a la investigación.

“Hasta el momento han sido cuatro personas que han declarado en la Procuraduría, pero de nada ha servido porque se necesita un abogado que ayude a agilizar el proceso y que intente a hacer justicia, pero no hay ayuda alguna”, agregó Juana. 

La madre de cinco hijos, no cree que se pueda hacer justicia, sino existe la intervención del mismo presidente de la República. “Es difícil que haya una solución. El mismo día que mataron a mi esposo, asesinaron a una familia. En este territorio las policías estatales han matado a muchos, hay denuncias pero no justicia”.

Juana también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde en un primer momento le aseguraron que la ayudarían siempre y cuando les presentara las placas de la camioneta donde iban los policías. “Quién en ese momento va pensar en anotar placas o atreverse a verlas, con los policías cometiendo un asesinato”, agregó. 

Posterior a esto, ella insistió y finalmente la Comisión solicitó dos videos, donde se pudo observar dos camionetas con sus respectivas placas y número de serie. A partir de esto se solicitó que se dé a conocer las identidades de los policías que iban a bordo de esas patrullas, sin embargo, la Procuraduría se ha negado a realizar los trámites correspondientes para obtener dicha información.

En tanto, pese a que la Comisión de Atención a Víctimas se ofreció a brindar ayuda a la familia y becas para los hijos de Rafael, esto no se ha cumplido. “Me han pedido demasiados requisitos, que me es imposible conseguir”. También se comprometieron a pagar los gastos funerarios y aunque Juana entregó dos facturas, no ha recibido ningún tipo de recurso. Esto aun cuando ella ya se encuentra dentro del registro nacional de víctimas. 


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.