(22 de noviembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Han pasado 13 años de la masacre de la comunidad Viejo Velasco, en Chiapas. La impunidad persiste y se mantiene el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de seis y dos desapariciones forzadas. 

“Lejos de la justicia este es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos alimentado por la falta de respuesta institucional”, señaló el Centro de Derechos Humanos FrayBa.

El 13 de Noviembre del 2006, aproximadamente las seis de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 personas civiles proveniente de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (miembros de la llamada “Comunidad Lacandona”), fuertemente armados y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad Viejo Velasco. 

Las 40 personas civiles armadas estaban acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, en ese entonces, quienes portaban armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, conocidas como «cuerno de chivo» y R-15; así también, eran acompañados por cinco Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Se mencionó que, también portaban machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22.

Y -de acuerdo a testimonios de los desplazados- la coordinación operativa de esta brutal agresión corrió a cargo del Ing. Rafael Armando Arellanes (entonces Subsecretario de Acción Política del gobierno del estado de Chiapas) y del Profesor Gabriel Montoya Oceguera (quien fungía como delegado de Gobierno para la Selva Lacandona).

De acuerdo a la información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO, los agresores, de inmediato rodearon la comunidad, para posteriormente allanar las casas y cometer ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales con actos de tortura, desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para sobrevivir al ataque.

Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González (quien se encontraba embarazada) y Vicente Pérez Díaz, son las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. 

Además en noviembre de 2011, fueron entregados a sus familiares, los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Por su parte, Petrona Núñez González, joven discapacitada al momento de la agresión, falleció en el 2010 a consecuencia del estrés postraumático debido a la detención ilegal, tortura física, psicológica y tortura sexual que sufrió el día de los hechos por parte de los agresores. 

Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, ancianos de mas de 60 años, hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

“El objetivo de esta Masacre era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de “garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules”, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona”, informó el Frayba. 

A principios del 2006, la negociación con este pequeño poblado de Viejo Velasco se rompió, dada la negativa de sus habitantes a aceptar la reubicación forzosa y el 28 de Marzo de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anunció el finiquito de este proceso agrario, beneficiando únicamente a los integrantes de la llamada “Comunidad Lacandona (comuneros Maya Caribes y subcomuneros tseltales de Nueva Palestina y choles de Frontera Corozal). 

El gobierno entonces, inició procesos de reubicación forzada y amenazas de desalojo violento en toda la Selva Lacandona. En la zona del Valle de Santo Domingo y la Cojolita, sus esfuerzos represivos se concentraron en cuatro poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá.

A 13 años de esta masacre de ese grupo de indígenas tseltales y choles, no hay justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

“Durante este tiempo, la Fiscalía General de estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; los responsables intelectuales y materiales siguen libres y en la impunidad.

De acuerdo con el Frayba, la FGE no cuenta con un plan de investigación y ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, quienes desaparecieron en estos hechos y continúa la criminalización en contra de cinco personas que dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento cuentan con ordenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus compañeros.

“Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco mantienen el sufrimiento como consecuencia del despojo y de la impunidad. Hasta hoy, el Estado mexicano no ha informado sobre los avances de la búsqueda de los desaparecidos. 

Desde el día de los hechos, las familias continúan viviendo un desplazamiento forzado, sin tierras ni casas y sin posibilidad de una vida digna, sufriendo una profunda ansiedad frente a la posibilidad de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas si –como es su deseo- retornan a su comunidad. Las actuaciones judiciales, lejos de centrarse en el juzgamiento efectivo de los verdaderos responsables materiales e intelectuales, se han encaminado a responsabilizar a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas”.

Como ejemplo de lo anterior, se señala el encarcelamiento inmediato de Diego Arcos Meneses, promotor de salud y de derechos humanos de la vecina comunidad de Nuevo Tila y órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Alvaro Alvaro, Domingo Alvaro López, Antonio Álvarez López, Juan Peñate Díaz y los hermanos Roberto y Petrona Núñez González, (discapacitada fallecida en 2010, ambos hijos del señor Pedro Núñez Pérez, ejecutado de manera extrajudicial).

 


Compártelo con tus amigos

Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.