Registra Fepade compra de votos a 4 meses de elecciones en Coahuila, Nayarit y Edomex

Santiago Nieto, fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), advirtió que en Coahuila, Nayarit y Estado de México, estados en donde se harán elecciones para elegir gobernador, los funcionaros de estos gobiernos han iniciado a participar en la compra de votos y condicionamiento de programas sociales.

Afirmó que servidores públicos de dichas entidades han comenzado a pedir dinero a sus subordinados para así poder financiar las campañas de sus candidatos.

En una entrevista otorgada a Milenio, Nieto declaró que “en Coahuila tenemos problemas de condicionamiento de programas sociales y de presión a los órganos electorales. En Nayarit también se presenta esta última práctica. Mientras que en el Estado de México contamos con denuncias por compra de voto, condicionamiento de programas sociales, turismo electoral, además de los temas de fiscalización de los partidos y coacción de los subordinados”.

La Fepade, a cuatro meses antes de las votaciones, está a cargo de diversas quejas, como la que el PAN y Morena interpusieron contra Rodrigo Fuentes Ávila, titular de la secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, debido a la presunta exigencia hacia sus colaboradores para apoyar a Miguel Ángel Riquelme, aspirante del PRI a la gubernatura.

En Nayarit se investigan denuncias en contra de personas que brindan datos falsos al Registro Federal Electoral respecto a su vivienda. También se cuentan con 16 casos de usurpación de identidad.

En el Estado de México, por parte de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, se tienen denuncias hacia el gobierno de Eruviel Ávila por “desvío de recursos y uso ilegal de programas sociales para coacción del sufragio”.

Los delitos a funcionarios, según explicó Nieto, alcanzan una sanción de dos a nueve años de prisión. “Necesitamos que estos ilícitos sean considerados graves y de tipo penal; es decir, que el condicionamiento de programas sociales sea más grave”, dijo

Estas prácticas se han estado desarrollando previo a las campañas y pre campañas, por lo que no pueden ser sancionados debido a la temporalidad de los comicios.

Dentro de este contexto, La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, se encuentra todavía a la espera dela resolución del caso del presidente municipal de Cuernavaca (Morelos), Cuauhtémoc Blanco, y su ex secretario de coordinadores, Guillermo Arroyo quienes se encuentran acusados por el delito de alteración del Registro Federal de Electores.

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