Soldados empezaron a disparar a su casa, federales la sacaron y transportaron a lugar donde fue obligada a practicar sexo oral a varios hombres; la golpearon y la quemaron con agua hirviendo

(11 de abril, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace casi seis años, en agosto de 2012, una joven se encontraba vacacionando en casa de unos amigos de su novio en San Luis Potosí. La mañana del 9 de ese mismo mes se despertaron por el ruido de lo que parecían ser disparos.

“Le pregunte a mi novio qué pasaba y me dijo que no sabía, que los soldados nos estaban disparando subimos al techo de la casa y nos empezaron a disparar, yo me tiré al piso y de mi novio no supe nada, me quede ahí hasta que subieron unos agentes federales me sacaron de la casa, me vendaron los ojos, me golpeaban con un arma en la cabeza preguntándome cosas que no sabía, llegaba uno tras otro dándome cachetadas diciéndome cosas ofensivas, después sentí que estaba en un carro porque nos movíamos a otro lugar”, señaló la joven víctima de acuerdo a su testimonio, consultado por Revolución TRESPUNTOCERO.

La joven continuó narrando que, “cuando me bajaron me recibieron a golpes, me bajaron de las greñas y me sentaron en algún lugar, escuche que tenían a otros muchachos porque escuchaba que los golpeaban y se quejaban, a mí me daban toques”. La víctima también declaró que fue obligada a practicar sexo oral a varios hombres. La continuaron golpeando y la quemaron con agua hirviendo,  la violencia física continuó durante 34 horas”.

Después fue trasladada a la ahora SEIDO y continuaron los golpes, principalmente en las costillas. Después le quitaron la venda que cubría sus ojos  y le tomaron fotografías. También la hicieron firmar documentos que ella no pudo leer porque se los arrebataron ya que le dijeron que “no había tiempo”. 

A la víctima tampoco le asignaron un abogado defensor y la mantuvieron incomunicada por lo que su familia desconocía su paradero. En total 60 horas desconoció dónde estaba y tampoco pudo informar a nadie de su situación. 

Para conseguir que se autoinculpara, además de la tortura física y sexual, se sumó la psicológica, ya que la amenazaron con llevarla a un penal donde aseguraron “la matarían”, también le dijeron que de no declarar lo que le pedían, irían donde estaba su familia y también a ellos los iban a detener. 

A la joven un militar le preguntó qué dedo de la mano le servía menos, dando a entender que se lo iba a cortar. Los toques eléctricos continuaron, así como la violencia física y sexual. 

Fue hasta este 10 de abril que, por la la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual cometidos en agravio de la víctima, atribuibles a catorce elementos tanto del Ejército Nacional como de la Policía Federal, ocurridos en San Luis Potosí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 09/2018 al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda; al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia y al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

La queja ante la CNDH fue interpuesta en el 2014, y es hasta este 2018 que el órgano defensor de Derechos Humanos, finalmente acreditó que con su actuar, los elementos militares y policiales transgredieron los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de la mujer. A quien llamaron “víctima de tortura”, sin calificar las agresiones sexuales también como tortura.

La Comisión Nacional reprobó que tanto la Sedena como la Policía Federal no hayan proporcionado los nombres y datos de identificación de los elementos aprehensores de la agraviada, y solo hayan remitido un listado de claves numéricas para su identificación. Asimismo, tampoco proporcionaron información veraz respecto del lugar en que permaneció retenida de manera ilegal.

“En el país de la impunidad, las fuerzas armadas son enaltecidas por los gobiernos en el poder, aun cuando tienen encima sinnúmero de recomendaciones, que tampoco sirven para algo. Cínicamente son aceptadas pero, como en este caso, tienen el poder en sus manos que no se toman la molestia de presentar los nombres de los agresores.

Las recomendaciones son aceptadas, algunas veces señalando que ‘pondrán mayor atención en eso’, que ‘no debe suceder’, pero después vuelven a negar los actos de tortura y eso dimensiona el nivel de impunidad y proteccionismo por parte del gobierno a su favor. A las fuerzas armadas una vez que se les abrió los cuarteles fue para torturar, desaparecer y ejecutar a civiles, ese era ‘el encargo’, no es una opinión sino lo que los hechos demuestran. Para ellos como para su comandante supremo (Peña Nieto) la guerra es contra la sociedad civil”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO la defensora de Derechos Humanos Ángela Pérez.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a estos derechos desde su creación, pero las quejas contra las Fuerzas Armadas disminuyeron, afirmó su presidente, Luis Raúl González Pérez.

En su informe “La tortura en México está fuera de control”, Amnistía internacional exhibe que, “policías y soldados violan, dan palizas, asfixian y electrocutan a hombres y mujeres para obtener supuestas confesiones”.

El resultado, miles de inocentes en la cárcel y una sociedad de millones de personas viviendo atemorizada: el 64 por ciento de los habitantes de México aseguran no sentirse a salvo de la tortura. La población mexicana sabe que, en su país, prácticamente cualquiera puede ser torturado, informó.

“Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado, y confían en que la comunidad internacional también lo haga. En esa situación, la justicia sigue estando fuera del alcance de la mayoría de quienes reúnen el valor suficiente para denunciar la tortura que han sufrido. 

Los peritos médicos a menudo descartan las lesiones o examinan a las víctimas demasiado tarde, cuando hace ya mucho que las heridas han curado. Así, con las pruebas físicas desaparecidas, y las pruebas psicológicas ignoradas, nadie rinde cuentas de lo sucedido”.

AI asegura que en este país, existen leyes contra la tortura, pero casi nadie les presta atención, y los torturadores quedan impunes. Si se quiere que la iniciativa de ley gubernamental más reciente sobre la tortura, que se está redactando actualmente, cambie esta situación, los torturadores deberán finalmente ser castigados. De lo contrario, será una promesa más sobre el papel para las miles de personas que sufren tortura en México, puntualiza.

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