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Tanto Meade como Anaya no dudarán en apoyar la licencia para matar que obtendrán las fuerzas armadas con Ley de Seguridad: Samantha Salazar

(14 de febrero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país”, sentenciaron las organizaciones que conforman el colectivo Seguridad Sin Guerra.

A su vez, han señalado que no existe evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Ahora que la decisión de continuar con esta Ley ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionan, tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declararla inconstitucional, ya que, indican, normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional.

“Esta ley contiene conceptos vagos e imprecisos y faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales. Es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia”.

Por ello, un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo han sido promovidos por decenas de actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores; el Gobierno del Estado de Chihuahua; varias Comisiones estatales de Derechos Humanos; y los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeyahualco, Puebla; e Hidalgo del Parral, Chihuahua, más los que hoy puedan sumarse.

Además, “organizaciones de la sociedad civil y personas que defendemos y promovemos los derechos humanos en el país, así como periodistas, hemos solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que su aplicación obstaculiza e inhibe nuestra labor al propiciar condiciones que vulneran nuestra seguridad en el ejercicio de nuestro trabajo”.

Afirman, “compartimos la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas”.

Sobre las disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte, se menciona que “algunos de los aspectos preocupantes de esta ley son que no distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles.

Además señalan, no establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.

No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.

“La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos”.

Por lo que las organizaciones puntualizan, “queremos vivir en un contexto de paz y sentirnos seguros, para eso necesitamos estrategias integrales que no generen más violencia. Continuar dependiendo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, debilita la formación y fortalecimiento de un Estado democrático. Estas tareas corresponden a las autoridades civiles”.

“De la Suprema Corte se esperaría declaración inconstitucional porque todos los elementos están ahí. Cada impugnación señala por qué no debe tener validez, no es solamente una opinión. Sin embargo el problema es que los ministros otorguen los votos suficientes para que la Ley se omita, esto no podemos creerlo posible.

En el país del cinismo y la desvergüenza no pasa. Tenemos autoridades que pueden ver como el Ejército y Marina ejecuta, tortura, viola y desaparece frente a sus ojos y son capaces de negar que sea real, desde hace muchas décadas ha sido así, pero llegamos con Peña Nieto a la máxima expresión de lo aberrante”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO la socióloga Samantha Salazar.

Quien a su vez, indica que, llegado el próximo sexenio y habiendo pasado por el PAN y el PRI recientemente, podemos usar la lógica y saber que ya legalizadas las violaciones a derechos humanos, tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya no dudarán en apoyar la plena libertad o lo que es lo mismo, la licencia para matar que obtendrán las fuerzas armadas, señala.

También se apunta que la SCJN debe corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos. “Exhortamos a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Es lo que esperamos de nuestras Juezas y Jueces Constitucionales”. puntualizaron las organizaciones.