Violan derechos humanos a detenidos el #1DMx‏

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Por: Calibán Méndez
Los familiares de los 106 detenidos en la Procuraduría local por las protestas contra Enrique Peña en el Centro Histórico acusaron violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con una veintena de familiares consultados, el delito imputado a todos los jóvenes y adultos que se encuentran en la agencia 50 del Ministerio Público es el de “ataque a la paz pública”, que es considerado grave, no alcanza derecho a fianza y podría significar entre 5 y 30 años de prisión.
Sin embargo, las órdenes de aprehensión tienen inconsistencias graves, pues hay inocentes detenidos y errores en las hojas de expedientes, señalaron los familiares.
Silvia Gaytán, abuela de Rodrigo André Nieto, expresó que el joven de 18 años fue detenido cuando trataba de auxiliar a una joven golpeada por granaderos en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico; pese a ello, su consignación aparece en el corredor peatonal Regina.
Rodrigo André vive en Tabasco y había llegado al Distrito Federal por vacaciones y se hospedaría en casa de su abuela, quien lleva 12 horas afuera del Ministerio Público tratando de entregarle a su familiar una chamarra, pero se lo han negado.
“Tiene frío, está espantado. Tiene 18 años apenas… él es turista, no estaba haciendo nada”, aseguró Silvia Gaytán, mientras porta una imagen de su nieto detenido en una calle diferente a la que aseguraron los policías.
Paola Martínez comentó que su esposo, Alejandro Lugo, de 34 años, fue detenido en la Glorieta de Colón por portar presuntas bombas; en realidad, dijo, él estaba ahí porque vive a una cuadra de los disturbios y salió a almorzar.
Leonardo Arteaga señaló que viajó desde Monterrey con su hermano Gustavo para visitar la capital; durante el recorrido, vieron la manifestación y quisieron acercarse; sólo Gustavo fue aprehendido.
Así, una a una las historias de los familiares ponen en duda las pesquisas de la policía.
Hay historias de jóvenes golpeadas, jóvenes con fracturas en la nariz, detenidos que no han comido en 12 horas, sin suéter ni nada que los haga pasar en condiciones dignas las horas previas a conocer si serán liberados o consignados en algún reclusorio.
Y, hasta las 15:30 horas, al menos 26 detenidos que no han recibido una visita familiar, aunque tengan padres, madres, hijos o primos que han presionado por verlos y conocer su estado de salud.
Se espera que en la madrugada del lunes, la PGJDF use los camiones de granaderos y de RTP para trasladar a la mayoría de los detenidos a las diferentes cárceles masculinas y femeniles, donde continuará el proceso judicial para ellos.
En tanto, familiares, amigos y abogados de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos acampan afuera de las instalaciones policiacas en espera de hablar con sus familiares y evitar su traslado a un centro de reclusión.

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