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miércoles, septiembre 22, 2021
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4T, ¿continuidad neoliberal?

La respuesta categóricamente es NO. Y hay muchas razones, tantas que hasta se puede escribir un libro al respecto, pero en esta ocasión sólo abordaré la que considero más importante.

A partir de 1983, el programa económico y social de los gobiernos mexicanos tuvo un carácter neoliberal. El papel del Estado se rediseñó traduciéndose en la reducción del gasto público, sobre todo el dirigido a la inversión y al desarrollo social.  Este tajante decremento fue lo que provocó en gran medida el deterioro de las condiciones de vida de la población. El rezago social y económico se fue acumulando. Aunque se insistió en que el vacío que dejaba la disminución del gasto público en lo social iba a llenarlo la inversión privada, esto no sucedió. Fue iluso pensar así o, en realidad, un engaño propagandístico monumental que buscaba apaciguar a la población que sufría los estragos de esta mengua en los ámbitos de salud, educación, vivienda, procuración de justicia, seguridad social, vigilancia policial. Al contrario, esta política económica disminuyó la inversión privada, la cual prefirió la consecución de ganancias rápidas con menos trabajo por medio de la especulación financiera.

Lo que ha perseguido el neoliberalismo al insistir tanto en recortar el gasto público es desintegrar al máximo la política social, reducir al mínimo la asistencia sanitaria, la educación pública, la inversión en infraestructura básica. Desmantelar cualquier estado social de derecho. Todo ello para que sólo una minoría privilegiada neoliberal controlara la economía y tuviera a su servicio a la mayoría de gobernantes de todo el espectro político. Se necesitaba desaparecer la mayor parte del sistema público para que la población contratara todo a empresas privadas, que así dispondrían de fondos para continuar especulando sin freno.  Obviamente sería en sus propios términos, sin la menor rendición de cuentas ni supervisión de su calidad y en los ámbitos que más les convinieran, dejando de lado aquellos que no les resultaran rentables, aunque fueran los que la población necesitara.

En la práctica, la actuación del Estado neoliberal se plasmó en un programa de operación pública que implicó la cancelación de partidas presupuestales originalmente destinadas a cubrir programas de salud, vivienda, educación, infraestructura. Este modelo económico basado en la reducción del gasto público y en la expansión del capital privado sin sentido social utilizó todos los instrumentos de política económica a su alcance para propiciar la centralización de capitales y el fortalecimiento de estructuras oligopólicas funcionales a la lógica de acumulación global en el sector productivo, comercial y financiero. Se cancelaron programas sociales de educación y salud, se eliminaron subsidios al campo y al sector productivo. En el modelo económico neoliberal aplicado por los gobiernos pripanistas, el acotamiento del gasto destinado a inversiones y programas sociales fue fundamental y, en consecuencia, se mermó la capacidad institucional del sector público para atender las demandas de los servicios básicos más apremiantes.

Numerosas investigaciones han concluido que la inversión en infraestructura por parte del sector público proporciona beneficios importantes en el nivel de vida de las personas y en el crecimiento económico del país, además de efectos positivos sobre el desarrollo humano y el bienestar de la población. Todo ello se dejó de lado con el modelo liberal aplicado en los sexenios anteriores. Todas las restricciones presupuestales en las finanzas públicas en un ambiente económico que alentó el darwinismo social han sido las causas del incremento de la desigualdad y sus expresiones de pobreza, marginalidad, desempleo, contaminación y violencia.

Con la llegada del gobierno de la 4T, esto experimentó una transformación drástica.

Desde el 1ro. de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la pesadilla neoliberal. Y se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que no regresara.

Varios analistas, tanto opositores como partidarios del mandatario, se burlaron de estas declaraciones afirmando que era imposible modificar un sistema económico mediante decreto, olvidando que, aunque no se puede extirpar en poco tiempo lo que se enquistó durante años, un giro real en el discurso, en la promulgación de leyes correspondientes, en la aplicación seria de los recursos a rubros sociales y a inversión en infraestructura, así como la voluntad férrea de dedicar esfuerzos humanos y materiales a hacer realidad este cambio, SÍ puede variar el rumbo económico, político y social. Y así se está haciendo.

La utilización del gasto público en infraestructura básica y en programas sociales hoy, a tres años de las elecciones de 2018, es una realidad innegable.

A lo largo del territorio mexicano se están llevando a cabo grandes proyectos de infraestructura con recursos públicos (el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y varios más), principalmente en las entidades del sur que más rezagadas habían estado en esta materia.

Y el gasto público consagrado a la política social, a programas sociales ha aumentado como nunca antes (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Fertilizantes). Y no se trata de programas clientelares porque están consagrados en ley, en la Constitución misma. No importa si se es partidario o no del gobierno. Cuántos casos conocemos de personas que aborrecen al presidente, pero que, puntualmente, acuden a cobrar la pensión o la beca a la que tienen derecho a partir de la llegada al poder del gobierno de la 4T.

En alguna ocasión leí que el coeficiente intelectual de Andrés Manuel López Obrador era muy elevado, al igual que el del presidente Lázaro Cárdenas. No sé si existan pruebas psicométricas que corroboren este dato, pero lo que me queda claro es que la llegada de ambos a la presidencia y lo que ambos decidieron hacer en su gobierno, sí lo demuestran.

En un país tan conservador como el nuestro,  donde las élites económicas han mantenido un control férreo sobre la política a fin de preservar sus privilegios; donde los grandes medios de comunicación en manos privadas han funcionado como un arma poderosísima para evitar cualquier cambio en el statu quo; donde predominan el clasismo y el racismo más profundos y donde compartimos una frontera extensa con el país más poderoso del mundo y defensor a ultranza de los grandes capitales, el que en dos momentos de la historia – 1934 y 2018 – hayan podido ocupar el máximo cargo político hombres con la voluntad y la capacidad de establecer políticas públicas en favor de la mayoría y a contracorriente de lo establecido, resulta extraordinario e, incluso, podrían decir algunos, providencial.

Vale la pena recordar que fue durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas cuando se fundó el PAN con el propósito de combatir sus políticas sociales. El mismo partido que impidió, mediante fraude, que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en 2006 y que ahora solicita frenéticamente ayuda del exterior (al presidente de Estados Unidos, a la OEA, al rey de España, a VOX) para detener al “comunista” de Palacio Nacional.

Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Andrés Manuel López Obrador está revirtiendo de facto la reforma energética neoliberal mediante el fortalecimiento de PEMEX y la CFE.

Ambos presidentes comenzaron su gestión con un secretario de Hacienda que no veían tan mal los grandes intereses privados, con el que no se sentían tan incómodos y que, quizá por eso, entre otras razones, no hicieron más para evitar que llegaran a la presidencia. Narciso Bassols, en el caso de Lázaro Cárdenas. Carlos Urzúa dentro del gabinete de López Obrador.

Los dos renunciaron poco después por discrepancias con las políticas y las decisiones de sus jefes y fueron sustituidos por integrantes más afines para construir una política económica dirigida a lograr el desarrollo económico del país con distribución del ingreso. Eduardo Suárez fue el secretario de Hacienda de Cárdenas que hizo posible eso. Y Arturo Herrera y ahora Rogelio Ramírez de la O (a quien Andrés Manuel, desde su participación en las elecciones de 2006, consideró para ocupar ese puesto) son los que están ayudando al presidente en su camino.

No puedo evitar comparar esta situación con lo sucedido en Grecia. En 2015, el partido Syriza ganó las elecciones de ese país. Y Alexis Tsipras se erigió como primer ministro. Lo acompañaba como su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, economista nada ortodoxo que había levantado gran entusiasmo y grandes expectativas en el pueblo griego agobiado por las políticas de austeridad neoliberal que habían mermado profundamente sus condiciones económicas. Parecía que con esta nueva gestión todo iba a cambiar. Lamentablemente no fue así. Al llegar al poder, el primer ministro fue forzado a despedir a Varoufakis, quien pretendía dar un giro sustancial a la política económica neoliberal y aumentar el gasto público en el ámbito social sin someterse ya a los dictados de los organismos financieros internacionales y europeos que estaban ahogando al pueblo. Las élites políticas y económicas nacionales e internacionales no lo permitieron; por el contrario, se obligó a los griegos a reducir aún más el gasto público y dirigir los ingresos tributarios al pago de la deuda.

En nuestro país, a partir de 2018 el camino ha sido distinto. Durante la pandemia, varios países fueron obligados a endeudarse y a rescatar a empresas privadas. Lo mismo se intentó hacer en México. Sin embargo, el presidente no cedió. Decidió aumentar el monto y los beneficiarios de los programas sociales y continuar con los proyectos de infraestructura. Y parece no haberse equivocado. Los resultados económicos así lo están empezando a mostrar.

Por lo tanto, a la pregunta inicial- la 4T, ¿continuidad neoliberal? -, respondemos categóricamente: NO.

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