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jueves, julio 29, 2021
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Adecuarse a los nuevos tiempos de transformación planteados por AMLO sin perder independencia e imparcialidad, el reto de la reforma al Poder Judicial

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(18 de noviembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Muchas de las decisiones que ha tomado el Poder Judicial han causado polémica en la sociedad, pues, en su mayoría, han favorecido de forma directa o indirecta a diversos grupos del poder político y económico. Además, ante los ojos de la ciudadanía este poder de la Unión es sinónimo de derroche y privilegios para quienes son parte de éste, generando un malestar social, así como también una imagen pública deficiente de éste.

El déficit de credibilidad que ha acumulado el Poder Judicial en su conjunto, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ha llevado al Congreso de la Unión a proponer una reforma del mismo, con el fin de que se garantice su independencia en su accionar, así como también el poder disminuir los altos costos de operación que representa al Estado mexicano, no obstante esta propuesta ha sido vista con reserva y buenos ojos por diversos sectores, en especial de la sociedad civil.

En sexenios pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era renuente a una posible reforma del Poder Judicial al argumentar que al hacerlo podría perder autonomía y esto daría pie a que otros poderes del Estado pudiesen intervenir en sus decisiones, vulnerando su autonomía. Pese a todo, desde que comenzó la presente administración federal, los ministros del máximo tribunal del país abrieron la posibilidad para dicha reforma.

A diferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, los cuales son integrados por voto popular, todos los miembros del Poder Judicial acceden a una posición dentro de éste por medio de métodos propios de integración. En caso de la SCJN, los ministros que la integran llegan a su posición por medio de propuestas de ternas por parte del Ejecutivo y  éstas deben ser avalados por el Legislativo.

Hace unas semanas, representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo se reunieron de forma oficial para que desde ambos poderes se trabaje una reforma que se adecue a los nuevos tiempos de transformación que se está planteando desde el Poder Ejecutivo, por lo que los cambios jurídico-institucional que se está esbozando pretenden integrarse a la reingeniería institucional sexenal.

La reforma al Poder Judicial comenzó a tomar forma por los múltiples señalamientos de casos de corrupción e impunidad dentro del Poder Judicial de la Federación, lo cual ha repercutido en minar las expectativas que tiene el ciudadano sobre acceder a una justicia pronta, expedita, transparente, imparcial y apegada a derecho.

LOS POSIBLES CAMBIOS

Una de las ideas que se han insertado en el imaginario colectivo es que el Poder Judicial, en su conjunto, es sinónimo de privilegios, gastos exorbitantes, nepotismo, favoritismo e impartición de justicia a la medida para algunos sectores, por lo que estos elementos hacen de éste un ente en el que el ciudadano no cree y que cuestiona con severidad.

Los constantes señalamientos de actos de corrupción y de nepotismo llevó al presidente de la SCJN a trabajar en la mejora del Poder Judicial, luego de que se diera a conocer que múltiples magistrados, jueces, entre otros, estuviesen involucrados. Tras hacerse públicas las anomalías Arturo Zaldívar Lelo de Larrea externó que el “Poder judicial se percibe como lejano y fuera de la realidad, pues se preocupa por administrar sus privilegios”.

Desde que Zaldívar tomó el máximo cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han sancionado a 15 jueces por acusaciones relacionadas con acoso sexual, nepotismo, vínculos con el crimen organizado, así como también se hicieron algunos recortes al gasto corriente, no obstante el mismo ministro presidente ha aceptado que estos cambios se deben profundizar, ya que no se están adecuando a la realidad política y social que vive el país.

El llamado que se ha hecho desde los poderes Ejecutivo y Legislativo para trabajar en la pretendida reforma tiene que ver, en mucho, con que en 2017,al menos, 500 jueces emplearon a sus familiares en tribunales, en algunos casos, 66 por ciento de los funcionarios eran parientes de los representantes del Poder Judicial. Más allá de los esfuerzos que ha emprendido el ministro presidente para sanar este poder de la Unión, se busca que haya consensos desde el Legislativo.

A diferencia de otros periodos sexenales en donde el Ejecutivo y Legislativo no tocaban los cómos, las formas y los privilegios, el Poder Judicial se enfrenta a una realidad en la que la mayoría legislativa no le favorece como en antaño, por lo que las presiones por parte del Ejecutivo y el Legislativo para realizar una reforma en la que se supriman los privilegios y se transparente su accionar está en proceso.

Los senadores de Morena han puesto sobre la mesa los cambios que debe tener el  Poder Judicial en su reestructuración, en este sentido la propuesta contempla cambios en el nombramiento y duración en el cargo de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la integración del Consejo de la Judicatura Federal, así como para terminar con las prácticas de nepotismo.

La iniciativa prevé reformar los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105 y 107, con el objetivo de “combatir las deficiencias o distorsiones que mal encauzan la justa aplicación de la ley y la sana impartición de justicia como práctica cotidiana en el seno de este Poder”.

Lo anterior podrá dar pie a que los ministros lleguen a su cargo por medio de un proceso de elección, en este sentido, las ternas ya no correrán a cargo del Ejecutivo federal, sino de instancias como universidades, tribunales, así como organizaciones civiles al proponer candidatos al Consejo de la Judicatura Federal. Además, la reforma judicial propone el combate al nepotismo, que los cargos de los ministros duren menos tiempo, así como también transparentar el presupuesto y quitar privilegios.

BÚSQUEDA DE ACUERDOS Y ENFOQUE SOCIAL

De acuerdo con información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Poder Judicial representa un gasto enorme al Estado mexicano en comparación con democracias consolidadas como la alemana o la británica. La autonomía judicial que existe en el país permite que ésta tenga control de su presupuesto y cómo será ejercido.

Uno de los actores que ha jugado un papel preponderante para la construcción consensuada de lo que será la reforma judicial ha sido Arturo Zaldívar,  presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene claro que la reforma en la que se está trabajando tiene como objetivo trazar los mecanismos necesarios para tener una justicia más depurada.

Los planteamientos de Zaldívar Lelo de Larrea están basados en la mala reputación que el ciudadano promedio tiene del Poder Judicial, por lo que en la reunión que sostuvo, el pasado mes de octubre con integrantes del Senado, se pretende que la transformación de la que se habla tenga un impacto en todos los ciudadanos, sin que se pierda la independencia, la imparcialidad y la honradez de los jueces, magistrados y ministros en el  marco del desempeño de su encargo.

La importancia y la necesidad de buscar el fortalecimiento de los mecanismos de control al interior de la estructura judicial nacional han abierto un diálogo entre poderes para que éstos se efectúen.  Entre los cambios que se están proponiendo está el transparentar los procesos de selección de personal con el fin de erradicar el nepotismo y la corrupción al interior de las estructuras judiciales, federal y estatales.

Tanto legisladores como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han externado que la reforma al Poder Judicial debe dotarlo de los elementos que  permitan aplicar la justicia y no sólo limitarla a dicha función, ya que se debe actuar en cada caso con sensibilidad y respeto por los derechos humanos de las víctimas y de los inculpados.

La visión social de la que se habla en la reforma judicial busca que se escuche a todos los actores al interior y exterior de los órganos de impartición de justicia, por lo que se busca que los fiscales, asesores jurídicos, funcionarios o servidores públicos responsables de la resolución de casos en el ámbito administrativo, así como a los operadores jurídicos, así como abogados, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y la academia entren al debate.

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