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jueves, septiembre 23, 2021
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Chiapas: ofrecen visas humanitarias a cambio de inculpar a migrantes del delito de trata; Ejército es cómplice

 

(15 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Guadalupe Pérez Rodríguez tiene 50 años y es indígena originaria de la aldea San Pedro Tacana, en San Marcos, Guatemala, no es tratante de blancas, pero debido a su dialecto (Mam) fue incapaz de defenderse al ser acusada de dicho delito por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según el expediente 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, se le acusa de pertenecer a una red de tratantes de blancas, aunque no tiene idea “qué es eso”, sin embargo lleva un año y medio tras las rejas. Por su parte, el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Héctor Ramiro Sopac Cuic se encuentra limitado en su actuar, pues, como todos los consulados, carecen de departamento jurídico.

Guadalupe fue detenida en la cantina “El vaquero”, en Motozintla, Chiapas, el 25 de enero de 2014, en un operativo más de la PGJE, aplicado solamente en ese bar, un sitio de cinco por cuatro metros, donde no existe ningún apartado o cuarto donde se pudiera realizar actos sexuales, mucho menos forzar a una persona.

Las supuestas víctimas, Cristina Elizabeth y “Rosy”, dijeron tener un horario de entrada y de salida para laborar como meseras, y que el agente del Ministerio Público las coartó a declarar y firmar contra la señora Guadalupe Pérez; también afirmaron que el fiscal William de Jesus Trejo Gutierrez extorsionó a las hijas de Guadalupe y les exigió 20 mil pesos para liberarlas, deuda que hasta la fecha no pueden pagar.

Privada de su libertad desde enero de 2014, Guadalupe se encuentra con serios problemas de salud, debido al padecimiento de diabetes y problemas de presión baja. Su defensa corre a cargo del defensor de oficio, que según familiares “pone de pretexto que debido a la exagerada carga de trabajo, el caso no avanza, pero es por el contubernio con los mismos actores del Juzgado, por eso la defensa es casi nula”.

Desde inicios de año la PGJE ha realizado en forma constante una serie de operativos en bares y cantinas, en los cuales también son acompañados por Policía Federal e incluso Marina, uno de ellos fue en Motozintla, en donde se detuvo a las mujeres que ahí trabajaban como meseras, a ellas se les violentaron sus derechos humanos cuando fueron despojadas de toda su ropa mientras eran exhibidas ante todos los elementos policiacos que ahí se encontraban.

“Son aproximadamente 800 mil personas que transitan por esta frontera sur, en calidad de migrantes; aproximadamente un 20 % son mujeres, muchas de ellas se quedan por un tiempo en la franja fronteriza de Chiapas, la zona denominada el Soconusco. Lamentablemente no se tiene un registro de cuántas migrantes se encuentran en el territorio, aunque sí se sabe que se encuentran principalmente en Tapachula, Ciudad Hidalgo y Huixtla. Son entre mil 800 y 2 mil mujeres las que trabajan dentro de los más de 5 mil bares y cantinas”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO el Presidente de la Asociación Centro de Dignificación Humana A. C, Luis Rey García Villagrán.

En 2009 el gobierno estatal y la ONU dieron inicio a la campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas, derivado de este en los últimos dos años el organismo ha exigido resultados del combate a las autoridades estatales, quienes dieron inicio a una persecución en bares y cantinas donde detienen a meseras, sexoservidoras y bailarinas, haciéndolas pasar por víctimas y culpables de trata.

“El programa tiene la función de erradicar y combatir la trata de personas en Chiapas, sin embargo este proyecto, en manos del gobierno estatal, no solamente ha sido pretexto para no combatir la trata sino para crear chivos expiatorios, haciendo esa función las mujeres migrantes. Tenemos documentos de 128 mujeres presas en 15 cárceles de Chiapas, que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal y Tapachula, en todos los casos hay suficientes elementos que demuestran que han sido injustamente inculpadas del delito de trata de personas, hemos revisado los expedientes de 27 de ellas, quienes se encuentran en el Cereso 4 femenil de Tapachula.

Debo mencionar que el Fiscal Rafael Martínez Ruiz es quien ha organizado desde hace tres o cuatro años operativos furtivos, donde participa el ejército y la Marina, además del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías. En el último año esta situación se ha intensificado; llegan a los bares y cantinas de todo Chiapas y detienen mujeres, seleccionan y las agrupan, a unas como víctimas y a otras como las tratantes de las víctimas; a las primeras las detienen generalmente 15 o 20 días, después son deportadas, no sin antes coaccionarlas para señalar a sus supuestas tratantes, en todos los casos son mujeres migrantes centroamericanas, siendo el 80 % perteneciente a Honduras”, señala Villagrán.

Las maneras de presionar para que las jóvenes inculpen a sus compañeras son dos: a través del ofrecimiento de visas humanitarias a cambio de apoyar los testimonios de la PGJE con sus declaraciones o por medio de la intimidación, asegurándoles que si no confirman lo dicho por los elementos también serán inculpadas; “tenemos documentos donde se dan a conocer todos los señalamientos que se hacen a esta Fiscalía Especial de Delitos Cometidos Contra Inmigrantes, donde las mujeres señalan que han sido amenazadas.

Como ejemplo, mientras en los medios de comunicación locales aseguran que la Procuraduría rescató a 34 víctimas de trata y detuvo a seis tratantes de blancas, nosotros tenemos fundamentos que demuestran que todo eso es una farsa, la Fiscalía inventa culpables, en ningún momento se configura el delito de trata de personas, no tienen elementos, sin embargo parece que su testimonio es el único que vale, imputándoles a las mujeres migrantes, sentencias que van de nueve a 27 años de prisión, sin embargo hay pequeñas victorias y este año un juez ha eliminado dichas penas hasta este momento a nueve jóvenes que lograron salir de la cárcel”, da a conocer Villagrán.

Sin dejar de puntualizar que “demostrar que no hay elementos suficientes para demostrar culpabilidad y por ello salen libres, corrobora que la Procuraduría es quien está haciendo un exterminio de mujeres migrantes, como una de las consecuencias del Plan Frontera Sur, que es una cultura del terror, que al mismo tiempo envía mensajes subliminales a los migrantes, para que vean qué les sucede a quienes vienen a México”.

La Procuraduría no solamente no combate la trata de personas sino que deja en prisión a las inocentes y encubre a los dueños de los negocios. Las mujeres que aceptan inculpar a sus compañeras al ser liberadas y deportadas se quedan en absoluta indefensión, es así que por el miedo a ser perseguidas ya estando en su país se cambian hasta el nombre y se exilian, lo que además complica la situación de quienes se quedan en la cárcel, porque se condiciona su libertad a la declaración que el juez solicita a quien posiblemente ya se marchó, y aunque los activistas como Villagrán recurren a los consulados para averiguar dónde se encuentran las supuestas víctimas y aclaren ante los juzgados  y al mismo tiempo se les otorgue la atención adecuada, no se vuelve a saber de ellas nunca más.

Así es como el activista señala que víctimas son todas las que están presas injustamente y a las que quisieron hacer pasar por víctimas, siendo el torturador el Estado.

“En cuanto a Velasco Coello es un farsante, le acaban de dar un premio, lo entregó la señora Rosi Orozco, por ‘supuestamente’ combatir la trata de personas, lo cual es una burla, porque aunque algunos cercanos a su gobierno y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia, que el gobernador está muy interesado en los casos, se siguen manteniendo a las mujeres en prisión; el sellamiento de la frontera es innegable, la muestra no solamente son las detenciones, sino las reuniones entre Manuel Velasco y el Secretario de Gobernación, con frecuencia se hablan del blindaje de la frontera sur…

Sabemos que esto se describe como militarización y criminalización  del fenómeno migratorio, porque existe una cultura del odio por parte del gobierno del Estado implementado en contra de los migrantes, en especial de las mujeres; un ejemplo más de tragedias de este tipo, tan sólo el año pasado seis meseras fueron asesinadas aquí en la costa de Chiapas, quedando los casos impunes, el gobernador está completamente enterado de lo que sucede y no ha hecho nada, por eso es cómplice, aún más cuando pedimos al Consejo Estatal de los Derechos Humanos que emita una recomendación en contra de la Procuraduría por el detención arbitraria de mujeres migrantes en las cárceles de Chiapas, pero continúa la omisión”, sentencia Villagrán.

 

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