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jueves, septiembre 23, 2021
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En Nuevo Laredo fueron ejecuciones extrajudiciales parecidas a Tlatlaya; “policías de Tamaulipas dispararon a cada víctima un tiro en la cabeza y a corta distancia, algunos estaban sometidos en el piso”

(11 de septiembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- “No fue un enfrentamiento, fue una serie de ejecuciones extrajudiciales, parecidas al caso Tlatlaya”, aseguró el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sobre los hechos violentos del pasado cinco de septiembre, mismos que el gobierno de Tamaulipas calificó como “un ataque por parte de integrantes de un grupo delictivo, en contra de policías estatales”.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que en el acto se aseguró una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta, “luego de que policías estatales repelieron una agresión en su contra en la que murieron ocho personas identificadas como integrantes de un grupo delictivo”.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se dio a la tarea de documentar los hechos por medio de denuncias, testimonios e investigaciones, que han llevado a señalar a la organización que no fue un enfrentamiento sino una ejecución extrajudicial “al estilo del caso Tlatlaya. En la que habrían participado elementos de operaciones especiales de Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y agentes de la Policía Estatal”.

Las imágenes de cinco hombres y tres mujeres vestidas con uniformes tipo militar, posando con armas junto a sus cuerpos y que fueron filtradas por autoridades del gobierno de Tamaulipas “fue un verdadero montaje”, denunció el Presidente del Comité, Raymundo Ramos.

De acuerdo con la información en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, en ese domicilio ubicado en Avenida 7 número 902, solamente vivía Severiano Treviño Hernández, ex empleado de una empresa distribuidora de refrescos, junto con su hija Kassandra y su nieta de dos años.

En un recorrido realizado por personal del Comité de Derechos Humanos se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento, el interior de la casa donde vivía Severiano no tiene impactos de balas, solamente huellas de una ejecución extrajudicial al estilo de las fuerzas armadas; “a cada víctima la dispararon un tiro en la cabeza y a corta distancia. Algunos estaban sometidos en el piso o acostadas sobre una cama”, se explicó.

48 horas después de ocurridos los hechos, en el interior de la vivienda de Severiano todavía quedaban al menos cuatro casquillos que personal de Servicios Periciales no recolectó, ya que, a decir del Comité, “los agentes estatales que intervinieron en los hechos condicionaron hasta la presencia y actuación del Ministerio Público y de los agentes investigadores hasta que ellos les autorizaran el paso”.

De acuerdo a la descripción, existen cuando menos cuatro viviendas cercanas al domicilio de Severiano que no presentan un solo disparo en sus fachadas; tampoco hubo personas lastimadas o heridas, ni uno solo de los elementos de la Policía Estatal, ni del Ejército fueron heridos en el supuesto ataque.

“Las armas largas que aparecen junto a las víctimas en las imágenes filtradas a páginas de internet vinculadas a las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad pública evidencian que fueron colocadas de manera burda, uniformes más grandes a las tallas de las personas muertas e incluso el calzado lo tenían al revés.

“Hasta el momento, autoridades del estado de Tamaulipas y particularmente quienes participaron en esta supuesta persecución y enfrentamiento no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido en esas seis horas que tuvieron presencia en Valles de Anáhuac y que no solamente sea creíble, sino verdadero”, puntualizó Ramos.

Además, señaló que se desconoce el tiempo de duración de dicha persecución y enfrentamiento, la hora de fallecimiento de las víctimas, el número de disparos que supuestamente hicieron “los agresores”, los casquillos percutidos y recolectados, la posición victimario-tirador,  la distancia entre ambos y finalmente, las videograbaciones que deberían existir de estos hechos, “tomando en cuenta que las corporaciones policiacas y militares traen cámaras de video grabación en sus vehículos o entre su personal operativo”, se cuestionó.

Los policías lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco, luego lo esposaron  

En imágenes obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos se observó, poco después de las ocho de la mañana, a personal militar comprando botellas con agua, refrescos y frituras sin mostrar ninguna preocupación o estado de alerta, después de haber participado en una supuesta “persecución o enfrentamiento con ocho integrantes del crimen organizado”.

Ramos agregó que tampoco existen videos de la “balacera” como ha sucedido en otros casos en Nuevo Laredo o el resto de Tamaulipas.  

De acuerdo al testimonio de Kassandra, hija de Severiano, los agentes le dijeron que le perdonarían la vida porque “no sabían qué harían con su hija”. Describió que, “más de veinte agentes estatales, la mayoría uniformados allanaron el domicilio en forma violenta para armar todo un escenario”.

La joven de 18 años de edad, narró que: “Entraron cinco personas conmigo, me decían que me tapara la cara, que nos los viera, mi papá corrió conmigo y con la niña y luego lo sacaron a golpes, lo estuvieron golpeando en la cocina, le decían que sacara las armas, que no se hiciera pendejo”.

Los agentes que allanaron el domicilio de Severiano vestían uniformes color negro y armas largas, nunca se identificaron y tampoco mostraron una orden de cateo, comentó. “Llegaron diciendo lo mismo de siempre, que habían recibido una llamada anónima reportando que en este domicilio se ocultaban armas de fuego”.

Dijo: “Cuando estábamos dormidos mi papá vestía short y andaba en sandalias, los policías estatales lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro, luego lo esposaron y lo metieron a mi cuarto”.

Kassandra fue golpeada en todo el cuerpo con los puños y armas, también le pisaban los pies con las botas tipo militar que utilizan los policías estatales e intentaron obligarla a ponerse uno uniforme tipo militar como lo hicieron con las personas ejecutadas, declaró.

“Me sacaron toda tapada, me aventaron a dos cuadras de distancia y me dijeron que no volteara, que si denunciaba los hechos ya me tenían ubicada, porque me habían tomado fotos y tomados mis datos, me dijeron que no anduviera de panochona, que mi papá ha había mamado”.

Kassandra corrió a buscar ayuda, en el camino se encontró con Melisa, su prima y las dos fueron a buscar a su tía Azucena, hermana de Severiano y al esposo de esta.

De acuerdo a los testimonios, una mujer policía que participó en la agresión fue descrita “de complexión delgada, tez blanca, cabello claro, aproximadamente de un metro y setenta centímetros”. Kassandra aseguró que la puede identificar “a pesar de que cubría su rostro con pasamontañas”.

La joven externó su temor a represalias por parte de la Policía Estatal, “quedó afectada emocionalmente al saber que su papá fue ejecutado extrajudicialmente. Sin embargo, este domingo se presentó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado a presentar formal querella en contra de los homicidas de su padre: elementos del CAIET y de la Policía Estatal”, comentó Ramos.

“Nosotros pensamos ya lo mataron”

En tanto, Melisa, narró que la mañana del jueves cinco de septiembre había salido de trabajar y llegaba a la colonia Valles de Anáhuac cuando recibió una llamada telefónica de un amigo para informarle que “algo estaba pasando en la casa de sus familiares”.

“A las 7:44 de la mañana yo me encontraba llegando en el segundo Oxxo de la colonia, y recibí una llamada de un amigo cercano que me dijo que estaba pasando algo en la casa de mis familiares, que, si estaba enterada, le comento que no, al momento de colgar con el salí rumbo a mi casa, caminando rápido para llegar a avisarle a mis familiares, y cuando llego me encuentro a mi prima (Kasandra) toda llena de lodo, toda golpeada y sangrando de un pie”.

Melisa agregó que su prima le comentó que agentes de la policía estatal allanaron su domicilio y la golpearon a ella y a su padre Severiano, que la casa estaba rodeada de militares y corriendo fueron a informar de lo sucedido a su papá y luego todos juntos regresaron hacia la casa de Severiano, para intentar verlo y conocer el motivo de su detención arbitraria.

“En ese momento nos damos cuenta de que ya estaba invadido de soldados en esta cuadra la avenida 7, avenida 6, avenida 5, 4, y hasta la parada de camiones, estaba lleno de soldados, de estatales y camionetas blancas con personas civiles, cuando pedimos información no nos dejaban pasar, nos hablaron con muchas majaderías y nos dijeron que si intentábamos entrar hasta un balazo nos podían dar”.

Sobre la camioneta Tundra color negra que apareció en redes sociales estacionada frente al domicilio de su tío Severiano aseguró que fue montada, pues cuando sus familiares llegaron a este lugar solamente observaron un camión blindado de la Policía Estatal, estacionada dentro del patio o cochera.

Antes, los agentes estatales habrían metido una camioneta pick up para bajar uniformes y chalecos que luego obligaron a vestirse las personas que llevaron detenidas, informó el mismo Comité.

“En la acera de frente estaban estacionados cuando menos tres vehículos blindados de la Policía Estatal, donde se presumen, transportaron a las siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, todos esposados con las manos en la espalda y cubiertos del rostro con sus propias camisas y blusas”.

Se mencionó también que, Pedro Mendoza, cuñado de Severiano, tomó una fotografía con su teléfono celular donde solamente se aprecian vehículos militares y de la policía estatal frente al domicilio donde según la versión de las autoridades ocurrió “una persecución y un enfrentamiento”.

Otro testigo contó que las personas estaban vivas y detenidas a bordo de los vehículos blindados para que nadie los pudiera ver. “Estaban vivos, venían esposados, a unos los metieron por el patio de la casa y a las muchachas por la puerta del frente”.

Los familiares de Severiano intentaron acercarse lo más que pudieron a su domicilio, pero el sector estaba acordonado y custodiado por agentes de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano con más de veinte unidades entre camionetas tipo pick up, unidades blindadas y un par de vehículos particulares, pertenecientes al grupo de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, (CAIET).

Melisa agregó que después de intentar llegar hasta el domicilio de su tío Severiano, se escucharon varios disparos, “de uno por uno, hasta contar cuatro o cinco detonaciones, cuyo sonido era hueco. Nosotros pensamos ya lo mataron”.

Alrededor de las 10:05 horas, María Azucena. madre de Melisa, se comunicó con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) para denunciar la presencia de policías estatales y militares allanando el domicilio de su hermano Severiano, pero no quisieron ayudarla y se negaron a enviar a visitadores para atender su queja, señaló.

Para demostrar lo anterior, mostró la imagen de la llamada realizada con su teléfono celular. “La persona que nos atendió nos dijo que no podían hacer nada, que seguramente se trataba de un cateo y que deberíamos esperar a que terminaran, que a lo mucho nosotros podíamos tomar fotografías con nuestros celulares y luego presentarlas”.

Las otras víctimas

Un vecino del lugar, cuya vivienda colinda con la casa donde fue la matanza aseguró que no hubo ninguna balacera, persecución o enfrentamiento; “Escuché como que tronó algo, como algo hueco, pero balacera, balacera no, al último se escucharon como tres seguidos, pero balacera como esos que se enfrentan no”.

A Luis Fernando Hernández Viesca, de 19 años, lo sacaron de su domicilio ubicado en Jesús Guajardo 649 de la colonia Buenavista alrededor de las cuatro de la mañana, mediante un operativo en el que participaron policías estatales, elementos de CAIET y soldados del Ejército Mexicano.

Mientras que a otros tres hombres y tres mujeres fueron sacados de unos departamentos ubicados en el número 6836 de la calle Héroe de Nacataz en la colonia Valles de Anáhuac, expuso el mismo Comité.

Lo anterior fue confirmado mediante el testimonio de dos mujeres que también viven en dichos departamentos y que, al no tener amistad con las seis personas arrestadas, fueron atadas con cinchos a una de las camas y amenazas con “desaparecerlas o asesinarlas” si denunciaban lo sucedido.

“En dichos departamentos todavía se encuentran atados al pie de una cama los cinturones que utilizaron los agentes estatales para atar a las dos mujeres. En otro de los cuartos están las manchas de sangre de una de las víctimas a quienes torturaron de diferentes maneras.

“A uno de los muchachos le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y luego le pegaban en el estómago con un bate, creo que se les desmayó, luego lo levantaron y se lo llevaron detenido”, expresó una de las mujeres sobrevivientes.

Otra de las víctimas, de acuerdo a lo denunciado por el Comité, fue una estudiante originaria del Estado de México. “Se llamaba Jennifer, de 21 años de edad, tenía pocos días de haber llegado a Nuevo Laredo, con su novio y sin pedirle permiso a sus padres. No tenía antecedentes penales y era estudiante. Sus familiares se presentaron este domingo a identificarla plenamente”.

Juana Yetzel tenía 20 años, vivía con su mamá en Frontera, Coahuila, y trabajaba como sexo servidora, llegó a Nuevo Laredo en mayo pasado buscando una mejor forma de vida y tenía dos hijas. Su mamá identificó el cuerpo y tampoco creyó la versión del “enfrentamiento”, indicó el mismo Comité.

El operador de la grúa fue amenazado de muerte, para no decir nada de lo que vio

Ramos explicó que de acuerdo a lo investigado, la camioneta Tundra en la que supuestamente viajaban las ocho personas fallecidas fue asegurada en un domicilio diferente ubicado en la cuadra 68 de la calle Madero, a unos cinco kilómetros de distancia y arrastrada hasta la vivienda de Severino en Valles de Anáhuac, con ayuda de una grúa de Tránsito Municipal.

“El operador de la grúa fue amenazado de muerte por agentes de la Policía Estatal para no decir nada de lo que vio, sin embargo, su testimonio está redactado en un Parte de Flujo Interno en poder del Comité de Derechos Humanos y que se hizo del conocimiento del presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, a través del director de la dependencia, Mauricio Martínez Monroy.

“La existencia de cuando menos tres videos que de manera anónima hicieron llegar a personal al Comité de Derechos Humanos prueban que esa mañana del 5 de septiembre, la camioneta Tundra, cuatro puertas, color negro y sin placas de circulación fue arrastrada exactamente a las 07:39 horas  y en una segunda cámara, a dos calles de distancia, a las 07:44 de la mañana”.

También se informó que, en ese momento iba custodiada por cuando menos doce vehículos: cuatro camionetas y cuatro camiones blindados de la Policía Estatal, una grúa de Tránsito Municipal y tres vehículos militares con los números económicos 0916312, 0916324 y 0916593, estos últimos pasan por la calle Madero en la cuadra 65.

El recorrido que hizo la grúa de tránsito municipal arrastrando la camioneta Tundra fue muy amplio: pasa por las colonias Buenavista, Bellavista, Nueva Era, Los Arcos, Reservas Territoriales y finalmente Valles de Anáhuac.

El operador de la grúa de Tránsito Municipal declaró ante personal del Comité de Derechos Humanos que es el mismo vehículo que las autoridades del gobierno de Tamaulipas utilizaron para su versión del “enfrentamiento y persecución”, por lo que teme por su seguridad, personal y laboral.

Ante estos hechos, el operador solicitara la intervención de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar medidas de cautelares a su persona y familiares.

“A pesar de la manipulación de cuerpos, armas y vehículos, al menos tres de las víctimas de ejecución extrajudicial resultaron negativas en la prueba de rodizonato, mientras que cuatro de las armas que fueron localizadas junto a los cadáveres nunca fueron disparadas”.

Participación, complicidad y silencio de Militares

El presidente del Comité, Raymundo Ramor, comentó que: “El acompañamiento de personal militar y unidades del Ejército Mexicano junto a policías estatales fue una presión ejercida por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador después del atentado que sufrieron elementos de la Policía Estatal mientras se encontraban acuartelados en un hotel del sur de Nuevo Laredo y que obligó a las autoridades federales y estatales a reunirse de emergencia en Saltillo, Coahuila el pasado 29 de agosto.

“Aunque no tienen una participación directa en los allanamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales registradas en las últimas dos semanas en Nuevo Laredo, el personal militar que participó en la masacre de cinco hombres y tres mujeres en Valles de Anáhuac serían tan responsables por su complicidad y silencio, arrastrando una gran cantidad de acusaciones por violaciones graves a los derechos humanos”.

Familiares de las víctimas aseguran que “fue el personal militar quien acordonó al menos tres calles alrededor del crucero de las calles 10 y 7 mientras que policías estatales bajaban a los detenidos, les obligaban a ponerse los uniformes tipo militar y después los ejecutaron simulando un enfrentamiento.

“También fue personal del Ejército Mexicano quien habría impedido, mediante insultos y amenazas, que familiares de Severiano pudieran acercarse a su domicilio antes de ser muerto de manera arbitraria”.

Después de los hechos violentos y letales, familiares de las víctimas ya presentaron querella formal por las ejecuciones extrajudiciales y están solicitando a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso ante la desconfianza que existe en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas “por fabricar culpables y mentir a la población”, se explicó.

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