De acuerdo con la revista Contralínea, en un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, dos niños de nueve y once años fueron violados sexualmente en 2020.
Al respecto, la presidenta de la asociación civil y ex diputada panista, Rosi Orozco, aseguró que “las violaciones de menores pasan en todos lados”.
Rosi Orozco, presidenta de la asociación, acumula una serie de acusaciones y señalamientos por supuestamente lucrar con menores víctimas de explotación sexual.
Como resultado del crimen, los supuestos agresores, dos menores de 15 y 16 años, fueron detenidos. E ingresados al Centro de Internamiento para Adolescente Quinta del Bosque. Los victimarios vivían en el refugio y estaban bajo la protección y cuidado de Orozco y su equipo de trabajo.
“Vecinos del departamento ubicado en Chimalistac, donde entonces se encontraba el refugio, pusieron una queja en la administración del edificio. Indicando que por las noches se escuchaban chillidos y gritos de niños” publicó Contralínea.
Por lo que la Comisión Unidos Vs Trata decidió trasladar el refugio de niños a la colonia Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa. Lugar en el que ocurrió la agresión a los dos infantes.
Según el testimonio del menor de nueve años, esas agresiones “ya pasaban desde que estábamos en Chimalistac. Y Marlene [una cuidadora] se había dado cuenta, pero sólo nos dijo que no anduviéramos haciendo eso”.
“A pesar de todas esas evidencias, ni la presidenta del refugio Comisión Unidos Vs Trata ni nadie de su equipo aparecen en el expediente. Con alguna responsabilidad por el daño ocasionado a las víctimas. Ni tampoco como responsables por los otros dos menores agresores que también vivían en el refugio. Y que debieron estar bajo algún protocolo de atención y vigilancia”, indicó la revista.
No hay supervisión a refugios contra la trata
La asociación propiedad de la panista Rosi Orozco recibe anualmente millones de pesos en donativos para, supuestamente, proteger, atender, mantener y cuidar a niños y niñas víctimas de violación y trata.
“Sin embargo, no hay autoridad alguna, ni federal ni local, que supervise la funcionalidad de esos refugios. Tampoco los auditan y menos supervisan que las personas encargadas de atenderlos estén capacitadas para desarrollar esa función”, puntualizó Contralínea.
