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miércoles, octubre 20, 2021

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Estudiante fue rodeado por ocho policías, le apuntan con armas de fuego y luego lo desaparecen; procuraduría de Veracruz envió el caso a reserva pese a que existen testigos

(09 de septiembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Christian fue detenido-desaparecido en el 2010 en Poza Rica, Veracruz, por la Policía Intermunicipal. A pesar de que existen testigos de los hechos, las autoridades no han dado ningún resultado y su paradero aún sigue siendo desconocido.

El 26 de octubre del 2010, Christian Téllez Padilla, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, fue detenido por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán en el estado de Veracruz. En dos patrullas, una blanca tipo sedán y una negra tipo pick up, sorprendieron a Christian que viajaba en su automóvil Ford Thunderbird.

Sin mediar palabras, ocho elementos, rodearon su auto, le apuntaron con armas de fuego, lo bajaron de su auto a golpes, lo subieron a la pick up llevándoselo y desde entonces Christian Téllez Padilla, está desaparecido.

La familia de Christian acudió de inmediato con el director de la policía intermunicipal, Juan Carlos Novoa Torres, quien les aseguró que Christian, no había sido detenido por ellos. En la Agencia Veracruzana de Investigación, les dieron la misma respuesta, pero de manera contradictoria al día siguiente, los diarios locales publicaron que la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, había sido atacada por sicarios que se hacían pasar por estudiantes, pero lograron detenerlos.

La averiguación previa se inició en Jalapa y un mes después pasó a la Procuraduría General de la República, pero “no ha sido investigada la desaparición de mi hijo Christian, no hay un registro sobre la búsqueda detallada de evidencia que deberían haber realizado para encontrarlo”, señaló María Eugenia Padilla García, madre de Christian.

La Procuraduría General de la República y la estatal han perdió teléfonos y nombres de posibles implicados, que la familia de Christian les ha proporcionado. La procuraduría General de Justicia de Veracruz prefirió enviar el caso a reserva de donde María Eugenia Padilla logró sacarlo.

Fue la familia de Christian que en una propia investigación, encontró el automóvil en el que viajaba el estudiante al momento de ser detenido Ella y su familia han sido amenazados directamente por elementos ministeriales de ésta institución de justicia quienes les dicen “mejor váyanse porque los van a levantar”.

Además, la rectoría de la Universidad del Golfo de México evitó dar información sobre un presunto estudiante que decía ser integrante de un grupo del narcotráfico y amenazó con levantar a Christian Téllez Padilla. Las irregularidades no pararon, afirma María Eugenia:

“Al día siguiente de la detención de mi hijo, por policías intermunicipales, encontramos su auto en un terreno baldío y llamamos al ministerio público; ellos enviaron a un especialista forense que nunca usó guantes para resguardar la evidencia y así, sin protección, entró y registró el auto, con las palmas de las manos tocó el tablero y el volante, sacó los papeles oficiales de la guantera y los aventó sobre el asiento del copiloto sin interés alguno de guardarlos, con lo cual no tenemos datos de que hayan rastreado huellas digitales de quien manejó el auto de Christian durante su traslado”, señaló durante su testimonio a IDHEAS, la madre.

Además de los recursos judiciales, los autores también presentaron denuncias en contra de la Policía Intermunicipal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz (el 21 de octubre de 2010), y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el 19 de abril de 2011). Ninguna de las acciones realizadas logró establecer el paradero de Téllez Padilla.

De acuerdo con la resolución de la ONU, en revisada por este medio, se informó que la desaparición de Christian Téllez Padilla se produjo en un contexto de graves violaciones a derechos humanos con evidente vínculo entre autoridades estatales y crimen organizado, citando informes de diversas instancias internacionales y regionales.

Según los testimonios, «este vínculo entre policía y crimen organizado incrementó el número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país, así como las denuncias por la impunidad estructural en la cual los hechos permanecen; situación que se ve reflejada en Veracruz e influenciada por la presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

El 24 de octubre de 2014, los familiares de Téllez Padilla presentaron una nueva denuncia ante la Unidad para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (creada el 21 de junio de 2013) de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior dio lugar a un acta circunstanciada, en el marco del cual se solicitaron copias de todos los expedientes existentes. A su recepción, el 16 de abril de 2015, se elevó el acta a averiguación previa. A pesar de haberse presentado un análisis de la sábana de llamadas del teléfono de Téllez Padilla y de haber determinado –en septiembre de 2015– que su teléfono había emitido una llamada unos minutos después de la detención y que el 6 de diciembre de 2010 se emitió una llamada para revisar el saldo, fue imposible obtener mayor información dado el tiempo transcurrido.

Ante éste cúmulo de irregularidades, la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, presentó este caso ante la el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en noviembre del 2015.

“Para mí y para mi familia, ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia. La desaparición de Christian ha destruido a mi familia, la ha separado, por eso a veces estoy bien y otros días me caigo, lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo, escuchar su voz, por eso me pregunto, ¿cómo es posible que a la autoridades no les importemos? Con su indiferencia, la autoridad gubernamental ensucia la pérdida de nuestro familiar”, señaló la madre de acuerdo a información revisada del caso por parte de Revolución TRESPUNTOCERO.

Desde la desaparición de Chirstian Téllez Padilla se constató, por testigos, que el agente intermunicipal, Pablo García García, participó en la detención y se le señaló como presunto responsable de la desaparición del estudiante, pese a ello no hubo un interrogatorio ministerial hacia él.

En septiembre de 2017, una juez de amparo ordenó a la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) realizar una investigación efectiva, apegada a estándares internacionales y protocolos de búsqueda, para dar con el paradero de Christian. Al otorgar el amparo, la juzgadora estableció “la obligación de la autoridad ministerial  de implementar las diligencias previstas por el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, publicado por la propia dependencia federal.

La resolución de la juez señala que pese a que dicho protocolo surgió en junio de 2015 “pudieron realizarse aquellos procedimientos de las fases posteriores a éste para tratar de esclarecer el hecho denunciado y cristalizar así el deber de la institución ministerial de investigar de manera seria, imparcial y efectiva los hechos puestos en su conocimiento”.

El pasado 5 de agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen contra el Estado mexicano, en relación a la comunicación que en noviembre de 2015 presentó IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., en representación de los familiares de Christian Téllez Padilla.

El organismo de la ONU consideró que “el Estado mexicano no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla. Por consiguiente, los hechos del presente constituyen una desaparición forzada”.

Además, recalcó que a nueve años de la desaparición de Christian, las investigaciones realizadas se han “dilatado excesivamente”, sin que el Estado mexicano haya justificado el retraso. Por lo tanto, ordena dar con su paradero, investigar, sancionar y reparar de forma integral a las víctimas, ordenando además que se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos como estos no se repitan.

Para la Señora María Eugenia Padilla, madre de Christian, “ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia. La desaparición de Christian ha destruido a mi familia, la ha separado, por eso a veces estoy bien y otros días me caigo, lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo”.

Al respecto de la decisión, el Director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez manifestó lo siguiente: “Nosotros observamos, hace unos años, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas era una ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada.

En ese sentido, decidimos presentar tres casos, entre ellos el de Christian. La decisión del Comité es histórica, pues por primera vez un Comité de tratado de Naciones Unidas declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por desaparición forzada. La decisión tiene, además, una importancia especial para todas las víctimas de la desaparición forzada en el mundo por la forma en que el Comité tomó esta determinación.

El Comité señaló: “las investigaciones realizadas no parecen haber sido rápidas ni exhaustivas, no se han adelantado con la debida diligencia, no han sido independientes e imparciales, y han sido inefectivas para esclarecer las circunstancias de la desaparición, la suerte y el paradero de Téllez Padilla, y para identificar a los responsables.”

Con base en este análisis, y en virtud del contexto de desapariciones imperante en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, el Comité – teniendo en cuenta además, el contexto- consideró que el caso constituye una desaparición forzada.

Es importante mencionar al respecto que de acuerdo con datos de la Fiscalía de Veracruz, de 2006 a 2016 se han registrado un total de 3 mil 600 denuncias por desaparición de personas, sin embargo, es posible que la cifra sea mucho mayor, ya que muchas personas no se atreven a denunciar.

“Desde 2017, en la entidad se siguen procesos penales contra mandos policiales y exfuncionarios del sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, involucrados en desapariciones forzadas”, puntualizó Idheas.

La decisión conlleva el deber del Estado de reparar integralmente a las víctimas, el Comité señaló, asimismo, que México “tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.”

En este sentido, Idheas exhortó al Gobierno Federal a cumplir de manera integral la decisión de la ONU y honrar las palabras del jefe del ejecutivo de dar prioridad a los temas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada de personas.

“Asimismo, hacemos un llamado a la Cancillería para que se pronuncie sobre esta decisión vinculatoria para el Estado mexicano. De igual manera, llamamos al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación para que, a la brevedad, se conforme una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de dar cabal cumplimiento al dictamen del Comité”, se pidió.

Al respecto, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo: En un hecho histórico, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló al Estado mexicano como responsable de la desaparición forzada de Christian Téllez ocurrida en Veracruz en octubre de 2010.

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