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miércoles, septiembre 22, 2021
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Julio Hernández-López o el “autoritarismo” periodístico

Los periodistas se han dedicado a criticar a los demás. Una función vital para la democracia que requiere también crítica.

Una de las primeras decisiones que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez alcanzado el poder ejecutivo en 2018, gracias al voto legal y legítimo de millones de mexicanos, fue la celebración de conferencias matutinas diarias (salvo los fines de semana) con el objetivo de informar sobre distintos temas de interés público, así como de incluir una ronda de preguntas por parte de reporteros de diversos medios nacionales e internacionales a las que dan respuesta él mismo y otros funcionarios de su gabinete.

Este ejercicio (el cual ya había llevado a cabo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal) ha generado reacciones por parte de diferentes actores de la vida pública. Por un lado, sus niveles de audiencia son bastante elevados, lo que manifiesta la necesidad de los ciudadanos de información distinta a la suministrada por los medios privados; por otra parte, ha provocado críticas agrias de la oposición al gobierno de la 4T, pero, asombrosamente, también de personajes públicos que siempre se habían declarado paladines de la democracia y, por ende, de la transparencia y del derecho a la información.

La vida democrática depende de la existencia de un espacio público informado, sin el cual no son posibles ni la democracia ni el Estado de Derecho. Por lo tanto, entre más vías, más canales, más medios, por los que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información, mucho mejor para cualquier país, para cualquier pueblo.

Por ello, asombra que periodistas, locutores, analistas, es decir, profesionales de la información, a los que se supondría más interesados que nadie en la ampliación de los canales de comunicación de asuntos públicos, muestren aversión a la apertura de otro medio – como son las conferencias presidenciales matutinas – que haga posible, más allá de filias y fobias políticas, el ensanchamiento y la profundización de la democracia y del derecho a la información.

No se trató de ninguna decisión por parte del Ejecutivo para expropiar medios privados, retirar concesiones o coartar la libertad de nadie, como tantos obradoristas le pedían al presidente, incluso desde que era candidato, debido al comportamiento sesgado, monopólico y excluyente de dichos medios que imposibilitaban la difusión de otras voces, ideologías o posturas distintas.

No, no fue este el camino tomado.

A pesar de que pudo haberlo hecho, en virtud de la legitimidad obtenida en las urnas, el gobierno de la 4T no se decantó por esa vía para dotar de mayor pluralidad informativa a los ciudadanos. Lo único que hizo fue ampliar un poco el espectro comunicativo mediante estas conferencias diarias.

Hace poco, la animosidad contra este ejercicio democrático creció aún más cuando se anunció la inclusión de una sección semanal dedicada a desmentir las tergiversaciones, las desinformaciones, las noticias falsas, en fin, las francas mentiras, que todos los días inundan la radio, la televisión, la prensa escrita, los portales de Internet, las redes sociales.

¿Y qué sucedió?

No se dejó esperar el alud de críticas y ataques. Varios se dirigieron a la responsable de la sección, aduciendo su falta de trayectoria o su estilo, pero los más estridentes provinieron de los profesionales de la información quienes, en lugar de dar la bienvenida a un elemento o una herramienta más para fines de la ampliación del derecho a la información, el sano debate público tan necesario en la democracia, la mejora de la labor periodística, alzaron su voz para proferir denuestos. Y se entiende de quienes han estado arropados por los regímenes pripanistas, por los medios favorables, expresa o tácitamente, a los gobiernos anteriores. Pero que periodistas que se consideran a sí mismos más independientes o críticos también se hayan sumado a los vilipendios, sí llama la atención.

La periodista Carmen Aristegui afirmó: “es un absoluto despropósito que la Presidencia se erija como poseedora de la verdad”.

¿Hablas en serio, Carmen?

Un decreto expropiatorio o un cierre de los medios privados; una persecución judicial o administrativa contra periodistas o empresas de comunicación; la cancelación arbitraria de concesiones; la amenaza contra la integridad física de los profesionales de la información o los empleados o dueños de espacios informativos; todo esto sí que serían muestras inequívocas de que la Presidencia pretende erigirse como poseedora de la verdad. Pero incluir una sección semanal, con duración aproximada de veinte minutos o menos para desmentir, pública y transparentemente, noticias falsas y a quienes las difunden – dentro de un ámbito que, por más que lo encabece el presidente de la República, apenas si constituye un pequeño intento de nivelación ante la abrumadora avalancha diaria de tergiversaciones y noticias falsas provenientes de los medios privados- bajo ningún criterio puede considerarse un acto autoritario, de censura informativa o pretensión alguna de “posesión de la verdad”.

La famosa frase de Thomas Jefferson: “Prefiero periódicos sin gobierno, que gobierno sin periódicos”, carece de todo rigor a estas alturas de la historia (y, en realidad, desde hace mucho tiempo), si se lleva a cabo un análisis preciso de quiénes poseen el verdadero poder. Porque detrás de los medios privados no sólo está la influencia política sino, sobre todo, la influencia económica, financiera y empresarial.  Como señala Ramón Reig (2011) “Todos los sectores productivos de relevancia quieren invertir en las empresas de comunicación que, ya no son eso, sino elementos del sistema de mercado”. Y esa inversión tiene lugar abiertamente o de manera oculta.

De tal suerte, el verdadero despropósito ha consistido en permitir que los medios privados se hayan erigido en poseedores de la verdad, sin reparo ni alternativa alguna.

“Es cierto que el sistema proclama declaraciones democráticas, pero la realidad nos enfrenta con organizaciones oligárquicas que mantienen su poder gracias al dominio de los medios informativos, con la consiguiente manipulación de la opinión pública, además de justificaciones con ideología elaboradas por los intelectuales del régimen” (Sampedro, José Luis 2009).

Los políticos han desempeñado muy bien su papel de pararrayos del poder económico. Y los medios privados de comunicación han sido la palanca para ello. Y cuando esto cambia por la llegada al poder político de alguien que pretende cambiar esta situación, a fin de beneficiar a la mayoría y no sólo a unos cuantos, los medios funcionan entonces como arma para impedirlo.

“En el viejo oeste de EEUU en el siglo XIX, el dueño de un periódico era un sujeto que a la vez lo redactaba y tenía, como mucho, un asistente para maquetarlo…El dueño vivía de su periódico…pero este empresario del Lejano Oeste made in USA ya estaba ligado al banquero del pueblo porque si necesitaba dinero para fundar o impulsar su periódico y no lo tenía, debía acudir al prestamista de turno, lo cual exigía no criticarlo en su medio, y si lo hacía, atenerse a las consecuencias”. (Reig, 2011)

Esta situación en lugar de haberse atenuado, ha aumentado exponencialmente con el transcurso del tiempo. La banca y otros inversionistas de diversos sectores del mercado son los prestamistas y accionistas de medios, incluyendo portales de Internet o canales de Youtube. Buscan negocio, pero también ejercer influencia.

Julio Hernández López, quien trabaja en el periódico La Jornada y en otros medios audiovisuales, fue mencionado la semana pasada en esta nueva sección de la conferencia presidencial matutina. No tardó, por supuesto, en desfilar por los diversos medios quejándose por tal inclusión, además de espetar una serie de calificativos tanto en contra de la encargada del segmento como en contra del “Tribunal de la Santa Inquisición” como así llama al espacio, espacio al cual el periodista confirma que acudirá a presentar su respuesta al desmentido que ahí tuvo lugar a diversas notas que él difundió. ¡Qué Tribunal de la Santa Inquisición tan curioso que permite el derecho de réplica!

En una de las numerosas visitas a los medios, Julio Hernández López utilizó la doctrina jurídica para señalar que “los ocupantes de cargos públicos están más obligados en un más amplio umbral de tolerancia a la crítica porque ellos de manera consciente decidieron exponerse al escrutinio público”.

Más allá de la insinuación tan poco veraz de que AMLO no es tolerante a la crítica (aquí cabría insertar varios emoticones expresivos de sorpresa mayúscula e, incluso, de carcajada), también es posible hacer uso de la doctrina jurídica para realizar algunas precisiones.

La Suprema Corte de Justicia ha atravesado varias etapas en cuanto a sus posturas sobre el derecho a la información. En una de las más recientes afirma que se trata de una garantía social. Y la doctrina reconoce que las garantías sociales tienen como propósito fundamental tutelar a las clases económicamente débiles.

En el artículo 6to. de la Constitución se consagra al Estado como el garante del derecho a la información.

Al investigar los elementos que condujeron a la creación de ese artículo se aprecia que “esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por lo tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más centrada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad” (Semanario Judicial de la Federación, 1996).

Cuando el gobierno decide impartir conferencias matutinas diarias que dotan a los ciudadanos de elementos informativos para permitirles contrastar los datos y las opiniones provenientes de los medios privados y formarse un criterio más cabal y completo, está cumpliendo, por una vía más, con la obligación que le ordena la Constitución de garantizar el derecho a la información.

No se trata de ningún acto autoritario que vulnere esta garantía dado que el derecho de contrarréplica se encuentra plenamente protegido, como lo confirma y demuestra el mismo Julio Hernández López al anunciar que ya se le ha otorgado y que lo ejercerá próximamente.

La doctrina jurídica, así mismo, también se ha manifestado en el sentido de que los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades políticas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que individuos sin proyección pública. Por ello, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública (Bastida Fregado, Francisco).

No sólo quienes ocupan un cargo público deben ser más tolerante a la crítica, sino todos aquellos que se dedican a actividades políticas y tienen proyección y relevancia públicas, incluyendo a los periodistas políticos.  Y el periodismo que ejerce Julio Hernández López es un periodismo político, no deportivo o de espectáculos. De manera consciente decidió vivir de esa profesión y exponerse al escrutinio público.

Como señala Kelly Robledo-Dioses (2017): “El rol social que la profesión desempeña convierte a los periodistas, especialmente políticos, en actores activos y responsables de los diversos eventos y cambios de la esfera pública que permiten el mantenimiento y progreso de las democracias”.

Los periodistas se han dedicado a criticar a los demás. Es su función. Una función vital para la democracia, pero que requiere también crítica. Nunca han llevado a cabo el ejercicio de mirarse a sí mismos, de criticarse, de explorar, exponer y corregir sus errores. El grado de cerrazón y corporativismo del gremio es enorme y se jactan de ello con la frase: “perro no come perro”.

Los periodistas son personas con capacidad de hacer política y ejercen esa capacidad: hacen política todos los días desde medios con gran difusión y con la costumbre de no recibir críticas. En una democracia esto no puede suceder sin afectar la salud de la misma. No es sostenible que alguien que tiene capacidad para decir cosas públicamente con gran difusión no pueda ser criticado o desmentido. El periodismo debe rendir cuentas y pedirlas a sus colegas, porque la primera lealtad del periodista debe profesarla a la ciudadanía que los lee y escucha, así como la lealtad de los gobernantes debe ser también, antes que nada, con esta ciudadanía a la que tiene que garantizar el derecho a la información. Eso es lo que está haciendo AMLO por primera vez, y como nunca antes, en la historia de nuestro país.

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