La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), colaborarán con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para identificar e inhibir los flujos financieros ilícitos que toman forma durante los secuestros.
El titular de la SSPC, Alfonso Durazo, aseguró que dicha colaboración posibilitará un combate directo y eficaz en contra de la economía de los grupos de delincuencia organizada que utilizan el secuestro como su fuente de financiamiento.
“Sabemos que las organizaciones dependen de su sustentabilidad económica. En la medida que se desmantelen, se les debilitará”.
Reiteró que el Gobierno de México se ha comprometido a emplear todas sus capacidades para desarticular las estructuras económicas de dichos grupos criminales.
“Nosotros vemos precisamente a estas organizaciones como entes económicos, por lo que estamos combatiéndolas donde más les duele: en sus finanzas, lo que les da capacidad para operar y para corromper”.
Por su parte, Víctor Hugo Enríquez García, el titular de la CONASE, consideró que seguir la ruta del dinero es una herramienta eficaz para el combate de los delitos relacionados con la privación de la libertad.
“Hemos podido identificar cuentas bancarias y extracciones de dinero de las víctimas gracias al trabajo conjunto con la UIF y la firma de este convenio nos permitirá potenciar los resultados en esta materia”.
Aseguró que, a través del trabajo coordinado, se ha logrado establecer un mecanismo efectivo para la obtención de información relacionada con los flujos financieros ilícitos que permiten a las organizaciones criminales seguir con sus actividades, porque, aun y cuando los integrantes sean procesados o sentenciados, pueden seguir delinquiendo ya que no pierden su poder económico.
Mientras que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que se espera que todos los bienes recuperados de los secuestradores sean devueltos a las víctimas; que la información proporcionada por la UIF sea utilizada para el cumplimiento de órdenes de aprehensión; establecer el vínculo entre los miembros de la organización criminal, y vulnerar las ganancias de las organizaciones criminales dedicadas al secuestro.
“Es obligación de todas las instancias del estado coordinarse para combatir el crimen, con independencia de si son del Ejecutivo, del Judicial u órganos constitucionales autónomos” – agregó.
