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jueves, julio 29, 2021
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Por fin, ¿contra el Estado o con el Estado?: el “dilema” de la izquierda no electoral

Sería deseable que el apoyo que la izquierda nacional no electoral brinda a los Estados latinoamericanos también lo extendieran al presidente AMLO y al gobierno de la 4T.

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Los grandes intereses económicos no descansan nunca.

No han podido ni podrán soportar la existencia de personas, colectivos, movimientos sociales, gobiernos, naciones, que se atrevan a salir ni siquiera un milímetro o un segundo de la esfera de su poder, esfera que, para ellos, está constituida por el universo entero.

Su atención siempre está presta y vigilante para meter al redil a quienes se atrevan a desafiar su voluntad de obtener y hacer crecer perpetuamente su tasa de ganancia, a fin de alimentar esa codicia que no se colma nunca.

Hoy le corresponde a Cuba ser colocada en el primer plano del escenario. Esto no significa que alguna vez la hayan dejado en paz y a salvo o que se hayan olvidado de esta pequeña isla del Caribe. Siempre está en su radar desde que, en los años cincuenta del siglo pasado, triunfó ahí la primera revolución socialista del continente americano; sin embargo, hay momentos en que esta hipervigilancia adquiere mayor notoriedad por el especial embate mediático desplegado, siendo ahora el manejo de la pandemia el pretexto oportuno (si está fundado o no, no reviste la menor importancia cuando ya decidieron que servirá como el justificante que van a utilizar para fines del ataque).

Tanto en las redes sociales como en los programas de televisión, radio o noticias y artículos de la prensa escrita, las tácticas empleadas por parte de la derecha nacional e internacional son las mismas que ya se están haciendo costumbre: creación de bots encargados de intimidar, fabricar compasión y difundir noticias falsas y  fotografías trucadas  o pertenecientes a otras situaciones que nada tienen que ver con los hechos que pretenden sustentar; el llamado de cantantes y otras celebridades del espectáculo que descalifican al Estado cubano; editoriales y columnas de conspicuos expertos y analistas del statu quo enarbolando sus sesudas opiniones  en favor de la “libertad”, la “democracia” y cualquier otro concepto igual de noble y caro para las personas, utilizados a modo con el propósito de alcanzar los fines perversos de los patrocinadores ocultos.  En suma, lo de siempre. Nada nuevo. Nada de lo que no hayamos sido testigos en contra de Bolivia, Venezuela, Cuba y también México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia e, incluso, desde antes, cuando fue candidato en 2006 y 2012.

Pero las similitudes no alcanzan a ocultar una diferencia marcada entre México y los casos latinoamericanos que mencionamos y que, por lo menos a mí, me llama mucho la atención. Tal diferencia que percibo radica en el doble tratamiento que simpatizantes de la izquierda nacional no electoral aplican, por un lado, al presidente mexicano, y a los presidentes de los países también asediados, por el otro.

A esta izquierda nacional no electoral no parecen molestarle palabras como Estado, gobierno, presidente, elecciones, cuando defiende, con el fervor que merecen, a los países atacados por los grandes medios privados occidentales. En ningún momento escatiman su apoyo, por el contrario, se muestran claramente conscientes de los propósitos, las intenciones y los fines de los intereses capitalistas y las estrategias que despliegan para doblegar y someter a los gobiernos que están intentando otros caminos dentro de sus posibilidades en un mundo globalizado donde poderes económicos y políticos han impuesto márgenes de maniobra muy limitados. Aquí otorgan su apoyo irrestricto e incondicional y parece no importarles que estos gobiernos – con el propósito de implementar políticas de redistribución material que permitan aliviar, aunque sea un poco, las condiciones de millones de pobladores – se han visto obligados a permitir el aprovechamiento y la explotación de recursos como el petróleo y otras materias primas, además de la inversión de grandes empresas (incluyendo las extractivistas) en proyectos que no necesariamente pueden considerarse despegados del régimen capitalista pero que -dados la necesidad de medios financieros por parte del sector público y el impedimento de realizar virajes pronunciados en virtud del intrincado andamiaje jurídico heredado de regímenes de derecha anteriores- no pueden rechazarse ni cancelarse con la rapidez y la facilidad deseadas.

¿Por qué, entonces, no se comportan de la misma manera y con semejante bonhomía, cuando se trata de su país, del gobierno de la 4T, del presidente Andrés Manuel López Obrador?

¿Por qué en el caso de México, en el caso de un gobierno que lleva muy poco en el poder y que lo alcanzó después de años de lucha y contra todos los obstáculos, proceden sin la menor piedad, sin otorgar el beneficio de la duda ni los plazos razonables para la obtención de resultados?

¿Por qué la denostación y la equiparación insostenible de este gobierno con los gobiernos pripanistas?

¿Por qué aquí sí demonizar al Estado sin distinción alguna como tendría que hacerse si se llevara a cabo un análisis fino, riguroso y de buena fe?

Leí hace unos días un tuit de @RaulRomero_mx que afirma: “Otra vez andan hablando de ‘Estado fallido’ y ‘ausencia de Estado’. No hemos aprendido nada de nuestro pasado reciente. Hay que revisar a detalle cómo se insertó el crimen organizado en el Estado mexicano, y cómo hace labor de contrainsurgencia y de despojo”.

Es imposible aprender algo cuando, durante años, la enorme mayoría de los grandes medios de comunicación, escritores, analistas políticos, periodistas cuyas opiniones eran difundidas ampliamente, no explicaron este proceso.

Quienes decidimos buscar fuentes más precisas y coherentes que no repitieran las “verdades” oficiales o copiadas de expertos extranjeros, este uso perverso del crimen organizado fue muy claro, sobre todo, a partir de la guerra espuria del espurio Calderón. Y lo que más quedaba claro, porque concordaba con los datos, las pruebas que aportaba la realidad (y que sigue aportando como la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, el principal elemento del gabinete de Calderón responsable de combatir la inseguridad en el territorio mexicano) y las reflexiones consecuentes, era que el Estado federal desempeñaba el papel principal en esta tarea, siendo sus coprotagonistas los gobiernos locales de las entidades federativas y de los municipios.

Posteriormente, con el crimen perpetrado contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, donde la participación de policías municipales, estatales, federales y del ejército fue documentada por diversas fuentes, la consigna “Fue el Estado”, sin distingo alguno de esferas de competencia, resultó más que contundente, reveladora y exacta.

Sin embargo, esta línea continua se rompe con la llegada de la 4T a la presidencia de nuestro país. Y no lo afirmo por fanatismo o aventuradamente sino por hechos que no pueden negarse: las políticas de redistribución material que se han elevado a rango constitucional; el cambio de la retórica y la práctica de guerra; la labor del ejército en tareas de construcción y ya no en ejecuciones extrajudiciales;  la negativa a otorgar más concesiones mineras; el freno a la tendencia ascendente de homicidios violentos; la disminución de otros delitos; la atención a las entidades federativas más pobres del país; el rechazo a rescatar a grandes empresas y otorgarles subsidios para sortear la crisis provocada por la pandemia a fin de que el gobierno cuente con recursos para aumentar el monto y la extensión de los programas sociales destinados a quienes más los necesitan.

Así mismo, y si quedara alguna duda de la falta de continuidad del régimen de la 4T con respecto a los regímenes pripanistas, las estrategias de los grandes medios nacionales e internacionales para socavar el apoyo popular a este gobierno son exactamente iguales a las utilizadas en contra de los gobiernos latinoamericanos que se han separado, en mayor o menor medida, de la lógica neoliberal dirigida en su totalidad a enriquecer a unos cuantos a costa de la mayoría. ¿Cuándo se vio esto en el caso de los gobiernos pripanistas?

El tuit mencionado con anterioridad fue retuiteado y comentado después por Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada y simpatizante de la izquierda no electoral. Y a la letra señala: “Muy importante observación de @RaulRomero_mx. En México, las tareas de contrainsurgencia fueron asumidas en varias regiones y momentos por el crimen organizado, y absorbió a las fuerzas paramilitares. No hay vacío estatal, sino subrogación de funciones”.

Así es, esto lo han estudiado, relatado y documentado con gran minuciosidad autores como Luis Astorga, Carlos Fazio, Arsinoé Orihuela, Oswaldo Zavala, Francisco Cruz Jiménez y otros más que no tienen cabida en las mesas de opinión diarias o semanales de radio y televisión donde los únicos invitados asiduos son Edgardo Buscaglia o Anabel Hernández quienes repiten los argumentos que convienen a los intereses estadounidenses a fin de seguir usando el discurso de la “guerra contra las drogas”, el “apabullante poder de los narcos”, el “Estado fallido”, para intervenir, en cualquier momento, en los asuntos de los países desobedientes que consideran su patio trasero.

Luis Hernández Navarro utiliza la frase “subrogación de funciones”. Es decir, en lugar de que el gobierno forme paramilitares para despojar, desplazar y matar, emplea ahora para ello al crimen organizado.

Con vistas a que el diagnóstico y el análisis resulten lo más acuciosos y coincidentes con la realidad actual, es menester que se precise que hoy el patrón del crimen organizado ya no es más el gobierno federal como, sin lugar a dudas, lo fue antaño en los regímenes pripanistas. Desde el punto de vista más pragmático, estando Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T bajo el microscopio inclemente y continuo de los medios nacionales e internacionales, resultaría imposible ocultar su papel protagónico de ser el caso. Si existieran las pruebas contundentes de ello, inundarían sin respiro alguno las pantallas del país y del mundo. Ese elemento ya no forma parte de la ecuación.

Desafortunadamente no sucede lo mismo en lo que se refiere a los gobiernos estatales y municipales. No ha sido posible, en muchos lugares, interrumpir la lógica de muerte y despojo y claro que es indispensable y perentorio que así suceda para poder transitar por el camino de paz, justicia y bienestar que tanto anhelamos.

Y a esto está apostando el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador con las políticas de redistribución material y las políticas de seguridad que está implementando.

Ya no es ni sostenible ni útil meter a todos en el mismo saco. Y no sólo porque los datos de la realidad lo desmienten sino, porque resulta esencial distinguir con precisión a los actores involucrados y sus responsabilidades a fin de encontrar soluciones pacíficas, justas y eficaces que permitan revertir las trágicas consecuencias que nos dejaron las políticas neoliberales.

Al examinar la línea de tiempo de los tuiteros citados se aprecia su respaldo absoluto (como lo haría cualquier persona decente e informada ante la embestida de los grandes medios contra un país que no se alinea a los intereses económicos de la élite mundial) a Cuba, al Estado cubano, a su gobernante, a su régimen.

La misma andanada mediática es la que está operando en contra de México, de su gobierno.  La revista inglesa, The Economist, como ya está siendo costumbre, acaba de descalificar al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, ahora por el tema de la consulta popular que va a llevarse a cabo a fin de que la ciudadanía decida sobre el juicio a los expresidentes pripanistas.

Y este ataque sistemático no cesa desde que el gobierno de la 4T logró el poder político gracias al voto legal y legítimo de millones de mexicanos en 2018.

Sería deseable que el apoyo que la izquierda nacional no electoral brinda a los Estados latinoamericanos bajo asedio del poder descomunal de quienes se consideran los dueños del mundo, también lo extendiera al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la 4T. Y esto no significa que se pretendan acallar los problemas, las inercias, los sufrimientos y las luchas persistentes, ni tampoco las exigencias legítimas a los funcionarios públicos; sino simplemente de no hacer el caldo gordo a la derecha oligárquica que los izquierdistas mexicanos no electorales tanto combaten en otros países y de otorgar el beneficio de la duda y el tiempo razonable a quienes están intentando cambiar el rumbo maldito al que nos condenaron los regímenes pripanistas lacayos del gran capital.

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