(16 de octubre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 8 de julio de 2018, Nancy Saavedra Rebollo fue detenida ilegalmente y torturada por elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), luego de negarse a pagar una extorsión para no ser acusada de robo.

Nancy se encontraba en la Central de Abastos de Ecatepec, donde realizaría sus compras domésticas en compañía de su hermano. Mientras circulaban por uno de los pasillos, Nancy fue agredida por dos mujeres que la acusaban del robo de una cartera, por lo que arribaron guardias de vigilancia que trasladaron a Nancy a un módulo de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM).

Dentro del módulo, Nancy fue despojada de sus prendas y, ante su negativa de haber robado la cartera, comenzaron a infringirle castigos físicos y toques eléctricos con el fin de que confesara. 

Finalmente, para evitar que continuara la tortura, cedió y pagó la cantidad que le fue requerida de 2,000.00, suma que fue entregada por su familia con quien se comunicó para tal fin. Después de ello y por orden del comandante de la CUSAEM fue liberada, no sin antes ser advertida de que en caso de denunciarlos sufriría represalias.

Ese mismo día, Nancy presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Ecatepec, la cual no brinda atenciones médicas y psicológicas de urgencia, sin embargo emitió un informe médico que certificó lo siguiente: “Estado psicofísico normal. 

“Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, no cicatriz en cara”, no obstante las graves lesiones que presentaba.

Ante la falta de aplicación de la valoración médica y psicológica de personas víctimas de tortura o algún mal trato (Protocolo de Estambul), se practicó una evaluación independiente que fue presentada ante el Ministerio Público, pero no se pronunció sobre su admisión, dejando en la incertidumbre la investigación.

En este sentido, el médico Sergio Rivera Cruz, que cuenta con amplia experiencia en la dictaminación y peritaje de víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, después de una exploración científica a la víctima y con apego a los más altos estándares establecidos, determinó que fue víctima de tortura, y elaboró un peritaje que fue entregado en conjunto con una perito psicóloga que la Fiscalía del Estado se negó a reconocer.

Posteriormente, la Fiscalía amenazó a Nancy con una multa si no se practicaba nuevamente los dictámenes por parte de peritos de dicha corporación, situación revictimizante que reviviría el impacto emocional de la tortura, diligencia que es completamente innecesaria. Por esta razón, IDHEAS en representación de Nancy interpuso el juicio de amparo 106/2019 en contra de las autoridades mexiquenses.

Mediante sentencia del 27 de marzo de 2019, el Juzgado Octavo de Distrito con sede en el Estado de México resolvió en favor de Nancy, señalando que “dentro de un proceso penal las víctimas que refieran haber sido objeto de tortura o malos tratos tienen el derecho de someterse a una evaluación médica psicológica por parte de peritos independientes ajenos a la Fiscalía, ya que, considerar lo contrario transgrede el derecho a la justicia pronta y expedita”.

Consecuentemente, el Juez ordenó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Ecatepec de Morelos, realizar un pronunciamiento respecto a los dictámenes que fueron rendidos por peritos independientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; tomando en consideración que Nancy no concedió su consentimiento para que sea objeto de evaluación por parte de peritos adscritos a la referida Fiscalía, informó la organización IDHEAS.

“Consideramos de suma importancia esta sentencia ya que se reconocen los derechos de las víctimas, establecidos en la Ley General de Tortura, de ofrecer como prueba peritajes independientes que demuestren actos de tortura o malos tratos, restringiendo el monopolio que han mantenido las fiscalías locales que actúan como juez y parte, en muchas ocasiones sin la independencia ni la formación adecuada”, señaló la abogada de IDHEAS, Verónica Berber, que representa el caso de Nancy.

Adicionalmente, se envió una comunicación al Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado de México, desde 2012 hay 43 carpetas de investigación en contra de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar por delitos como lesiones, robo y abuso de autoridad, de las cuales solo 11 averiguaciones han sido consignadas por las autoridades. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene un registro 177 quejas interpuestas en contra de elementos de la CUSAEM, sin que hasta el momento se hayan emitido recomendaciones. 


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Emma Martínez

Periodista e investigadora social. Especialista en Política Internacional, Historia militar y del combate siglos XX y XXI. Líneas de investigación: Conflictos bélicos de Medio y Próximo Oriente, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada por parte de Fuerzas Armadas Mexicanas.